Paris Martínez/ Animal Politico Oaxaca, México.-Desde que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue creada en junio de 2013, esta área de trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 120 casos de desaparición forzada, en los que los perpetradores del delito fueron “posibles autoridades federales, ministeriales y/o municipales“. Tal como consta en el oficio SJAI/DGAJ/0284/2015, emitido por la PGR en febrero pasado, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales; 25 más por autoridades municipales y 21 por estatales. Según los registros de la Procuraduría, las víctimas desaparecidas por autoridades gubernamentales son 112 hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país. Además, este documento establece que 62% de las víctimas son niños y jóvenes: en 12 casos, se trata de menores de edad; 24 son jóvenes de 19 a 23 años; y otros 38 tenían entre 24 y 33 años de edad cuando fueron raptados. De estas 120 desapariciones atribuidas a agentes gubernamentales, 20 fueron cometidas entre 2008 y 2009, mientras que otras 50 se registraron en el año 2010, aunque no fue sino hasta 2013 que la autoridad federal comenzó a investigar todos estos casos. Además, otras 27 víctimas corresponden al año 2011; cuatro a 2012; 11 más fueron desaparecidas en 2013 y otras siete en 2014. Los registros de la PGR señalan que la entidad de la República en donde más desapariciones han sido cometidas por funcionarios públicos es Veracruz, con 29 casos, por lo que, según estas estadísticas, una de cada cuatro desapariciones forzadas a manos de funcionarios a nivel nacional ha sido cometida por servidores públicos veracruzanos. El segundo lugar a nivel nacional es Tamaulipas, con 22 víctimas; el tercero es ocupado por Coahuila, con 19 casos; y el cuarto sitio en desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos es el Distrito Federal, con 12 víctimas.

