OSC de Oaxaca demandan erradicar la violencia obstétrica

CIMAC Oaxaca.- En Oaxaca, la violencia obstétrica es una práctica cotidiana y prueba de ello es que la entidad registra una de las tasas más alta de Muerte Materna en el país, sin que el gobierno estatal muestre un real compromiso para erradicar este tipo de violencia, que afecta en mayor medida a mujeres indígenas y de zonas rurales. La violencia obstétrica abarca un amplio rango de manifestaciones, que van desde las más sutiles, como el maltrato, regaños o humillaciones a las pacientes, no informarles sobre los procedimientos para atenderlas, hasta formas más evidentes de violencia, como practicarles intervenciones médicas innecesarias. Ante ello, las organizaciones  civiles como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, y Colectivo Mujeres Lilas, demandaron a los distintos poderes locales que asuman  acciones para disminuir las cifras de la violencia obstétrica ya que, aseguran, la expresión más grave de la violencia obstétrica es la Muerte Materna. Las cifras lo señalan: en Oaxaca durante el 2013 murieron 50.2 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, tasa muy por encima de la nacional que alcanza 38.3 defunciones por la misma cantidad de recién nacidos. Aunque la máxima afectación de la violencia obstétrica es la Muerte, cuando la mujer logra salvar la vida también tiene otras repercusiones importantes en su salud física, emocional, psicológica y hasta espiritual, ya que se coarta su autonomía y su libertad, se transgrede su integridad temporal. La demanda de las organizaciones está incluida en el Informe  Ciudadano. Ausencias. Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca. 4º año de Gobierno de Gabino Cué Monteagudo”, en el cual dedican un capítulo específico a la violencia obstétrica y su estrecha relación con la Muerte Materna. AFECTAN A MUJERES MARGINADAS Tanto la violencia obstétrica como la MM se concentran en las mujeres con menos  recursos económicos, con menos acceso a la educación y excluidas de los servicios médicos, señala el Informe. Los datos también lo confirman: de las muertes registradas en 2013, 29.3 por ciento corresponden a mujeres que hablaban lengua indígena, 75.6 por ciento corresponde a mujeres dedicadas al hogar. Se concentra también en las mujeres con menor acceso a la escolaridad formal: 49 por ciento tenían al menos 1 año de escolaridad primaria, 17.1 por ciento contaban con al menos un año de educación secundaria, 43.9 por ciento no tenían escolaridad. El dato más significativo para entender la exclusión en el acceso a servicios de salud de las mujeres es la afiliación: de las fallecidas oaxaqueñas, 4.9 por ciento estaban afiliadas a servicios del IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, que son los servicios mejor financiados. Mientras que 41.5 por ciento tenían únicamente Seguro Popular, y 19.5 por ciento no estaban incorporadas a ningún servicio. Dato relevante del Informe es la evidencia de que la violencia obstétrica difícilmente es sancionada, ya que la posibilidad de emitir una queja ante instancias gubernamentales y darle efectivo seguimiento está ligada a situaciones como: contar con recursos económicos, cercanía geográfica con las instituciones y a la posibilidad de una defensa culturalmente adecuada. ACCIONES Las acciones que demandan las  organizaciones civiles al Estado para acabar  con la violencia obstétrica y con la MM incluyen a los diferentes órdenes de gobierno. Por ejemplo, al Poder Ejecutivo le piden exigir al personal que brinde una atención respetuosa de los partos y que dicho personal se actualice con un  perfil intercultural, capacitado en el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el parto. Piden también, para dimensionar la gravedad del problema: crear un banco de datos estadísticos sobre la cantidad de cesáreas (desglosado por cada institución y que incluya el sector privado); episiotomías; acompañamiento en trabajo de parto y posparto; uso de oxitocina; posición para el parto; tiempo de corte del cordón umbilical; revisiones de cavidad uterina; bebés que recibieron leche de fórmula. Demandan además suficiente abasto de insumos, materiales y medicamentos; sistema de referencia eficiente, y atención de emergencias obstétricas, todos los días en todos los horarios. Al Poder Legislativo le piden tipificar la esterilización forzada como un delito en el Código Penal y asegurar la reducción en el número de cesáreas, hasta llegar a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.