Sugieren usar la información de la muestra como mecanismo de sanción en el marco de la Reforma Educativa. Oaxaca, México.-A fin de detectar las plazas por las que de manera indebida 114 mil 998 personas cobran un sueldo por presuntas tareas docentes y administrativas que no realizan, la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundir en su totalidad la información reunida en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) que se levantó en 2013. Presentada por la bancada del PAN, a través de la legisladora Tania Margarita Morgan Navarrete, la propuesta se sustenta en el señalamiento de que dicho ejercicio censal, derivado de la Reforma Educativa, demostró el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo. Sin embargo, hasta ahora sólo se han dado a conocer datos parciales, ignorando tanto el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se aplica el presupuesto federal, como la importancia de utilizar la información del INEGI en acciones que desde la SEP reviertan los problemas detectados.

El acto de rendir cuentas no es a una persona en específico, sino que es una práctica democrática de exponer y difundir la información gubernamental para que la gente pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de sanción”, argumentó la legisladora.

En el punto de acuerdo que la Cámara de Diputados se aprobó también exhortar al Ejecutivo federal a que a través de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclaren y, en su caso, se resuelvan las diferencias entre los datos de la nómina educativa reportados por el censo y los que que han presentado las entidades federativas. La solicitud de los legisladores al gobierno federal plantea que, de acuerdo con el levantamiento del INEGI, existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia; y 39 mil 222 plazas para aviadores.

Esto significa que la corrupción del sistema educativo mexicano ha permitido que los empleados jubilados, renunciados y fallecidos reciban un sueldo en los sistemas educativos estatales. Se trata de 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente”, señaló Morgan Navarrete.

De acuerdo con el balance de la Cámara de Diputados, entre “comisionados, “aviadores”, jubilados, renunciados o “fallecidos”, existen 184 mil 915 plazas, lo que la legisladora calificó como “un reflejo inequívoco de un total desorden de la nómina docente-administrativa”. Recordó la diputada por Sinaloa que este primer censo, producto de la Reforma Educativa, “puso al descubierto la incapacidad de las autoridades educativas del país y la tolerancia que éstas tienen a la corrupción en un ámbito tan importante como es el de la educación”. Quieren transparencia La bancada del PAN presentó un proyecto de reforma para concretar los objetivos de la reforma constitucional, en cuanto a garantizar la transparencia en la acción educativa mediante un esquema de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con el propósito de asegurar la solvencia presupuestal y cumplimiento de los objetivos educativos, las diputadas del PAN María Guadalupe Mondragón González y Aurora Aguilar Rodríguez presentaron una iniciativa para realizar cambios en la Ley General de Educación, a fin de que la SEP establezca un sistema de administración de nómina. La propuesta busca que las autoridades educativas estatales proporcionen a la SEP toda la información que ésta les requiera sobre los movimientos del personal que modifiquen cada nómina. Uno de los propósitos de esta iniciativa es que la secretaría pueda coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. El proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley General de Educación plantea que las autoridades educativas federal y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán de lo necesario para transparentar su gestión. La propuesta prevé que tanto la SEP como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. Dicho sistema identificará el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. En el proyecto de reforma, las parlamentarias panistas argumentan que para concretar los objetivos de la reforma constitucional se debe dar un siguiente paso para garantizar la transparencia en la acción educativa mediante un esquema de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de asegurar la solvencia presupuestal y cumplimiento de los objetivos educativos.

La representación nacional depositada en el Congreso requiere tener conocimiento puntual sobre el ejercicio de las atribuciones de las autoridades educativas del país y, dentro de éstas, de los avances en los planes y programas derivados de la Reforma Educativa. Para ello, se requiere de un ejercicio de transparencia que permita dar acceso también a todos aquellos interesados a la información relevante en torno al hecho educativo institucional”, se alega en la iniciativa. Fuente: Exelsiór