SinEmbargo Oaxaca, México.-.– La organizaciones civiles que conforman el Colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) señalaron que ante el escenario económico negativo que se vive, tanto a nivel nacional como internacional, el Paquete Económico 2016 se limitó a proponer “fallidas medidas de austeridad”, por lo que urgieron al Congreso a un debate responsable para lograr un eficiente uso y repartición del dinero. En conferencia de prensa, enfatizaron que la discusión no debe centrarse sólo en los recortes presupuestales, sino en cómo cerrar la llave a la corrupción y frenar la discrecionalidad del gasto público. Además pidieron que se descongele la política de salarios mínimos, con miras en considerar la reducción de la desigualdad y de la pobreza, y en crear una estrategia efectiva de crecimiento económico. Las organizaciones no gubernamentales presentaron en conjunto un paquete de medidas que entregarán al Congreso, en las que contemplaron la eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas; el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al mismo tiempo éstos cuenten un un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de influencias y conflictos de interés. Otra de las propuestas que presentarán busca iniciar un debate en cuanto al Ramo 23, que abarca los bonos y pagos extraordinarios a servidores públicos, seguro médico privado, financiamiento de campañas y partidos políticos, propaganda gubernamental y partidas discrecionales de los legisladores. Maite Azuela, de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, cuestionó que la política de austeridad se haya enfocado en las áreas de salud, educación, campo e infraestructura. “Si uno revisa los bonos, son insultantes. Los diputados se asignaron 324 millones de pesos sólo para viajar. Quizá no sea nada, pero al sumar, se puede dejar libre cualquiera de los presupuestos que puedan echar a andar el desarrollo social del país”, enfatizó. Enrique Provencio, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, comentó que la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé una reducción del 20 por ciento en inversión pública, y sólo se le otorgará el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que es la más baja que el rubro ha recibido en los últimos 40 años. Por su parte,  Franciso Landero, de la Fundación del Empresariado Mexicano, explicó que una mayor inversión pública es necesaria para aumentar el crecimiento del país, ya que si no se alcanza un crecimiento de al menos 5 por ciento, no habrá programa social ni cambios de secretarios que puedan reducir la pobreza y la desigualdad. EL PRESUPUESTO A PROGRAMAS SOCIALES El especialista de la Fundación del Empresariado Mexicano agregó en conferencia de prensa que debe cuestionarse el porqué a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se le ha triplicado el presupuesto en los últimos 25 años, dado que no ha dado buenos resultados en la disminuido de la pobreza. Al respecto, el Coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza, Ricardo Gómez Hermosillo, dijo que ante tal escenario se hacía necesaria una política social de Estado que contemple la política social, la formalidad y los salarios, ya que aunque Sedesol haga todo bien, no puede reducir la pobreza. “Se debe vencer la programitis que no genera un piso de derechos sociales y no son efectivos”, comentó. Las más de 60 organizaciones que conforman el colectivo Acción Ciudadana han manifestado que el manejo de los programas sociales profundizan la desigualdad y no cumplen con su objetivo de reducir la pobreza, incluso aquellos denominados como productivos. Ha expuesto que los programas están mal aplicados y favorecen el clientelismo, pues no hay un padrón claro y accesible, y no prioriza en la gente con mayor necesidad, por lo que sostienen que debe haber acceso total a todos los programas sociales, desde el manejo del presupuesto hasta la situación y el impacto en los beneficiarios. “Hay programas para mejoramiento de la economía y la reducción de la pobreza que tienen muchos recursos pero no funcionan. Es un absurdo. Los programas tienen que dejar de ser dádivas de gobernadores y funcionarios”, indicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo.