Viernes 28 de agosto, 2015. 05:55 pm
Se triplican con Peña Nieto agresiones a defensoras
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Anayeli García Martínez/CIMAC
México.- Durante los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015) hubo más agresiones contra activistas que durante los últimos dos años de la gestión de Felipe Calderón (2011-2012), según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: La represión política, una práctica generalizada”.
De acuerdo con la documentación realizada por el Comité Cerezo México, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos en los que se violentó, amenazó o agredió a 47 organizaciones, 35 comunidades y 248 personas, de las cuales 78 son mujeres.
Esto indica que la violencia aumentó, ya que en los últimos dos años de Calderón Hinojosa se registraron 192 eventos, y en lo que va del gobierno priista se tiene conocimiento de 629.
Al presentar ayer el informe en el Centro Universitario Cultural, Alejandro Cerezo, coordinador de ACUDDEH, y Francisco Cerezo, coordinador del Comité, señalaron que en los tres últimos informes se encontró que la forma más utilizada para evitar el trabajo de las y los defensores de DH es el hostigamiento, es decir, cuando los perpetradores tienen acercamiento físico con sus víctimas a fin de “causar mayor impacto”.
Es por ello que las agrupaciones afirmaron que ahora existen “menos amenazas”, ya que la política de Estado (que involucra a todos los niveles de las autoridades) es “atacar y agredir” a las personas defensoras, lo que significa que las autoridades ejercen la represión política para acallar las exigencias sociales.
Entre los casos documentados están la represión a las y los jornaleros del Valle de San Quintín, por parte de elementos de seguridad del estado de Baja California, luego de que en marzo pasado las y los campesinos realizaran diversas protestas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.
También se registró la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada el 26 en septiembre de 2014, así como el posterior hostigamiento a sus familias y simpatizantes que exigen su presentación con vida.
Un caso más fue la presunta violación sexual cometida por policías a por lo menos tres maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, quienes fueron violentadas por exigir el aumento de sueldos y plazas para personal docente.
Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que la labor de las y los defensores es clave para la construcción de la “verdadera democracia”, porque ellos colaboran en las trasformaciones sociales.
Ante las agresiones físicas contra activistas, el defensor criticó que se use una estrategia de “terror” para reprimir la organización y la protesta social, estrategia que, alertó, el Estado gradualmente va perfeccionando.
“La represión, el acoso y el uso del terror es una práctica desgraciadamente generalizada en México”, remarcó al señalar que esto se da en todas las entidades del país para limitar o anular grupos disidentes, tal como sucedió en los años 70 durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, cuando se cometieron detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones.
Asimismo, Concha Malo destacó la “poca o nula” respuesta del sistema de justicia para detener los ataques a las y los defensores, porque aseguró que ello evidencia que las instituciones “se quedan cortas” para hacer efectivo el derecho a la justicia, los derechos de las víctimas y reparar el daño.
“Pareciera que estamos condenadas y condenados a padecer esta impunidad y corrupción que se ha instalado como un cáncer en las instituciones de gobierno”, lamentó a la vez que llamó a conocer el panorama para exigir acciones de parte de las autoridades.
De acuerdo con la documentación realizada por el Comité Cerezo México, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos en los que se violentó, amenazó o agredió a 47 organizaciones, 35 comunidades y 248 personas, de las cuales 78 son mujeres.
Esto indica que la violencia aumentó, ya que en los últimos dos años de Calderón Hinojosa se registraron 192 eventos, y en lo que va del gobierno priista se tiene conocimiento de 629.
Al presentar ayer el informe en el Centro Universitario Cultural, Alejandro Cerezo, coordinador de ACUDDEH, y Francisco Cerezo, coordinador del Comité, señalaron que en los tres últimos informes se encontró que la forma más utilizada para evitar el trabajo de las y los defensores de DH es el hostigamiento, es decir, cuando los perpetradores tienen acercamiento físico con sus víctimas a fin de “causar mayor impacto”.
Es por ello que las agrupaciones afirmaron que ahora existen “menos amenazas”, ya que la política de Estado (que involucra a todos los niveles de las autoridades) es “atacar y agredir” a las personas defensoras, lo que significa que las autoridades ejercen la represión política para acallar las exigencias sociales.
Entre los casos documentados están la represión a las y los jornaleros del Valle de San Quintín, por parte de elementos de seguridad del estado de Baja California, luego de que en marzo pasado las y los campesinos realizaran diversas protestas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.
También se registró la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada el 26 en septiembre de 2014, así como el posterior hostigamiento a sus familias y simpatizantes que exigen su presentación con vida.
Un caso más fue la presunta violación sexual cometida por policías a por lo menos tres maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el puerto de Acapulco, quienes fueron violentadas por exigir el aumento de sueldos y plazas para personal docente.
Al respecto, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que la labor de las y los defensores es clave para la construcción de la “verdadera democracia”, porque ellos colaboran en las trasformaciones sociales.
Ante las agresiones físicas contra activistas, el defensor criticó que se use una estrategia de “terror” para reprimir la organización y la protesta social, estrategia que, alertó, el Estado gradualmente va perfeccionando.
“La represión, el acoso y el uso del terror es una práctica desgraciadamente generalizada en México”, remarcó al señalar que esto se da en todas las entidades del país para limitar o anular grupos disidentes, tal como sucedió en los años 70 durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, cuando se cometieron detenciones arbitrarias, torturas o ejecuciones.
Asimismo, Concha Malo destacó la “poca o nula” respuesta del sistema de justicia para detener los ataques a las y los defensores, porque aseguró que ello evidencia que las instituciones “se quedan cortas” para hacer efectivo el derecho a la justicia, los derechos de las víctimas y reparar el daño.
“Pareciera que estamos condenadas y condenados a padecer esta impunidad y corrupción que se ha instalado como un cáncer en las instituciones de gobierno”, lamentó a la vez que llamó a conocer el panorama para exigir acciones de parte de las autoridades.
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