Jueves 02 de julio, 2015. 01:14 pm
Necesario visibilizar el problema de la tortura en México: organizaciones civiles
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*Instan a realizar una adecuada aplicación del Protocolo de Estambul
*Urgente, armonizar legislación nacional con estándares internacionales
*Presentan informe sobre la situación de la tortura en México
Oaxaca, México.-El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CodigoDh) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) presentaron el 26 de junio último un informe conjunto denominado “Investigación de la Tortura en México”, en el que han plasmado una serie de recomendaciones para mejorar el uso del Protocolo de Estambul.
El Protocolo de Estambul, señalaron, es un manual para la documentación médica y psicológica de la tortura, aprobado por las Naciones Unidas. Según datos de Amnistía Internacional, a finales de 2013 en México había tan sólo 162 médicos y 49 psicólogos capacitados para realizar el dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato.
En entrevista, el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco, Guerrero, José Raymundo Díaz Taboada, explicó que el manual “Investigación de la Tortura en México” forma parte de las actividades que actualmente desarrollan en coordinación con otras organizaciones tanto en México como a nivel nacional.
“CodigoDh, el CCTI y demás organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la documentación de casos de tortura, señalamos nuestra preocupación por la falta de capacitación de las y los especialistas en medicina y psicología, para la correcta aplicación interdisciplinaria del Protocolo de Estambul”, advirtió.
Díaz Taboada expuso que en el caso de México se han firmado convenciones, protocolos y que a partir del año 2000 se ha buscado establecer el uso de un manual para la investigación y documentación de posibles casos de tortura.
Agregó que esto se hace visible en el Protocolo de Estambul, el cual es el esfuerzo de investigadores, de instituciones y de organizaciones de derechos humanos que tenían la preocupación de documentar la tortura de manera profesional, haciendo uso de aspectos legislativos, pero también documentarala desde el punto de vista de la salud.
Destacó que en la elaboración del manual “Investigación de la Tortura en México” intervinieron médicos generales, especialistas y psiquiatras.
Expuso que en México ha sido difícil la aplicación del Protocolo de Estambul, primero porque no se tiene una armonización de la legislatura nacional y mucho menos de legislaciones locales, de ahí que las definiciones de tortura en uso son las más antiguas y las que menos protegen a las personas víctimas de esa práctica.
Díaz Taboada indicó que hay lugares en donde la tortura no está tipificada como delito y cuando el Estado se encuentra ante casos que son muy evidentes de tortura, los equipara y como otras formas delictivas, en lugar de tratarlas como violaciones a los derechos humanos.
“Cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, hablamos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, faltas al debido proceso, y esos términos en la legislatura federal y estatal prácticamente no existen”, recalcó.
Citó como ejemplo el caso Ayotzinapa, en el cual a las personas que eran autoridades y están presas por estos hechos se les ha inculpado por el delito de secuestro, cuando la policía no puede secuestrar, sino que comete detenciones arbitrarias, tortura y, en este caso, desaparición forzada.
Díaz Taboada señaló que en este contexto es que el CCTI y CodigoDh consideran necesario y urgente que se independice de la Procuraduría General de la Republica la aplicación de peritajes para determinar tortura, a fin de dar validez a peritajes independientes que realizan varias organizaciones civiles de derechos humanos.
“Es una obligación del Estado mexicano erradicar la tortura y la impunidad, por lo tanto, el mismo Estado debe tomar medidas preventivas de investigación y sanción de los responsables”, puntualizó.
El especialista hizo un llamado a las autoridades, ya que no solo son las voces de las organizaciones sociales las que se levantan, sino también las de los sobrevivientes a torturas, de los familiares de una persona víctima de tortura, de los vecinos y compañeros de un torturado, quienes también resultan víctimas.
“La tortura tendría que aparecer en los códigos penales y si no hay voluntad política para lograrlo, vamos a seguir teniendo esta crisis humanitaria que estamos viviendo en México, y si esto se quiere parar entonces se tienen que detener las violaciones graves a los derechos humanos”, finalizó el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco, Guerrero.
