Cimacnoticias Oaxaca, México.-Frank La Rue, ex relator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y actual director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en Europa, condenó el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de las cuatro mujeres ejecutadas el pasado viernes 31 de julio en la colonia Narvarte, en esta capital, y se sumó a la exigencia de investigación y sanción a los responsables. El pasado 9 de junio el reportero gráfico de la Agencia AVC Noticias y corresponsal del semanario Proceso y la agencia fotográfica Cuartoscuro en el estado de Veracruz, abandonó la entidad para refugiarse en el Distrito Federal, donde la semana pasada fue asesinado junto con cuatro mujeres, que de acuerdo con las autoridades una era activista, dos estudiantes universitarias y una trabajadora del hogar. En entrevista con Cimacnoticias, La Rue expresó su dolor y consternación por este crimen y aprovechó para alertar que en este delito se corre el peligro de sólo ver el caso del periodista por ser el más significativo, ya que se trata de un fotógrafo perseguido, amenazado y asesinado durante su estancia de refugio, sin embargo –acotó– no se debe esconder la violencia contra las cuatro mujeres. Previo a su participación en la “Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza en Internet”, que se realiza en esta capital hoy y mañana, el ex relator dijo que queda la impresión de que en este asesinato hubo una intención de ejecutar a Rubén Espinosa y a varias mujeres para distorsionar la opinión pública. “Nadie puede caer en ese juego”, advirtió. En 2010, como relator de Libertad de Expresión, La Rue junto con Catalina Botero, entonces relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó México para documentar la violencia contra las y los periodistas, y después de ello en 2012 impulsó la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). Con esta experiencia, Frank La Rue afirmó: “México tiene un serio problema de violencia general; lo está viviendo ahora, día a día, desde estudiantes hasta periodistas; y la idea de proteger a la prensa es proteger el derecho de la población a estar informada; es un tema humanitario, pero también es un tema social y de Derechos Humanos, fundamentalmente del derecho de acceso a la información”. Continuó: “Creo que es muy grave cuando en un país se empieza a violentar a la prensa como se está violentando acá y el Mecanismo venía a ser una solución parcial porque era para dar, por lo menos, unas medidas iniciales de emergencia; siempre he dicho que la seguridad de las y los periodistas y la libertad de prensa debe ser una política global de Estado, pero el Mecanismo era en sí mismo importante”. El experto apuntó que antes de este hecho se tenía la percepción de que la Ciudad de México era un “refugio seguro” para que las personas que ejercieran el periodismo, y que fueran amenazadas en el interior del país llegaran a esta urbe, donde las autoridades les brindarían protección. “Este incidente dramático, del periodista y de las otras cuatro mujeres grotescamente violentadas, también debe provocar la indignación por la violencia de género. Pienso que es muy importante que el Estado se pare y recapacite, y diga que esto no puede continuar, que haya un reacción de las autoridades de justicia en la investigación porque resolver la impunidad es lo fundamental”, expresó. En el foro regional que congrega a activistas, periodistas y especialistas en internet de América Latina y el Caribe, representantes de distintos países tomaron hoy la palabra para expresar su solidaridad con las víctimas, e incluso antes de participar una red de mujeres abogó por “visibilizar” a las cuatro víctimas de las que poco se sabe. La víspera, el procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó en conferencia de prensa que las mujeres ultimadas eran una maquillista (de 18 años de edad) originaria de Mexicali, Baja California; una promotora cultural (de 32 años) originaria de Chiapas; una empleada del hogar (40 años) proveniente del Estado de México, y una mujer extranjera de nacionalidad colombiana. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reportó que se coordinaba con el área de atención a víctimas de la Segob, así como con la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual inició el sábado 1 de agosto un acta circunstanciada. A su vez, organizaciones de periodistas, colectivos y centros de Derechos Humanos publicaron una carta dirigida a Arely Gómez, titular de la PGR, y a Ricardo Nájera, de la Feadle, para exigir que las investigaciones del caso cumplan con los estándares internacionales en materia de delitos contra la prensa y la libertad de expresión. El 28 de abril de 2012, Regina Martínez –también corresponsal de Proceso en Veracruz– fue encontrada muerta en su domicilio. En este caso la primera línea de investigación judicial fue que se trató de un “crimen pasional” sin considerar la labor periodística de la reportera, lo que de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), generaba impunidad ante estos hechos. Según datos de CIMAC, de 2002 a 2013 los ataques contra las mujeres periodistas se incrementaron en más de 2 mil 200 por ciento, mientras que las agresiones contra comunicadores varones aumentaron 276 por ciento. De 2002 a 2013 se registraron 11 asesinatos de mujeres periodistas, mientras que de 2000 a 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 84 homicidios. Se agrega que en la actual gestión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, suman ya 13 periodistas asesinados y tres desaparecidos.