Por: Valeria Valencia Cimacnoticias  San Cristóbal de Las Casas, Chis.- En un caso calificado por la abogada feminista Martha Figueroa como “paradigmático”, por la forma en que se subestima la violencia contra las mujeres y se protege a policías municipales, la joven Jessica Moreno Almaraz sigue exigiendo justicia tras ser víctima de violencia física en plena vía pública por parte del agente Luis Ángel Aguilar López, y por la cual perdió al producto de su embarazo. Hasta el momento, a la denuncia de Jessica y su esposo Alejandro Gaytán González, quien también fue golpeado, se le han dado largas bajo una serie de argumentos burocráticos que más bien parece tener el objetivo de cansarlos, ya que al agresor de la pareja se le castigó con 15 días de suspensión laboral y fue reinstalado en el área de Protección Civil. Ante ello, los agredidos denunciaron la complicidad de las autoridades policiales, así como la intervención de la familia política del policía violento para que este caso hoy se encuentre en total impunidad. Han pasado ocho meses luego de que Jessica y Alejandro fueron agredidos físicamente por Luis Ángel Aguilar, cuando ellos dejaban el local que rentaban para un negocio. Vestido con su uniforme de policía municipal se acercó a ellos el día que terminaban de limpiar el local para entregarlo a su dueña e insultó a Alejandro Gaytán, quien ignoró la agresión y junto con Jessica decidió alejarse del lugar. Pero el agresor –relataron los afectados– se acercó a Gaytán y le soltó un golpe en la nariz que le provocó una fractura y lo dejó tirado, puesto que el agredido sufre de insuficiencia respiratoria. Al acercarse Jessica al policía y reclamarle su acción, éste la agarró de los cabellos y la empezó a bofetear hasta que cayó al suelo, donde la pateó y le siguió dando golpes a puño cerrado. El agresor escapó y la pareja acudió a interponer la denuncia. Originarios del DF, la pareja tenía entre sus planes iniciar un negocio de ensaladas, sin embargo esa mañana del 29 de diciembre de 2014 la vida les cambió. Triste, Jessica recordó que por esa agresión física ella perdió al producto de su embarazo. “Mi caso no se ha movido ni para atrás ni para adelante. Aunque queramos justicia, ésta no es pronta ni expedita porque hay corrupción, son personas ciegas”, apuntó Moreno Almaraz. “Los derechos para las mujeres no son respetados, puedes estar embarazada y no importa… Ahora no sé en qué condiciones está mi útero porque no hemos podido concebir”, abundó. Señaló que durante la denuncia no se le permitió en un principio rendir su declaración, ya que la agente del Ministerio Público (MP) sólo se la tomó a su esposo argumentando que era el mismo hecho. Tampoco se le dio importancia a su embarazo, ya que en la elaboración del expediente el encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal, Gustavo Hernández Cancino, vio la prueba de embarazo y dijo que “no era necesaria”. La pareja reconoció que sólo ha recibido apoyo del fiscal del Distrito Altos, Rogelio Estrada Helerías, y de la abogada Martha Figueroa, quien intervino en enero pasado para que el MP le tomara la declaración a Jessica como víctima de agresión por parte del policía Luis Ángel Aguilar López. Jessica lo único que pide es que se atienda su caso y se haga justicia: “Pido justicia, que le quiten el cargo de policía (a Aguilar López) porque daña la imagen de la institución; es una persona que –ahora como integrante de Protección Civil– es capaz de dejar morir a la gente; es un delincuente en potencia protegido por la policía municipal”. NEPOTISMO Para Martha Figueroa, abogada defensora de los derechos de las mujeres, el caso de Jessica debe verse y resolverse con perspectiva de género debido a la saña con la que el policía violentó a la joven. Lo que le preocupa a la litigante es que “el sistema de justicia no tiene visión de género, ni políticas a favor de las mujeres”. Este caso, en opinión de la abogada, devela muchas particularidades de las formas en que se hace justicia en Chiapas, y en particular en San Cristóbal de Las Casas, donde no hay una policía municipal capacitada ni mucho menos sensibilizada respecto a los derechos de las mujeres. En primer lugar, a la policía municipal sancristobalense los agentes entran por “compadrazgos o amiguismos”, no por medio de una preparación que debería de seguir cualquier persona que aspira el cargo de policía. Esta situación genera impunidad como en el caso de Luis Ángel, quien presuntamente fue recomendado del anterior presidente municipal para ingresar a la Policía Municipal. Asimismo, este caso deja ver cómo se invisibiliza la violencia hacia las mujeres, dijo Figueroa. También llamó al Consejo Municipal contra la Violencia hacia las Mujeres, instaurado durante la administración de Cecilia Flores, el cual dejó de funcionar en la pasada administración, ya que “el alcalde Francisco Martínez Pedrero no tenía ni idea del tema de género”. La abogada consideró que reactivar al Consejo Municipal sería de gran ayuda para la resolución de casos como el de Jessica y de otras mujeres violentadas que siguen esperando justicia.