Por: Anaiz Zamora Márquez Cimacnoticias | Oaxaca, México-En el estado de Guanajuato no se decretará la Alerta de Violencia de Género (AVG), pese a que los asesinatos de mujeres continúan y activistas han evidenciado que el gobierno local no tomó en serio las recomendaciones contra el feminicidio, que emitió el Grupo de Trabajo investigador de la violencia en la entidad. Ayer, el gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez –emanado del Partido de Acción Nacional (PAN)–, informó en conferencia de prensa que fue notificado oficialmente por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la determinación de no emitir una AVG para el estado. De acuerdo con un comunicado de la administración de Márquez Márquez, la Segob analizó las acciones que el gobierno de Guanajuato ha realizado a favor de las mujeres y “resolvió que no existen elementos suficientes para emitir la alerta”, aunque advirtió que se valorarán periódicamente las medidas que ejecute la autoridad local. “Hemos actuado con oportunidad, firmeza y determinación ante quienes, de manera cobarde, atentan contra la vida y la integridad de las mujeres guanajuatenses”, presumió el Ejecutivo local en el comunicado. Al mismo tiempo, afirmó que “no hay espacio para la impunidad y hay cero tolerancia ante los crímenes contra la vida de las mujeres”.  Aseguró que lejos de eludir o minimizar los problemas, el gobierno del estado “los reconoce y, lo más importante, se actúa con la sensibilidad y el sentido de urgencia que estas situaciones exigen”. No obstante, lo afirmado por el gobernador dista mucho de las cifras y observaciones difundidas por la organización civil Las Libres, con las que se ha evidenciado que en Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste, pues tan sólo en los primeros tres meses de este año se registraron 15 casos de feminicidio. En marzo de 2014 el Centro Las Libres solicitó la declaratoria de AVG por violencia feminicida en el estado, la tercera que se pedía para la entidad. Y es que en una primera ocasión ya se había solicitado la AVG por el delito de “agravio comparado” (cuando activistas consideraron que una reforma a la Constitución local criminalizaba el derecho al aborto), y en una segunda oportunidad también por violencia feminicida. Sin embargo, ambas solicitudes fueron negadas por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), entonces encargado de definir la procedencia de la AVG. OBSERVACIONES INCUMPLIDAS Cuatro meses después de que se solicitó la Alerta y se concluyó la investigación sobre violencia feminicida en el estado (julio de 2014), el gobierno federal emitió 13 recomendaciones a la gestión local para erradicar este flagelo. Las observaciones fueron elaboradas por un Grupo de Trabajo integrado por representantes de la Conavim, los institutos Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y de la Mujer Guanajuatense (IMG), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y por cuatro especialistas de la academia. En su momento, las investigadoras del Grupo de Trabajo, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, denunciaron que el informe y las recomendaciones resultaron “débiles” debido a la resistencia de los representantes de las dependencias federales para aprobar las 13 observaciones. Según estipula el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLM), el gobierno local tenía un plazo de seis meses para cumplir las recomendaciones, el cual se venció el pasado 10 de enero. De acuerdo con Las Libres, las acciones emprendidas por el gobierno de Guanajuato no se tradujeron en una vida libre de violencia para las mujeres. “La realidad se impone contra lo que el gobierno supuestamente realizó para acatar las recomendaciones”, dijo entonces a Cimacnoticias Verónica Cruz, directora de Las Libres, quien informó que del 20 de marzo de 2014 al 20 de marzo de 2015 (periodo posterior a la solicitud de AVG) se contabilizaron 70 casos adicionales de feminicidio. Agregó que en 2013 fueron asesinadas 73 mujeres guanajuatenses; en 2014 la cifra fue de 67, y hasta marzo de 2015 se registraban 15 casos. A la imparable ola de violencia de género se suma que el estado cumplió a medias las 13 recomendaciones. Por ejemplo, una de éstas mandataba crear una instancia de seguimiento del feminicidio, para llevar a cabo mesas de trabajo con las víctimas y organizaciones expertas en el tema, a fin de revisar los casos y conocer las medidas de reparación del daño. Sin embargo, la mayoría de los casos reconocidos como feminicidio por la autoridad local en 2013 y 2014 continuaban sin resolverse hasta abril pasado. Otras recomendaciones incumplidas se refieren a la elaboración de un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; el rediseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, y la creación permanente de una instancia de seguimiento de la violencia feminicida con participación de grupos civiles. Al respecto, es de recordar que el gobierno local en todo momento se negó a trabajar de manera coordinada con Las Libres, y se limitó a reunirse con las familias de 13 víctimas de feminicidio. En otra de las recomendaciones se emplazó a Guanajuato a reformar el Código Penal estatal en los delitos que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres. El Congreso local, si bien respondió al llamado, se limitó a aumentar la edad para el delito de estupro (de 12 a 17 años), y si bien reformó el tipo penal de violencia familiar, este delito sigue considerándose como una agresión menor. A un año de emitidas las recomendaciones, el SNPASEVM determinó que la AVG no procede en la entidad, pues según informa el gobierno local, se determinó que las 13 observaciones fueron acatadas a cabalidad. Además de Guanajuato, la solicitud de AVG sigue pendiente de respuesta para los estados de Morelos, Colima, Michoacán y Baja California, entidades donde ya se emitieron las recomendaciones correspondientes. Este martes 28 de julio se aceptó declarar la AVG en 11 municipios mexiquenses, luego de que fue solicitada por activistas desde diciembre de 2010.