Oaxaca, México.- El 4 de abril pasado, doce ciudadanos iniciamos a través de la plataforma Change.org una petición a las autoridades electorales para que cancele el registro al Partido Ecologista de México (PVEM) porque creemos en el Estado de Derecho y estamos a favor de la democracia.
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Es imposible hablar por las 140,000 personas que en 25 días han firmado la petición #QuitenRegistroAlVerde. Creemos que las 5,600 firmas diarias se derivan de la indignación ciudadana, pero sobre todo de un texto responsable que encuentra sólido fundamento en la legislación electoral vigente.
El PVEM podrá caer bien o mal, su relación simbiótica con el duopolio televisivo podrá parecer inaceptable, su agenda legislativa podrá ser todo menos ecologista o la banalidad de sus candidatos y propaganda electoral podrá ser insultante.
Aún así, eso no es lo que hoy nos convoca. No es, como han querido pintar algunos, una petición que parte de simpatías o antipatías, de filias o fobias. Esas, en efecto, se dirimen y reflejan en las urnas, en ninguna otra parte.
La petición que hacemos es a favor de la legalidad, del Estado de derecho y, sobre todo, de la protección a los avances democráticos que encuentran en la equidad de la contienda uno de sus ejes rectores. La Ley no permite —y de hecho sanciona con la cancelación del registro— la violación grave y sistemática de las reglas del juego democrático. La Ley no lo permite, pero las autoridades electorales que deben ser independientes, continúan privilegiando un esquema de multas que establece, de facto, un esquema de incentivos perversos.
La situación que hoy vivimos, en donde el PVEM se ha hecho acreedor a una multa cada tercer día, es responsabilidad directa de las propias autoridades. A todas luces, una multa cada 72 horas refleja un proceso en el que la sanción anterior no fue disuasiva del comportamiento ilegal siguiente. Cuando esto ocurre durante meses, queda claro que alguien ha hecho sus cálculos electorales, ha encontrado acomodo y ha entendido a cabalidad los incentivos puestos sobre la mesa por la propia autoridad.
Ante la tibieza de nuestras autoridades lo que conviene, lo redituable, es violar la Ley. “Viole ahora, pague después”; “Viole ahora; veremos si las urnas deciden”. El uso ilegal de recursos públicos, de recursos privados y la violación al modelo de comunicación política han lastimado la equidad de la contienda electoral de manera irreversible, no cuantificable.
Las autoridades electorales han abierto una puerta por la que hoy pasa el PVEM y mañana lo harán el resto de los partidos políticos atentando en contra de los derechos políticos de los ciudadanos y de la ya tan lastimada vida democrática de nuestro país.
En la versión original de la petición incluimos un largo listado de prácticas y conductas ilegales. Aquí la versión actualizada de las mismas, todas atribuibles al Partido Verde según las propias autoridades electorales:
Uso de recursos públicos y privados ilegales.
Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal, pasando por encima de la prohibición constitucional.
Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en
todas las entidades del país.
Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
Propaganda ilegal en tortillerías.
Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
¿Cómo mantener a un instituto político que se sostiene permanentemente en la ilegalidad? Por ello y con fundamento en el Artículo Octavo constitucional y demás relacionados, el día de hoy hemos presentado ante Oficialía de Partes del INE no sólo las 140,000 firmas, sino una petición formal que obligue al Consejo General del INE a manifestarse al respecto. Que lo lleve a analizar las violaciones en su conjunto y ofrezca a la ciudadanía su visión de lo que entiende por grave y sistemático.
Hoy el Consejo General del INE no puede dar la vuelta al debate; no puede argumentar que no se pronuncia porque no conoce el caso a pesar de estar frente a sus narices. El texto presentado lo obligará a una reflexión a fondo cuya respuesta deberá fundar o motivar, más allá de si considera a 140,000 ciudadanos una simple “tribuna estridente”.
La última y única ocasión en la que el PVEM ha participado de manera independiente en una elección federal (1994), con acceso a recursos públicos, prerrogativas y tiempos de Estado en medios de comunicación, apenas alcanzó 327,313 votos en varios meses de campaña. La petición en la plataforma Change.org seguirá abierta hasta que se retire el registro al Partido Verde. Sirva este evento y su difusión para extender la invitación. Todo ciudadano que quiera firmarla puede encontrarla en la siguiente dirección electrónica:
Change.org/quitenregistroalpartidoverde
La decisión que tome el Consejo General será fundamental en la construcción de confianza y legitimidad rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio, del juego democrático en el país, y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Nosotros estamos convencidos de la existencia de un comportamiento grave y sistemático que debieran situarnos en el extremo señalado por el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos.
En los próximos días veremos si la apuesta de la autoridad es por un juicio a favor de la democracia o de la simulación que permite la violación de la ley impunemente.
Al INE agradecemos nos permita hablar desde la explanada de esta institución pública. Al solicitar la Sala de Prensa no intentábamos otra cosa que poder hablar con ustedes bajo el techo de la misma. Entendemos hoy que esa prerrogativa está reservada, como muchas otras en la vida política nacional, exclusivamente a los partidos políticos. Tomamos nota de la forma en la que el INE entiende y promueve la participación ciudadana.
Muchas gracias por su presencia, interés y por la difusión que han prestado a esta iniciativa.
#QuitenRegistroAlVerde
México, D. F.
Sergio Aguayo, Paulina Arriaga, Mario Arriagada, Marcela Azuela, María Esther Azuela, Carlos Brito, Aleida Calleja, Denise Dresser, Alfredo Figueroa, Luis González Plascencia, Eduardo Huchim, Juan Fernando Ibarra, Alfredo Lecona, Ana Eugenia López, Miriam Morales, Ximena Ramos, María Santos Villarreal, Alberto Serdán, Martha Tagle y Mónica Tapia.