Oaxaca, México.- Todos en este país estamos expuestos a ser víctimas de tortura, ya que si por alguna razón alguien llega a sufrir detención policial, queda expuesta o expuesto a ser víctima de tortura, pues las diferentes corporaciones de la fuerza pública siguen usando diferentes formas de tormento como “método de investigación”, expuso la defensora de derechos humanos Sara Méndez Morales.

La integrante de la asociación civil CódigoDH-Gobixha enfatizó que en México la sociedad civil ha documentado que la tortura sí se practica, incluso en forma sistemática, pues los gobiernos y las corporaciones de policía siguen usando tormentos físicos y psicológicos como medio para investigar delitos, lo cual, aunado a la falta de castigo para los responsables de estas prácticas, genera un ambiente de impunidad que favorece la persistencia de este mal social.

Méndez Morales agregó que es de conocimiento público que la tortura aún se práctica en México, pues incluso en algunos procesos judiciales se han admitido testimonios arrancados bajo tortura que algunas autoridades han admitido con carácter probatorio para el delito que pretendían sancionar.

Esto es preocupante, dijo la también consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, pues habla de una falta de profesionalización y capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos para combatir la tortura, ya que los esfuerzos al respecto no han sido suficientes para erradicar esta práctica.

Puntualizó que la organización Código DH-Gobixha ha documentado diversas prácticas de tortura, como amenazas de muerte o de violación, así como simulacros de fusilamiento, además de golpes, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellos, mantener a las personas en una sola posición por mucho tiempo, no proporcionarles alimento, impedirles conciliar el sueño, privarlas de la luz del sol, etc.

Méndez Morales especificó que la tortura suele comenzar desde la detención de las personas y tiene una duración indeterminada, pues hay casos en los que las personas ya se encuentran purgando una condena y aún son sometidas a torturas.

La defensora manifestó que pese a que la tortura es una violación grave a los derechos humanos, son muy pocos los casos que se litigan tipificados de esa manera. Explicó que esto se debe a la falta de uso de instrumentos internacionales que comprueban la tortura, como el Protocolo de Estambul, una herramienta de carácter integral y con validez jurídica que ayuda a probar la tortura, ya que incluye peritajes médico y psicológico.

Sostuvo que en México una serie de barreras institucionales impide el reconocimiento de los casos de tortura, y entre estas barreras está la falta de peritos especializados en la aplicación del Protocolo de Estambul, pues cuando se presentan denuncias por tortura las autoridades catalogan las evidencias y el caso sólo como lesiones, cuya gravedad varía dependiendo del tiempo que las heridas tarden en sanar.

Méndez Morales explicó que, pese a que México ya ratificó diversos tratados internacionales contra la tortura y pese a las recomendaciones que diversas instancias internacionales han hecho, como el Relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tortura, así como la modificación del artículo 1° constitucional, aún falta capacitación a las instancias públicas, pero sobretodo les falta sensibilidad, pues la tortura produce graves daños a la persona y su dignidad.

La tortura en México está prohibida en la Constitución federal, recalcó la entrevistada, “por ejemplo, en el artículo 22; pero pese a esto, la práctica persiste en el país, y desde la declaración de guerra contra el narcotráfico se ha recrudecido. Desde ese acto, el combate al crimen organizado se ha utilizado como una justificación para las prácticas de tortura, vulnerando derechos humanos de diversas personas”.

La defensora de derechos humanos llamó a que la sociedad sea vigilante e instó a quienes han sido víctimas de tortura a que denuncien hechos de esta clase, a fin de mostrar que como sociedad no estamos dispuestos a tolerar este tipo de actitudes por parte del Estado, pues los actos de tortura suelen ser cometidos por las autoridades