México, DF.-  Isabel Jiménez, indígena zapoteca y activista oaxaqueña, denunció el acoso y las agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos (DH) que defienden la tierra y el territorio de las comunidades indígenas en la entidad, donde son acechadas por las empresas eólicas. Durante el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) expuso que hubo violaciones a las garantías fundamentales durante la consulta que el gobierno mexicano implementó, para la construcción del megaproyecto energético de la Empresa Energía Eólica del Sur en Oaxaca. Al participar en la audiencia “Situación de Derechos Humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América/Empresas”, que se realizó ayer en la sede de la CIDH, Jiménez expresó: “El proceso de consulta ha violado los Derechos Humanos de la comunidad indígena de Juchitán, a su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado, culturalmente adecuado y de buena fe”. Actualmente en México existen 31 parques eólicos instalados, de los cuales, 21 están en la región del Istmo: 20 en Oaxaca y uno en Chiapas. De los 21 parques del Istmo de Tehuantepec, 12 se ubican en el municipio de Juchitán. De los parques eólicos instalados en el Istmo, la gran mayoría son de capital español. “La consulta no fue previa, porque la Secretaría de Energía ya había dado un permiso de generación de energía a Eólica del Sur desde enero de 2014. Tampoco fue una consulta libre, pues se registraron al menos 30 agresiones contra miembros de la comunidad en el proceso, y se dio una votación para la elaboración del proyecto con la participación de menos del 1 por ciento de la población de la comunidad”, abundó Isabel Jiménez. El proceso de consulta, que se llevó a cabo de noviembre de 2014 a julio de 2015, fue documentado por una misión de observación conformada por varias organizaciones civiles, entre las que se encuentra el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). “Con el acompañamiento de ProDESC, el pasado 19 de agosto interpusimos una demanda de amparo por las violaciones graves al derecho de consulta. Sin embargo, somos conscientes del riesgo que implica la defensa de nuestros derechos, ya que hemos sido constantemente agredidos durante este proceso”, informó. Jiménez ha sido agredida, incluso narró que un día después de regresar de una reunión escuchó disparos al aire afuera de su domicilio, por lo que aseguró que “si un defensor de Derechos Humanos ya está en una situación vulnerable, al ser además mujer e indígena, es triplemente vulnerable”. La activista también indicó que otras violaciones en el proceso de consulta fueron la falta de información accesible, adecuada y en idioma zapoteco, lo cual está muy lejos de cumplir con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la CIDH. En el caso de México, las defensoras dijeron que a pesar de que el país cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, éste no incluye las necesidades de las y los indígenas, por lo que pidieron un diálogo entre las organizaciones que participan en esta instancia para llevar sus propuestas. Es por ello que los grupos civiles pidieron que en el comunicado final de este periodo de sesiones, la CIDH haga una mención sobre las violaciones a DH de comunidades indígenas que defienden su tierra y territorio frente a las empresas, y que dé celeridad a los casos referentes a empresas extractivas que se analizan en el organismo interamericano.