Isaías y Juan Pablo

“En Torreón, Coahuila –explica Claudia, una joven de 36 años, madre de dos pequeños–, el agua de la llave no se puede beber, es mala… y ese día mi esposo, Isaías, salió de casa para rellenar el garrafón. Su amigo Juan Pablo se ofreció para llevarlo en su camioneta al Oxxo, porque está a varias cuadras de la casa y ya era de noche, y se fueron. No los volvimos a ver… y el 5 de abril pasado se cumplieron seis años desde su desaparición.” –¿Quién se los llevó? –se pregunta a Claudia. –El Ejército –responde, con voz serena y sin titubeos. Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, veterinarios de profesión y desaparecidos en 2009, forman parte de las 120 víctimas cuyo rapto presuntamente a manos de autoridades mexicanas, que investiga la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, advierte Claudia, la creación de esta área de trabajo al interior de la PGR, hace ya dos años, no ha implicado un verdadero compromiso oficial para la localización de las víctimas. El caso de Isaías y Juan Pablo lo ejemplifica: “En el expediente de la investigación de mi esposo no hay nada: no hay avances, se dicen llamar Unidad de Búsqueda, pero realmente no hay una búsqueda“, explica Claudia. “Desde el inicio de la investigación, las autoridades no trabajaron como debió ser: primero, la camioneta fue encontrada casi inmediatamente después de que se fueron de la casa. La camioneta tenía balazos y sangre, y aunque las autoridades de Torreón encontraron la camioneta, no nos avisaron sino hasta 14 horas después; luego se negaron a iniciar una investigación, alegando que tenían que pasar 72 horas de la desaparición; y por último, el agente del Ministerio Público estatal me mandó a mí a preguntar con los vecinos del lugar donde encontraron la camioneta, él de plano no hizo nada, me dijo que yo preguntara y que le dijera lo que me habían platicado los vecinos, y que ya después él revisaría todo.” Fue así que Claudia tocó a la puerta de todos los vecinos de la colonia Ciudad Nazas, hasta que encontró a dos que aceptaron hablar: “Una persona afirmó que vio a militares disparando a la camioneta, se trata de una persona que en la balacera le dañaron su carro y su propia casa, entonces, ya que se detuvo la balacera, él intentó salir para ver sus cosas, y entonces un militar se le cruzó, lo iluminó con una linterna en la cara, y le ordenó que entrara a su casa… esta persona afirma que los militares venían en varias camionetas verdes, con metralletas instaladas en la cajuela. Además, otra señora hizo mención de que a uno de los muchachos lo subieron a rastras a una de las camionetas militares, y que al otro lo subieron por su propio pie. Y también afirman que vieron a los militares recogiendo casquillos del suelo, todos los que encontraron, aunque de todas formas quedaron las balas incrustadas en la camioneta.” Al día siguiente, del vehículo abandonado fueron recuperados 39 balas calibre .223, detalla Claudia, “que son balas para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, especiales para rifles de asalto, como los AR15, que emplea el Ejército mexicano. Durante un mes después de la desaparición forzada de Isaías y Juan Pablo, explica Claudia, “el Ejército se dedicó a negar que tuviera conocimiento de los hechos. Así, decían que no sabían absolutamente nada. Pero luego recibimos apoyo de los entonces senadores Rosario Ibarra y Gabino Cué (actual gobernador de Oaxaca), porque mi esposo es oaxaqueño, y ellos subieron un punto de acuerdo en el Senado, exigiendo a la Secretaría de la Defensa que presentara un informe sobre los hechos. Y sólo así, el Ejército terminó reconociendo que sí hubo militares en la zona, pero aseguran que los soldados llegaron después, ya que la camioneta había sido balaceada, y que cuando llegaron ya no encontraron a nadie a bordo, dicen que sólo vieron una camioneta alejarse a gran velocidad, pero no le dieron alcance…” –Con todos estos indicios, ¿en la Unidad Especial de Búsqueda existe una línea de investigación que apunte al Ejército? –No –responde Claudia–, en la PGR nunca han llamado a declarar a ningún militar, ni han pedido ninguna explicación al Ejército, ni siquiera han solicitado las bitácoras del cuartel de Torreón, para saber qué soldados estaban fuera de las instalaciones en ese momento y con qué encargos. Es más: en el expediente de la investigación ya no están los reportes de balística. Ya no hay ningún documento en el expediente que mencione las 39 balas recuperadas, además de que se tardaron dos años en solicitar a la Procuraduría estatal el peritaje de huellas dactilares que se realizó a la camioneta. Lo único que han hecho aquí en la PGR, supuestamente, es buscar a Isaías en cárceles y en morgues, sin ningún resultado. –Y ustedes, como familia, ¿han intentado acercarse a la Secretaría de la Defensa Nacional? –Sí, muchas veces nosotros fuimos al cuartel de Torreón, para pedir información, pero nunca pasamos de la puerta, jamás nos han querido atender. Solamente una vez, en enero de 2010, una patrulla de militares llegó a la casa de mis papás, que viven en Durango, para anunciar que me estaban buscando, que querían que me presentara al cuartel de Durango. ¿Por qué en Durango? No lo sé. Pero yo fui hasta ese estado, y en el cuartel de ahí lo único que hicieron fue tomarnos nuestra declaración sobre la desaparición de Isaías y Juan Pablo, y luego nos pidieron que nos retiráramos. No quisieron darnos ningún comprobante de que habíamos realizado esa diligencia, no nos quisieron dar copia de nuestra declaración, ni tampoco el número del expediente en el que había sido integrada. Eso es todo.

La Unidad

Claudia concede esta entrevista en un hotel de la Ciudad de México, hasta donde se ha trasladado por indicaciones de personal de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque supuestamente tenían avances en la investigación de los cuales notificarle. –¿Qué avances le presentó hoy la Unidad de Búsqueda? –se le pregunta. Claudia endurece la mirada. –Ninguno… me hicieron venir hasta la Ciudad de México, porque dijeron que habían realizado un cateo, y que habían encontrado cosas importantes relacionadas con la desaparición de Isaías y Juan Pablo. Eso me lo dijo el pasado 22 de mayo un funcionario de la Unidad, de nombre Arturo Pedroza, que fue a Torreón para encabezar una revisión de casos. Eso me dijo este sujeto, y entonces yo me vine al DF, tuve que conseguir recursos para poder pagar el viaje y el hospedaje y la alimentación; y ya que llego aquí, me salen con que no es así, que el cateo fue para otra cosa y que no tiene nada que ver con mi esposo… y ésta no es la primera vez que alguna autoridad me ha mentido –sólo entonces Claudia se quiebra, pero no de tristeza, sino de rabia–. Ésa es mi molestia: ¡vengo yo con una ilusión, con la esperanza de que de ese cateo hubiera salido algo nuevo para la investigación, que pueda ayudar a localizar a mi esposo, y resulta que no hay nada! Para recuperar la compostura, Claudia guarda silencio, y busca en su teléfono celular una foto de Isaías, en la que aparece sonriente, mirando de lleno a la cámara. Cuando finalmente encuentra la imagen, Claudia se decide a hablar, aunque sin separar la mirada de la de Isaías. “No se vale –dice– que nos den información falsa… no se vale.”