Las conductas que se describen en el documento son la entrega, promesa, suspensión, amenaza o condicionamiento de recursos públicos a cambio del voto a favor de algún candidato o la abstención; recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar a cambio de recursos, bienes o servicios; ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega de bienes o servicios que contengan velada o explícitamente, propaganda de algún candidato; autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios, recursos humanos, materiales o financieros, para promover o influir a favor o en contra de algún candidato o partido político; emplear medios de comunicación, tiempos oficiales, internet y redes sociales para beneficiar o perjudicar a algún contendiente; cualquier conducta que vulnere la equidad de la competencia utilizando recursos públicos.
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