En una carta dirigida a los senadores, los enviados de la CIDH apremian a la cámara alta para que "tramite y apruebe en este periodo de sesiones la reforma constitucional para que se reconozca de manera expresa la desaparición forzada" antes de que venza el periodo legislativo a finales de abril. "México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición", dijo este grupo de cinco expertos. Tras una eventual aprobación en el Senado, esta reforma debería recibir la luz verde de la Cámara de Diputados para que pueda ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. En febrero, el subsecretario (vicecanciller) para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que México esperaba contar para junio con una Ley General de Desaparición Forzada. El grupo de expertos fue creado en octubre por acuerdo entre la CIDH, el Estado mexicano y los familiares de los jóvenes para que investiguen qué pasó con los 43 estudiantes de magisterio, desaparecidos el 26 de septiembre después de ser atacados por policías de Iguala, Guerrero, coludidos con narcotraficantes. La misión también debe analizar la investigación del crimen realizada por las autoridades mexicanas y proponer políticas públicas frente a la desaparición forzada en México, donde más de 22 mil personas han desaparecido desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas en 2006. La fiscalía general, que tiene un centenar de detenidos por el caso, asegura que los chicos acabaron siendo masacrados por miembros del cártel Guerreros Unidos, que habrían quemado sus cuerpos y arrojado sus cenizas a un río. Por ahora, sólo han podido ser reconocidos con ADN los restos de uno de los alumnos. Los padres de los estudiantes se resisten a creer la versión oficial, que también ha sido puesta en duda por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los expertos de la CIDH presentarán en septiembre sus conclusiones sobre este caso que conmocionó al mundo y puso en entredicho la política de seguridad de Peña Nieto. Fuente ; La Jornada