Cimacnoticias | México, DF.-El Estado mexicano negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el país se criminalice a activistas, y aseguró que –contrario a las denuncias de organizaciones civiles– “se están cumpliendo las recomendaciones internacionales en la materia”. En una audiencia celebrada hoy en Washington, como parte del 154 periodo de sesiones de la CIDH, Alejandro Alday González, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que no hay ninguna estigmatización contra las y los defensores de Derechos Humanos (DH). A pesar de que grupos civiles aseguran que en el estado de Guerrero no se han cumplido las recomendaciones de la CIDH, el funcionario atajó: “Yo lo quiero subrayar, reiterar, recordar, es que si algún país coopera con el sistema internacional es México”. Alday González detalló que el Programa de Derechos Humanos está basado en las recomendaciones internacionales. Abundó que el Estado mexicano ya presentó un programa de trabajo conjunto a la CIDH para cumplir con los casos que permanecen ante el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Que tengamos diferencias por algunas afirmaciones o matices que se han hecho recientemente, no quiere decir que no estemos dispuestos a seguir cooperando, como lo hemos hecho”, sostuvo. Es de destacar que México ya cuenta con cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por casos ocurridos en Guerrero (dos por violación sexual –referentes a las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ultrajadas por militares en 2002–, una por detención arbitraria y tortura, y otra por desaparición forzada). “CICLO DE IMPUNIDAD” En la audiencia también participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Comisión de la Verdad de Guerrero (ComVerdad), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes expusieron la grave situación humanitaria por la que atraviesa Guerrero. La delegación oficial, encabezada por el embajador permanente de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, aseguró que se está cooperando con las víctimas para cumplir con las recomendaciones y llegar a la justicia. Sin embargo, Viviana Krsticevic, directora de Cejil, dijo ante las y los comisionados de la CIDH que hay un “ciclo de impunidad”, porque desde el periodo de la llamada “Guerra Sucia” –la represión militar a los movimientos sociales y guerrilleros en los años 60 y 70– se ha visto que hay agresiones que se repiten sin que sean castigadas, según se constató en el informe que en octubre de 2014 presentó la ComVerdad, y del cual se desprendieron recomendaciones para lograr la justicia. “La represión, cultura de impunidad y arbitrariedad que existe en Guerrero desde la época de la ‘Guerra Sucia’, ha facilitado que subsista en la actualidad un contexto de violencia generalizada de graves violaciones de Derechos Humanos, similares a las que ocurrieron en el pasado”, recalcó. A su vez, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, dijo que en el estado continúan los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, violaciones que se utilizan “para acallar las voces de disidentes políticos y luchadores sociales y estudiantiles”. Asimismo observó que existe un uso represivo de la fuerza durante las manifestaciones, lo que deriva en detenciones arbitrarias y tortura. Pese a esta documentación, expuso el abogado que de acuerdo con la Procuraduría de Justicia estatal entre 2007 y 2010 no se abrió ninguna denuncia por estos delitos; en el caso de desapariciones, se registró que entre 2011 y 2013 desparecieron tres defensores de DH. Rosales Sierra calificó como “abominable” la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, presuntamente por policías preventivos y el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, lo que evidencia –advirtió– la omisión de las autoridades antes, durante y después de esas desapariciones. Sobre el llamado caso Ayotzinapa, las familias de las víctimas tuvieron también una audiencia con la CIDH, en la que expusieron que son “revictimizadas” por las autoridades mexicanas, y pidieron que el organismo haga un llamado para que se continúe con la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos.