Oaxaca, méxico.-La falta de una política alimentaria y nutricional integral ha provocado que México esté sumergido en una crisis profunda de malnutrición y pobreza
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con más de 28 millones de mexicanos viviendo en carencia alimentaria y más de 48 millones con sobrepeso u obesidad, el país vive una de las mayores crisis alimentarias, creada por falta de acceso a comida fresca y la invasión de productos chatarra. Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, aseguró que no hay en el país una política de Estado de orientación alimentaria, debido a que las grandes empresas que venden comida chatarra influyen en los hábitos nutricionales de la sociedad. Durante las mesas del foro organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, en la que también participaron Álvaro Urreta, de la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la Central de Abastos de la ciudad de México, y Plutarco Emilio García, de la Universidad Campesina del Sur, entre otros, Liza Covantes, del Colectivo de Producción Consumo-Intercambio, indicó que de acuerdo con cifras oficiales, cada día mueren 750 personas en promedio por enfermedades vinculadas a la mala alimentación, como cardiovasculares, diabetes e hipertensión.
El gobierno mexicano ha formulado políticas aisladas y contradictorias para atender la demanda de alimentos y enfrentar la crisis de salud: la Secretaría de Desarrollo Social coordina la Cruzada Nacional contra el Hambre; la de Salud encabeza la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y la de Agricultura diseña una reforma para el campo, dijo Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor.
Ellos generan alrededor de 40 por ciento de los alimentos nacionales que consumimos a diario, y son responsables de más de 80 por ciento de la diversidad de nuestros alimentos. Comentaron que los pequeños productores han sido abandonados, mientras en otras regiones de América Latina, como Argentina, Brasil y agricultura familiar es reconocida y respaldada con numerosos programas que garantizan la comercialización de los productos.
El Estado tiene un papel fundamental en el apoyo a dichos productores, identificando las oportunidades de compra y distribución que abastezcan los programas sociales, en lugar de privilegiar a las multinacionales que dominan el mercado de alimentos.