Cimacnoticias  Oaxaca, México.-El Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó hoy la procedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de México, entidad que desde 2010 es señalada por activistas como un “foco rojo” de la violencia de género. Tras cinco años de exigencia ciudadana y llamados internacionales para detener la violencia contra las mujeres en el Edomex, el SNPASEVM sesionó para conocer el informe sobre violencia feminicida que se elaboró en la entidad –ordenado por mandato judicial desde 2013–, y votar la procedencia de la AVG en 11 municipios mexiquense, tal y como lo había solicitado –presionado por las protestas ciudadanas– el gobernador Eruviel Ávila, el pasado 7 de julio   . Por primera vez desde su creación en 2007, el Sistema reconoció que la AVG está diseñada para detener la violencia feminicida, y no para atacar a los gobiernos locales, por lo que finalmente decretó la Alerta que tendrá medidas urgentes en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Ahora corresponde por ley a la Secretaría de Gobernación (Segob), como cabeza del SNPASEVM, elaborar –aunque aún no se sabe los montos federales a destinarse– el programa de acciones que deberán emprenderse de manera urgente en estas 11 localidades, y notificar oficialmente de ello al Gobierno del Estado de México (GEM), que tendrá la obligación de implementarlas. Se espera que mañana la Segob active formalmente la AVG. Durante la sesión –según contó a Cimacnoticias María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)–, las representantes de las dependencias estatales y federales que integran el Sistema dijeron que por años se ha negado la procedencia de una AVG con el argumento de que era una forma de “atacar a los gobiernos locales”. Estrada precisó que no se dio lectura íntegra al informe sobre violencia feminicida en el Edomex, pero se resaltaron algunos elementos para reconocer que en la entidad existe un contexto de impunidad, corrupción e inexistencia de personal capacitado ante los asesinatos y desapariciones de mujeres. En dos gobiernos mexiquenses (el de Enrique Peña Nieto –ahora titular del Ejecutivo federal– y Eruviel Ávila Villegas) se ha registrado 70 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio. “Esto tiene como consecuencia que los agresores conozcan este patrón de impunidad y sigan cometiendo estos actos, que ahora se ven agravados con una situación muy grave de desapariciones, que fueron elementos que se reconocieron durante la sesión”, abundó Estrada. En la sesión del SNPASEVM, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, señaló que uno de los factores que ha permitido que la violencia contra las mujeres se incremente es el silencio de las autoridades por abordar estos temas. De acuerdo con lo aprobado hoy por el Sistema, las acciones urgentes en los 11 municipios estarán enfocadas en la prevención de la violencia, la seguridad y la justicia, y se permitirá a las organizaciones civiles formar parte del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Alerta. Al mismo tiempo se mencionó que se trabajará en una nueva reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permita que la AVG se implemente de manera urgente cuando sea solicitada. Para el OCNF, organización que en conjunto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigió desde hace cinco años la activación de la AVG en el Edomex, las medidas que se desprendan deben estar enfocadas en combatir el feminicidio y la desaparición, sobre todo, de mujeres jóvenes. Por lo que es fundamental que el GEM reconozca públicamente la existencia del feminicidio y se ordene la reapertura de los casos que siguen impunes, especialmente aquellos que fueron presentados ante el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que realizó la investigación sobre violencia feminicida en la entidad, entre ellos el asesinato de Mariana Lima Buendía, perpetrado en diciembre de 2010. Otra de las medidas propuestas por el OCNF –contó Luz Estrada– es la creación de Unidades de Contexto, para analizar lo que está en el fondo de las agresiones contra mujeres, y dar instrucciones precisas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre la forma en la que debe realizarse la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. También se deberá realizar un diagnóstico sobre cuáles son las razones por las que desaparecen las mujeres de entre 15 y 17 años de edad, así como un informe exhaustivo sobre los restos de mujeres localizados en el Canal de los Remedios, en el municipio de Ecatepec, y la capacitación a funcionarias y funcionarios. Luego de conocer la decisión del Sistema, José Manzur, secretario de Gobierno del Edomex, dijo en conferencia de prensa en Toluca, la capital del estado, que ya se ha desarrollado “un plan de acción estratégico” para asegurar los derechos de las mujeres y acatar la AVG. En el área de prevención se cuenta con un programa de cultura, campañas de prevención en espacios educativos, recuperación de espacios públicos, y se colocarán cámaras de vigilancia en zonas de alto índice delictivo. “Para garantizar la seguridad” de las mujeres –agregó el funcionario– se establecerán centros de justicia para las mujeres, y se integrará de manera inmediata un grupo jurídico para analizar las carpetas de investigación por casos de asesinatos de mujeres. El funcionario no perdió la oportunidad de resaltar que en este gobierno se han realizado diversas acciones para proteger a los 8.6 millones de mujeres mexiquenses, y enlistó todos los logros que se han implementado en este sexenio. DEMANDA AÑEJA Se debe destacar que para que fuera decretada la AVG en el Edomex fueron necesarios cinco años de llamados internacionales, manifestaciones sociales, cambios legislativos y sentencias judiciales. De 2005 a 2010 el OCNF tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de AVG en diciembre de 2010. En enero de 2011 el Sistema negó, sin justificar o argumentar su negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta resolución. En 2012 y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones, y ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir una nueva, apegada a derecho. Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de abril de 2014 el Sistema admitió la procedencia de la investigación y que ésta correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de personalidades de la academia, como ocurre con los Grupos de Trabajo que investigan en otros estados. En febrero pasado se presentó un nuevo amparo ante el Poder Judicial para que éste ordenara la publicación de dicho informe. La inoperancia de la AVG incluso derivó en que en 2012, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitiera una recomendación al Estado mexicano para que eliminara los obstáculos que impedían la declaración del mecanismo. El 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para “volver operable” la Alerta,