Cimacnoticias Oaxaca,  México.-Dos años después del declive de la industria textil en México –que duró de 1998 a 2013–, las trabajadoras de maquilas y talleres de costura en esta capital padecen despidos injustificados, liquidaciones injustas, y otras violaciones a sus derechos laborales. En 2013, la Cámara Nacional de la Industria Textil reportó que el sector tuvo una caída de 10 mil millones de pesos “en valor generado” desde 1998, presuntamente provocado por el contrabando de productos chinos y vietnamitas. La crisis trajo consigo ajustes financieros para las empresas de la industria, que disminuyeron gastos de importación e hicieron recortes, que afectaron principalmente a su personal (casi en su totalidad femenino). Para el caso del DF, el sector sumaba un total de 3 mil 917 personas, según datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque no está desagregada por sexo, se trata de la cifra disponible más reciente al respecto. De acuerdo con Daniel Ramírez Enriques, presidente de la ahora asociación civil de costureras y costureros del Sindicato 19 de Septiembre (que se formó como un gremio sindical tras el terremoto de 1985), desde hace dos años inició una ola de despidos de personal de costura en las grandes empresas y los pequeños talleres en la Ciudad de México. El activista asegura que ha recibido más de 20 casos en los recientes dos años, la mayoría individuales pero también colectivos. La mayoría de las personas que se acercan a la asociación son mujeres (costureras, cortadoras o planchadoras), a quienes sus patrones disminuyeron su salario –que de por sí es de menos de 2 salarios mínimos diarios–, o (en el caso de los colectivos de trabajadoras) pretendían despedir sin ninguna liquidación. De acuerdo con Ramírez Enriques, la situación de los pequeños talleres, algunos improvisados dentro de los hogares, “es peor”, ya que las trabajadoras tienen contratos temporales o ni siquiera cuentan con documentos que comprueben su relación laboral. La asociación civil –que ahora asesora e informa sobre sus derechos laborales a otras costureras– observó que muchas mujeres también son despedidas poco tiempo antes de que llegue su jubilación, a fin de no pagarles esta prestación. Si bien las integrantes de la asociación –que años atrás se capacitaron con expertas en derechos laborales– buscan convencer a las trabajadoras de que exijan a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que se les brinden todos los derechos que les corresponden e incluso la reinstalación, la mayoría de ellas –de bajos recursos y sin oportunidades laborales– aceptan liquidaciones de hasta 20 mil pesos aunque les correspondan 100 mil. Daniel Ramírez explicó que en el DF hay una “competencia voraz” entre las pocas empresas textiles que sobreviven, y que ya no llegan a las más de 10 mil que hubo en otros años, por lo que los dueños que quiebran en esta capital –la mayoría familias extranjeras–deciden ir a estados donde “tienen más posibilidad de explotar a la gente pobre”. La asociación Sindicato 19 de septiembre no cuenta desde hace varios años con el registro sindical, por lo que no puede litigar ni proteger directamente a las trabajadoras. En su lugar, la asociación turna los casos al Frente Auténtico del Trabajo –que alberga el registro de la agrupación– y a la Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales, que se encargan de litigar ante la JLCyA. Al respecto, Eduardo Díaz Reguera, integrante de la Consultoría, explicó a Cimacnoticias que “es común” que los empresarios de las maquilas realicen “prácticas ilegales” a fin de desproteger a sus trabajadoras. Por ejemplo, algunas tienen varias razones sociales o se registran con datos falsos, y otras pagan a sindicatos “charros” (de protección) para evadir las demandas laborales. La mayoría de las maquilas incurre en esas violaciones a la Ley Federal del Trabajo, y para colmo los juicios tardan mucho tiempo en concluir, o al menos lo suficiente para que las empleadas elijan cualquier liquidación y no quieran irse a huelga. Prueba de esta situación es el caso de la maquila Cartagena, ubicada sobre Calzada de La Viga, en la delegación Iztapalapa –al oriente de la capital– que lleva más de dos años cerrada por falta de recursos, mientras que su personal mantiene un plantón afuera de la empresa y no ha recibido cada una los 200 mil pesos que merecen por los años laborados. Otro caso es el de “María”, una de las 200 mujeres afectadas –con más de 25 años de antigüedad– tras el cierre de una de las empresas de costura de Industrias Cavalier, ubicada en la delegación Coyoacán –al sur del DF–, y que produce ropa de vestir para caballeros. En este caso, los dueños de la empresa –de origen francés– decidieron cerrar por supuestos “problemas familiares”, y ofrecieron a las trabajadoras irse a otra empresa o una liquidación –de diferentes montos– que a ninguna pareció justa. Algunas trabajadoras fueron presionadas sin dejarlas salir de la empresa para que aceptaran la liquidación, y otras presentaron demandas laborales individuales que siguen pendientes ante la JLCyA. Las mujeres no contaron con un sindicato independiente que las ayudara a defender sus derechos.