La presentación de este informe se realizó en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, conmemoración que busca la solidaridad con las y los sobrevivientes de esta práctica para promover su erradicación total y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente en nuestro país desde 1987.
El Protocolo de Estambul, señalaron, es un manual para la documentación médica y psicológica de la tortura, aprobado por las Naciones Unidas. Según datos de Amnistía Internacional, a finales de 2013 en México había tan sólo 162 médicos y 49 psicólogos capacitados para realizar el dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato.
En entrevista, el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco, Guerrero, José Raymundo Díaz Taboada, explicó que el manual “Investigación de la Tortura en México” forma parte de las actividades que actualmente desarrollan en coordinación con otras organizaciones tanto en México como a nivel nacional.
“CodigoDh, el CCTI y demás organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la documentación de casos de tortura, señalamos nuestra preocupación por la falta de capacitación de las y los especialistas en medicina y psicología, para la correcta aplicación interdisciplinaria del Protocolo de Estambul”, advirtió.
Díaz Taboada expuso que en el caso de México se han firmado convenciones, protocolos y que a partir del año 2000 se ha buscado establecer el uso de un manual para la investigación y documentación de posibles casos de tortura.
Agregó que esto se hace visible en el Protocolo de Estambul, el cual es el esfuerzo de investigadores, de instituciones y de organizaciones de derechos humanos que tenían la preocupación de documentar la tortura de manera profesional, haciendo uso de aspectos legislativos, pero también documentarala desde el punto de vista de la salud.
Destacó que en la elaboración del manual “Investigación de la Tortura en México” intervinieron médicos generales, especialistas y psiquiatras.
Expuso que en México ha sido difícil la aplicación del Protocolo de Estambul, primero porque no se tiene una armonización de la legislatura nacional y mucho menos de legislaciones locales, de ahí que las definiciones de tortura en uso son las más antiguas y las que menos protegen a las personas víctimas de esa práctica.
Díaz Taboada indicó que hay lugares en donde la tortura no está tipificada como delito y cuando el Estado se encuentra ante casos que son muy evidentes de tortura, los equipara y como otras formas delictivas, en lugar de tratarlas como violaciones a los derechos humanos.
“Cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, hablamos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, faltas al debido proceso, y esos términos en la legislatura federal y estatal prácticamente no existen”, recalcó.
Citó como ejemplo el caso Ayotzinapa, en el cual a las personas que eran autoridades y están presas por estos hechos se les ha inculpado por el delito de secuestro, cuando la policía no puede secuestrar, sino que comete detenciones arbitrarias, tortura y, en este caso, desaparición forzada.
Díaz Taboada señaló que en este contexto es que el CCTI y CodigoDh consideran necesario y urgente que se independice de la Procuraduría General de la Republica la aplicación de peritajes para determinar tortura, a fin de dar validez a peritajes independientes que realizan varias organizaciones civiles de derechos humanos.
“Es una obligación del Estado mexicano erradicar la tortura y la impunidad, por lo tanto, el mismo Estado debe tomar medidas preventivas de investigación y sanción de los responsables”, puntualizó.
El especialista hizo un llamado a las autoridades, ya que no solo son las voces de las organizaciones sociales las que se levantan, sino también las de los sobrevivientes a torturas, de los familiares de una persona víctima de tortura, de los vecinos y compañeros de un torturado, quienes también resultan víctimas.
“La tortura tendría que aparecer en los códigos penales y si no hay voluntad política para lograrlo, vamos a seguir teniendo esta crisis humanitaria que estamos viviendo en México, y si esto se quiere parar entonces se tienen que detener las violaciones graves a los derechos humanos”, finalizó el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco, Guerrero.
La presentación de este informe se realizó en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, conmemoración que busca la solidaridad con las y los sobrevivientes de esta práctica para promover su erradicación total y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente en nuestro país desde 1987.
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