Cimacnoticias  México, DF.- Activistas por los derechos de las mujeres advirtieron que no aceptarán Alertas de Violencia de Género (AVG) “parciales” para los estados de Colima y Michoacán –como se decretó recientemente en el Estado de México y Morelos, donde se validó el mecanismo sólo para algunos municipios–, debido a que una medida de este tipo no atiende de manera eficaz la gravedad del feminicidio. Al participar ayer en el foro “Comunicar el feminicidio: debates éticos”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrantes de la agrupación Académicas en Acción Crítica informaron sobre el estado que guardan las solicitudes de AVG en algunas entidades del país. Martha Nava, integrante de esa organización y quien acudió en representación de Colima, dijo que en esa entidad el gobierno local presuntamente está trabajando para cumplir las 10 recomendaciones que en abril pasado emitió un Grupo de Trabajo –integrado por académicas y representantes de instancias federales y estatales– a fin de prevenir y sancionar la violencia feminicida. No obstante, Nava expresó que –aunque el gobierno estatal no lo ha informado de manera oficial– las activistas se enteraron de que no se declarará la AVG para Colima con la justificación de que “no se encontró violencia sistemática” en la entidad, argumento que las mujeres calificaron como “ambiguo”. Tal negativa podría darse a pesar de que en 2013 la prensa local reportó 41 asesinatos de mujeres, de los que 16 se consideraron como feminicidio, se investigaron seis, y ninguno derivó en sentencia. Para el caso de Michoacán, Circe López Riofrio, de la organización civil Humanas sin Violencia, informó que al gobierno del estado le quedan tres meses de plazo para atender las nueve recomendaciones que el Grupo de Trabajo le ordenó cumplir también desde abril pasado. No obstante, la mayoría de las acciones para cumplir las recomendaciones –precisó López Riofrio– las realiza la Secretaría de la Mujer del estado, además de que –aseguró la académica– ya se inició el proceso de transición en la administración local, y no se ha informado qué va a pasar con la AVG. López Riofrio sostuvo que por ello las activistas no creen que se declare la AVG en el estado, pero –aclaró– tampoco están dispuestas a aceptar una alerta “parcial”, es decir, que no se decrete en todos los municipios. Al respecto, la jurista Cynthia Galicia Mendoza consideró que hay un “pacto” entre los gobiernos de los municipios, de los estados y el federal que impide la declaratoria de la AVG en los territorios del país a cambio de beneficios electorales. “Se está intercambiando a las mujeres asesinadas por territorios electorales”, manifestó. “Claramente hay una negociación para emitir o no una alerta dependiendo del territorio en el que aparezcan los cuerpos de las mujeres; hay un pacto entre las principales autoridades federales, estatales y los gobernadores, en el que el principal operador político es la Secretaría de Gobernación”, observó. Galicia Mendoza, también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que si bien en Morelos y el Edomex ya se decretó la AVG, el procurador de Justicia de esta última entidad, Alejandro Gómez Sánchez, no ha enviado el mensaje a la población de que no habrá impunidad en los asesinatos de mujeres. Criticó que, al contrario, los gobernadores de esos estados ahora quieren asumir la AVG como un “logro personal”. “Las declaratorias no son como lo han querido plantear los gobiernos: ‘actos de confianza de que están resolviendo el problema’”, acotó Galicia. La académica reprochó también que la AVG para Guanajuato se descartara aunque el gobierno del estado haya incumplido todas las medidas para evitar el feminicidio, y no hubiera logrado erradicar los asesinatos y desapariciones de mujeres. “Negarse es una política de Estado”, sentenció. La abogada detalló que los gobiernos locales ven las AVG como un asunto “mediático y político”, y que el Estado mexicano intencionalmente no difunde información estadística sobre el número de víctimas de feminicidio. Las AVG –declaró Cynthia Galicia– son parte del derecho de las activistas a defender los Derechos Humanos de las mujeres, y son instrumentos que difunden el mensaje de que la violencia feminicida es responsabilidad del Estado y que los asesinos de mujeres son visibles. Además, pone en relieve la voluntad de las entidades y los municipios para romper con los perpetradores de violencia y acabar con la impunidad. Hasta ahora se ha decretado la AVG para 10 municipios del Estado de México y ocho en Morelos, pero se negó para Guanajuato y están pendientes de resolución, además de Colima y Michoacán, Baja California, Nuevo León, Chiapas y Sonora.