Sin desagregar por sexo denuncias de agresiones a migrantes

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias Oaxaca.-Grupos civiles exigieron al gobierno mexicano garantice acceso a la justicia, a la reparación del daño, a visas humanitarias y refugio a la población migrante, además de que brinde información detallada y desagregada por sexo respecto a las quejas y denuncias por presuntos abusos contra migrantes, tras la implementación del Plan Frontera Sur. Así lo exigieron hoy en conferencia de prensa en esta ciudad al menos nueve organizaciones ciudadanas –entre ellas Fundar Centro de Análisis e Investigación–, que elaboraron el informe “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los Derechos Humanos contra personas migrantes y refugiadas en México”. Y es que entre los principales hallazgos del informe está que el Plan Frontera Sur –presentado por el Ejecutivo federal en julio de 2014– aumentó de manera significativa los operativos, detenciones y deportaciones de migrantes. Por ejemplo, entre julio de 2014 y junio de 2015 las detenciones migratorias aumentaron 75 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Se suma un incremento –registrado por las casas que atienden a migrantes– en los abusos y delitos que cometen grupos criminales y agentes del Estado contra esta población, tales como robo, secuestro, extorsión y trata de personas; y en el caso de niñas, adolescentes y mujeres se reportó más violencia sexual. Sin embargo –observaron las y los activistas– “hay una carencia de datos contundentes sobre la procuración de justicia para migrantes en México”, ya que la información más precisa proviene de la Fiscalía General del Estado Oaxaca, que reporta que de 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en averiguación previa, y sólo en cuatro hubo sentencias para los perpetradores, pero sin precisar el sexo de las víctimas. Alberto Donis Rodríguez, coordinador del refugio Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, dijo en breve entrevista que en general la información que recibieron por parte de las dependencias sobre acceso a la justicia y atención a las denuncias que presentaron personas migrantes, es de “muy mala calidad” y ninguna instancia brindó datos desagregados por sexo, por lo que se optó por poner sólo cifras generales. Esto es así a pesar de que la mayoría de los delitos sexuales registrados fueron contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes conforman la población más vulnerable dentro del flujo migratorio, acotaron las y los activistas. Agregaron que ante la falta de seguridad y acceso a la justicia, son ellas quienes han desarrollado algunas estrategias de sobrevivencia como trasladarse en grupo, aliarse con otras mujeres, o permanecer el menor tiempo posible en los refugios del norte del país, donde –consideran– están en más riesgo. Maureen Meyer, coordinadora del programa México y derechos de migrantes, de la organización Advocacy for Human Rights in The Americas (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que este informe demuestra que con el Plan Frontera Sur hay un uso excesivo de la fuerza contra la población migrante durante los operativos, lo que propicia más abusos en su contra. “El gobierno ha fracasado en la protección de los migrantes y ha habido un aumento en la política de deportación, y una falta de acceso a la justicia. En nuestra experiencia, los procedimientos para acceder a las visas humanitarias y refugios sólo tienen resultados positivos cuando son acompañados por la sociedad civil”, abundó. “Tiene que haber una respuesta eficaz del gobierno mexicano frente a esa realidad. Si México quiere garantizar los Derechos Humanos de los migrantes tiene que ampliar su capacidad de protección y acceso a la justicia y no ver el tema sólo como de administración de flujos de personas”. Según los datos recopilados en el informe, de las mil 617 quejas que presentaron migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 1 de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2015, sólo cuatro –sin desagregar por sexo– resultaron en una recomendación. En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –que tampoco da cifras desagregadas por sexo– entre 2014 y lo que va de 2015 sólo ha expedido poco más de 900 visas humanitarias para personas de origen centroamericano que huyen de sus países debido a la violencia extrema en la que viven. Se añade que únicamente siete entidades de México cuentan con una fiscalía especializada para atender delitos contra personas migrantes. Para operar el Plan Frontera Sur –se asienta en el informe–, el gobierno estadounidense ofreció un apoyo político y financiero a México para el control migratorio, especialmente después del aumento en la llegada de niñas, niños y adolescentes no acompañados a EU. Ese apoyo se tradujo en que en 2014 EU diera 86 millones de dólares (mil 440 millones 500 mil pesos mexicanos) a nuestro país para actividades relacionadas a la seguridad fronteriza en el sur de México, como parte de la Iniciativa Mérida, y que en 2015 se asignaran otros 79 millones de dólares (mil 323 millones 250 mil pesos mexicanos) para este mismo propósito.