Oaxaca, México.-La falta de instrumentos y leyes que castiguen la corrupción provocaron que en una década se perdieran 86 mil millones de dólares por desvíos, subejercicios, despilfarros y pagos indebidos, en el gobierno federal, según el reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Senado aprobar la ley anticorrupción para sancionar a los responsables de esos ilícitos. El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que en los últimos siete años la opacidad en el país creció 80%, estimando la ASF que en el último año 56 mil millones de pesos terminaron “en un agujero negro”. Además de que urge combatir la opacidad y la falta de control a nivel estatal y municipal, ya que en los últimos 15 años se les otorgaron 355 mil millones de dólares de recursos federales, pero “se ha esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración. Con un amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista”. Todas estas irregularidades, opacidades, desvíos y posibles fraudes los reporta anualmente la Auditoría pero no hay ni sanciones, ni investigaciones o correcciones, por lo que es fundamental que tanto la ASF como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tengan competencia para estos casos, lo cual requiere de que se apruebe la iniciativa de reforma que ya está en manos del Senado, tras la ratificación de la Cámara de Diputados. Solamente con leyes fuertes se pasará “de los escándalos, a la investigación a fondo y a la sanción a los responsables, ya sea por la vía administrativa o penal”. En su mensaje semanal, La Voz del CCE, Gutiérrez Candiani dijo que la reforma constitucional que aprobaron los diputados y que deberán ratificar los senadores permitirá pasar a la fase crítica de implementación hacia un verdadero sistema nacional anticorrupción. De aprobarse en las dos cámaras del Congreso de la Unión “el reto subsiguiente al expediente constitucional, es expedir la legislación secundaria correspondiente. Sobra decir que ésta debe honrar los principios y necesidades fundamentales de la reforma, sin subterfugios que la hagan nugatoria o superficial”, explicó. La iniciativa propone crear un Comité Coordinador del Sistema, con un comisionado presidente, un representante del Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadano. Con todo ello se espera terminar con abusos que se han documentado como el hecho de que el gasto en materia de seguridad pública en los estados creció casi 100% en una década, pero en ese mismo período se duplicaron los delitos del fuero común. Sería igual de relevante fiscalizar los recursos federales que se destinan para fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, porque en estos programas hay un “déficit de transparencia”. Por ello no puede rechazarse esta reforma a nombre de un federalismo mal entendido. Con esa legislación se obligaría a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y otra sobre posibles conflictos de intereses. Además de que procedería la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícitos. Para los particulares que participen en actos de corrupción habría sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, además de que se les pedirá resarcimiento de los daños y perjuicios.