Cimacnoticias  México.-El pasado 1 de septiembre inició la 63 Legislatura federal: 500 nuevos diputados y continuidad de 128 integrantes en el Senado. Por la reforma constitucional de 2014, que incluyó la paridad de género en elecciones a nivel federal (y local), la Cámara de Diputados cuenta ahora con 211 mujeres (42.4 por ciento). El Senado reinicia con 44 mujeres (34.3 por ciento). Esos datos resultan relevantes, pues si bien las mujeres de ambas cámaras del Congreso de la Unión representan a los diferentes partidos políticos y su trabajo legislativo estará en consonancia, sobre todo, con los principios de éstos, también es cierto que existe una mayor posibilidad de que más mujeres se involucren y trabajen a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, aunque tengan que persuadir a las élites parlamentarias, aún en manos de varones, de los beneficios de legislar con perspectiva de género. En general, las y los mexicanos confiamos muy poco en el trabajo de diputados y senadores. De acuerdo con la encuesta Mitofsky (febrero de 2014), el nivel de confianza es de 5.4 y 5.7 respectivamente, lo cual está dentro del rango de confianza baja del sondeo. [caption id="attachment_12045" align="alignleft" width="300"] Nuevamente los diputados aprueba una ley que atenta contra los derechos ambientales de todos los mexicanos[/caption] La pregunta es: ¿Por qué las organizaciones que formamos la Coalición por la Salud de las Mujeres nos empeñamos en trabajar con el Poder Legislativo federal? Principalmente la Cámara de Diputados. La respuesta no es sencilla, pero estamos convencidas de que éste es un espacio de deliberación pública en el que se tratan asuntos trascendentales para la vida y la salud de las mujeres, y que debemos llevar a estos espacios la voz de la ciudadanía organizada. No tenemos espacio para comentar sobre el resultado del trabajo total de la anterior Legislatura, pero podemos señalar que en el último periodo ordinario (febrero a abril de 2015), en la Cámara baja se presentaron 384 iniciativas y 338 puntos de acuerdo. De éstos, se aprobaron dos y 74 asuntos respectivamente. Las dos reformas aprobadas se refieren a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Las organizaciones de la Coalición tenemos bien definidas nuestras áreas de interés: la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en adolescentes, el acceso a anticonceptivos, las mujeres y el VIH, la muerte materna, las mujeres indígenas y la salud reproductiva, el aborto seguro, la educación sexual integral, y todo ello, asociado a la vigilancia de las políticas públicas vigentes, y a la asignación y ejercicio del presupuesto público. Éste se concentra en un instrumento denominado “Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, mismo que será discutido en las siguientes semanas como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF). Y más allá del Anexo de Igualdad, debemos opinar sobre la distribución de recursos al Ramo 12 “Salud”, y los dineros y mecanismos de transparencia para el Seguro Popular (SP). Sabemos que son pocas las propuestas legislativas que logran trascender el proceso legislativo y convertirse en ley; las que lo logran responden en gran medida a las preocupaciones de las cúpulas partidarias y están asociados a temas nacionales de coyuntura y acuerdos políticos previos. Si revisamos las agendas que los diferentes grupos parlamentarios presentaron como sus prioridades al inicio de esta 63 Legislatura encontramos: temas de seguridad, justicia, finanzas públicas, lavado de dinero, derechos de víctimas, reforma fiscal, zonas económicas especiales y leyes secundarias de las llamadas reformas estructurales. No obstante, es de llamar la atención que, en los hechos, hay ciertos temas que se han colocado en la discusión legislativa. Declarativamente, incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha colocado entre sus prioridades de agenda legislativa, para este periodo que inicia, a la salud reproductiva, el VPH, la reproducción asistida, los sistemas de registro electrónico para la salud; así como el fortalecimiento a programas de apoyo a madres adolescentes y la problemática del embarazo temprano. En efecto, esto no es gratuito, el embarazo en adolescentes apareció de manera constante durante la pasada Legislatura. Su planteamiento incluyó el acceso a educación sexual, anticoncepción, anticoncepción de emergencia, acceso a servicios de salud y educación, prevención de VIH y embarazo, asuntos en los que es necesario reforzar su abordaje desde la progresividad de los Derechos Humanos de las y los adolescentes, y como un asunto de salud pública y educación y, sobre todo, que avance del planteamiento político a la concreción en la legislación nacional. En febrero pasado entró en escena la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescente (ENAPEA), impulsada desde el Ejecutivo federal. Entre sus metas se encuentra que para 2030 se reduzca 50 por ciento la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. Éste y los otros temas de interés de la Coalición también forman parte tanto de la agenda internacional como regional que se discute en este momento. Por una parte, este septiembre se adopta la Agenda de Desarrollo Post 2015 que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se plantean alcanzar en 2030. Incluye tres esferas del desarrollo: social, económico y ambiental, y será el paradigma que sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A nivel regional tenemos el Consenso de Montevideo (septiembre de 2013), y este año en México, durante la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo, se aprobará la Guía Operativa que ayudará a los países latinoamericanos a dar seguimiento de los avances ahí comprometidos. Incluye temas de población y desarrollo: derechos y demandas de niñas, niños y adolescentes, envejecimiento y desafíos sociales de protección y cuidado, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración y Derechos Humanos, territorio, movilidad, pueblos indígenas, interculturalidad, afrodescendientes y combate al racismo. Ambos instrumentos políticos son guías fundamentales para el progreso de políticas públicas y legislativas asociadas al desarrollo integral bajo el énfasis de Derechos Humanos. Desde la Coalición por la Salud de las Mujeres insistiremos en dialogar y proponer a los nuevos legisladores, a las comisiones de Igualdad y de Presupuesto y Cuenta Pública (cuya integración se realizará este 30 de septiembre), que se establezca el diálogo entre dependencias de gobierno, Poder Legislativo y ciudadanía sobre el Proyecto de PEF 2016, en materia de salud sexual y reproductiva. Para esta tarea, las y los diputados cuentan con el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sobre el Anexo de Igualdad. Al momento de discutir el PEF, sería conveniente tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por este Consejo. Por tanto, buscaremos que los diputados, mujeres y hombres,  recién llegados, realicen la evaluación de la política pública vigente. Asimismo, invitamos a las y los diputados de la 63 Legislatura a trabajar de manera cercana con las organizaciones y la academia. Éstas cuentan con insumos y evidencia que puede enriquecer las discusiones parlamentarias. Si deseamos mejorar la democracia en nuestro país, y si las y los legisladores buscaran mejorar su valoración social, la participación de la ciudadanía en estas tareas es una buena vía para lograrlo. *Martha Juárez Pérez es enlace con el Poder Legislativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. **Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.