Cimacnoticias | México, DF.- Aunque la reforma electoral de 2014 obliga a la paridad de género en candidaturas, al menos en dos estados del país (Nuevo León y Morelos) los partidos políticos se han inconformado contra esta disposición legal ante las autoridades electorales locales. En 2014 el Congreso de la Unión creó las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, que establecen la obligación de los partidos de postular a 50 por ciento de mujeres en cargos al Senado y diputaciones federales y locales. Sin embargo, estas normas no hacen una mención específica de la paridad en las candidaturas para quienes integran los ayuntamientos. Aun así algunos Organismos Públicos Locales Electorales han interpretado la ley a favor de las mujeres a la hora de definir las reglas para las candidaturas. VACÍOS LEGALES Laura Inés López Padilla, presidenta de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, explica que lo anterior se debe a un vacío legal: “La ley no habla de paridad a nivel local, es decir, todo lo que concierne al cabildo, el ayuntamiento, las presidencias municipales, las regidurías y las sindicaturas”. Así, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) se han inconformado por tener que postular a sus militantes mujeres a un cargo de elección en los ayuntamientos. La socióloga y especialista en género y participación política Dalia Barrera Bassols ha destacado en diversos artículos que los cargos de presidenta municipal, jefa delegacional y síndica, son los de mayor reto y confrontación para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De acuerdo con sus investigaciones, en los municipios las mujeres tienen contacto más cercano con los problemas de la población y es ahí donde se vive la corrupción, se llega al consenso, se crean complicidades, y en general se hace una política que involucra y afecta directamente a la ciudadanía. BATALLAS JURÍDICAS Hasta ahora no hay un número preciso de impugnaciones a nivel federal, ya que aunque en 2014 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordaron crear un observatorio electoral, a la fecha no han hecho públicos los avances. Sin embargo, las estadísticas del TEPJF indican que del 1 de enero al 25 de febrero de este año ya se habían ingresado 12 mil 61 juicios por los derechos políticos del ciudadano, aunque no se precisa cuántos se inconformaban contra la paridad de género. Entre los juicios se impugnan procesos internos, registro de candidaturas, y actos relacionados con precampañas y campañas. Entre los casos más representativos está el de Nuevo León, ya que en diciembre de 2014 la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinó que en sus lineamentos para el registro de candidaturas los partidos no podían postular más de 50 por ciento de mujeres u hombres en postulaciones a diputaciones y ayuntamientos. El acuerdo fue impugnado por PAN, PVEM y PT ante el Tribunal Electoral Estatal, que el pasado 12 de enero falló a favor de la queja y ordenó a la CEE modificar sus reglas para la postulación de candidaturas, aunque recomendó que se capacite a los institutos políticos en materia de equidad de género. El tribunal ordenó así que los 51 municipios del estado deberán integrarse paritariamente, al establecer que las planillas que postulen los partidos para integrar los ayuntamientos deberán estar conformadas por igual número de mujeres y hombres. Lo anterior significa que la paridad de género será en la totalidad de cargos en la planilla para ayuntamientos (alcaldes, regidores y síndicos), y no se garantiza, por ejemplo, que las mujeres ocupen el 50 por ciento de candidaturas a presidencias municipales. A decir de María Elena Chapa, titular del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y quien ha dado puntual seguimiento al proceso, esta queja de los tres partidos fue una acción “parte de la ignorancia” que pretendía imponer la llamada “autodeterminación partidista”sobre los derechos de las mujeres para evitar la paridad. Otro caso fue el de Morelos, donde PAN, PRD y el Partido Social Demócrata impugnaron el acuerdo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), sobre la paridad de género en candidaturas para ayuntamientos, al considerar que la autoridad “se excedió” al interpretar la ley. Sin embargo, el pasado 14 de febrero el Tribunal Electoral dijo que los tres partidos están obligados a registrar a 50 por ciento de candidatas que compitan por un cargo de representación popular durante los comicios del próximo 7 de junio, cuando en la entidad se definan diputaciones locales y se renueven autoridades en 33 municipios. Laura Inés López Padilla aseguró que las impugnaciones en Morelos y Nuevo León se pudieron haber evitado si las autoridades electorales hubieran hecho alianzas con los partidos, las militantes y las agrupaciones civiles, a fin de que cuando se publicaran los lineamientos sobre las postulaciones no hubiera reclamos. “Si no haces un trabajo de incidencia sólido, aun cuando tengas la facultad, no vas a tener el respaldo de nadie”, afirma la experta. VIGILANCIA A pesar de que el Inmujeres y las instancias electorales se comprometieron a crear un observatorio que vigilara el cumplimiento de la paridad, para Rebeca Maltos, coordinadora de la organización Gente Diversa en Baja California, las autoridades no pueden ser juez y parte de los vigilantes. Para la activista, las instancias encargadas de tareas administrativas y jurisdiccionales en materia electoral no son las más aptas para vigilar el proceso. Desde su visión tendrían que ser organizaciones con experiencia probada, para detectar fenómenos como las impugnaciones. Así por ejemplo, en Baja California se está por echar a andar un observatorio electoral mientras que en otras entidades como Sonora las mujeres ya se organizaron y crearon el Observatorio de la Equidad y la Paridad, para vigilar el proceso y denunciar públicamente a los partidos que no quieran acatar la ley. A decir de la ex diputada federal Leticia Burgos Ochoa, quien es parte del Observatorio, el Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEES) aún no da a conocer las reglas para la postulación de candidaturas, por lo que están exigiendo que la autoridad electoral cumpla su responsabilidad con los derechos femeninos. Este grupo de mujeres ya pidió al IEES una audiencia para que informe a las ciudadanas cómo va a vigilar el cumplimiento de la paridad en candidaturas, y esperan que haya más organizaciones o mujeres que estén trabajando en el tema.