Lilia TORRENTERA G. Oaxaca.- Para el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,  Arturo Peimibert Calvo, la falta de información requerida a instancias de gobierno y en la organización de la consulta ciudadana, impide que se pueda emitir una recomendación al gobernador Gabino Cué por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO). Entrevistado sobre la actuación de la DDPHO en el caso de agresiones a ciudadanos que se oponen al proyecto que beneficia al amigo del gobernador, José Zorilla y las denuncias de ilegalidad de una consulta inexistente constitucionalmente aunado a una evidente violación a los derechos ambientales de la población de la ciudad de Oaxaca, Peimbert Calvo explica jurídicamente el por qué no ha dado una respuesta más expedita en materia de violación de derechos humanos. Se han violado derechos ambientales legalmente reconocidos en la Constitución con la destrucción de un área de reserva ecológica, ¿por qué no se emite una recomendación? “Nosotros no podemos prejuzgar sobre esa violaciones. Ello tiene que derivar de un análisis concreto por parte de las dependencias correspondientes en material de medio ambiente. Estamos en el proceso de acopio de información y quizá podemos presumir que exista una afectación a la ecología con base a las denuncias, pero sin elementos que nos den certeza no podemos actuar”. Expuso que desde las agresiones suscitadas al pintor Francisco Toledo en una manifestación pacífica y en el que resultó herida una persona con esquirlas, la DDHPO tomo cartas en el asunto al documentarse que el gobierno municipal y estatal no garantizaron la libre manifestación. “Desde entonces hemos investigado y tenemos un expediente bastante avezado en algunas partes complementados con la información de algunas autoridades y de otras que no nos han respondido”. Indicó que desde entonces, la DDHPO avizoró que había un clamor ciudadano de que no existió por parte del gobierno un proceso de consulta previa e informada. Dijo que ahora toca observar si la consulta ciudadana que se realizará el 4 de octubre próximo cumplirá con los estándares que contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Nosotros tenemos que ir vigilando que lo que hacen las autoridades no violen los derechos humanos, incluyendo este intento de poner este Centro de Convenciones”.   Detalló que mucha de la información tanto de la consulta como del propio proyecto del CCCO, no ha sido entregada a pesar de haber solicitada.   “Hemos pedido información completa y compleja desde todo lo que se refiere a permisos, planos, estudios de impacto ambiental entre otros, los cuales nos han ido llegando parcialmente por parte del gobierno estatal”   Peimbert Calvo dijo que en cuanto se venza “los tiempos fatales” de la DDHPO, para conocer cómo las autoridades cumplieron con los tiempo y calidad de información requerida más la investigación que realiza entre la ciudadanía, “nos dará elementos para emitir una recomendación”. ¿Aun cuando la consulta sea ilegal y no vinculatoria para el gobierno estatal?   “No estoy de acuerdo. Porque en las reformas constitucionales recientes, en materia de derechos humanos, el Artículo Primero, le da preponderancia a los acuerdos internacionales, entre ellos, al Convenio 169 de la OIT y sus desagregados que contempla la consulta previa, libre e informada. Por lo tanto, aun cuanto no exista una referencia en la legislación local, la aplicación de la Carta Magna es para todas y todos los mexicanos”.   De ahí que sostuvo que tanto la aplicación de la consulta como sus resultados, que serán materia de otro debate técnico jurídico, deben considerarse con carácter obligatorio.   “Nosotros como defensores de derechos humanos, tenemos que observar el principio pro homine, que la interpretación de la ley en este caso, del Artículo primero constitucional, tiene que ir en el mayor y más amplio beneficio de la ciudadanía, lo que quiere decir, que si la mayoría no está de acuerdo con el Centro de Convenciones, se tiene que respetar este precepto legal”. ¿Cómo podrá la ciudadanía confiar, cuando la DDHPO ha reconocido en sus sesiones públicas, los sistemáticos desacatos a sus recomendaciones?   Con ello, ¿viola o no el gobierno de Gabino Cué, los derechos humanos?   “No podemos hacer una determinación tan tajante. La política de este gobierno, enarboló una bandera de derechos humanos. Lo que vemos es que hay muchos funcionarios que no van en esta lógica, que no entiende el mandato de respeto como por ejemplo el caso de las penitenciarías”. Sin embargo, reconoció que en Oaxaca hay una incidencia de violación de derechos humanos muy grave de manera histórica.   Sobre la reiterada pregunta de por qué no se emite un recomendación cuando el gobierno estatal realiza  prácticas como la coaxxion a trabajadores y sectores económicos para validar el CCCO.   Peimbert Calvo solo agregó.   “No hay materia para emitir una recomendación en este momento, pero eso no quiere decir que no se estén violando derechos humanos y que no lo vayamos a señalar”. ¿Habrá vigilancia del la DDHPO e durante la conculta para documentar posibles violaciones a derechos humanos? Muy limitada, por la falta de recursos humanos y económicos.