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Domingo 17 de noviembre, 2024.
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A más de un año de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió el pasado 19 de abril una recomendación a la Fiscalía General del estado, a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, por violación al derecho de justicia, negativa de atención a víctimas del delito (contra el derecho a una vida libre de violencia), integración irregular de la averiguación previa, e incumplimiento de la función pública en el caso.
Según la recomendación, hay evidencias de que Dafne presentó una denuncia contra su ex pareja el 2 de julio de 2014 por el delito de amenazas y robo; el 14 de agosto de ese mismo año otra por violencia intrafamiliar, daño en propiedad ajena y amenazas; el 21 de noviembre una denuncia por robo a interior de vehículo; y el 31 de enero de 2015 una más por daño en propiedad ajena.
La Codhecam expuso que Dafne habría declarado diferentes episodios de violencia en las que incurrió su ex pareja, pero nadie le garantizó medidas de protección ni se investigó al presunto agresor por alguno de los delitos.
Finalmente, el 28 de febrero de 2015 Dafne fue asesinada y su cuerpo, con signos de violencia, quedó expuesto en la vía pública.
La Comisión constató que la Vicefiscalía General Regional, a cargo de Jorge Salazar Gómez, violó los Derechos Humanos (DH) de la víctima, debido a que personal del Ministerio Público (MP) y del Centro de Justicia para las Mujeres se abstuvo “injustificadamente” desde el principio de integrar la averiguación previa, para acreditar las denuncias que interpuso Dafne, así como para investigar la probable responsabilidad del inculpado.
Así, la Codhecam recomendó a la Fiscalía General del estado, primero, que publicara en los medios de comunicación oficiales de la dependencia el texto íntegro de la recomendación; y, segundo, que instruya a todas las y los MP de la entidad para que operen con la debida diligencia.
La recomendación va dirigida en particular a las agentes de la Vicefiscalía General Clara Marilú Zambrano Ibáñez, Carmen Gladys Orlaineta Gálvez y María de los Ángeles Montalvo Cruz, quienes debieron integrar las averiguaciones en el caso de Dafne, por ser las encargadas de las diligencias para atender denuncias de mujeres violentadas.
La Codhecam también recomendó capacitar a las y los agentes del MP de la Fiscalía General de Campeche, para que al momento de tener contacto con otras mujeres víctimas de violencia les brinden información clara, precisa y accesible sobre los mecanismos y medidas de protección eficaces, que les permitan lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos, así como brindarles inmediata atención médica y psicológica.
Asimismo, la Comisión pidió que se agoten las investigaciones de cada una de las denuncias que presentó Dafne antes de ser asesinada, conforme los procedimientos de investigación ministerial, policial y pericial para la investigación del delito de feminicidio.
Además, que la Fiscalía no dilate más la investigación de este crimen, e integre a la familia de Dafne en calidad de víctimas directas al Programa Especial de Apoyo a Víctimas del Delito y al Registro Estatal de Víctimas.
Por el asesinato de Dafne, desde el 28 de febrero de 2015 la Vicefiscalía General Regional abrió la averiguación previa BAP-1436/GUARDA/2015 por la presunta comisión del delito de feminicidio.
CASTIGO A LOS RESPONSABLES
A decir de Argentina Casanova, fundadora de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género –organización que interpuso la queja ante la Codhecam–, este hecho es emblema de cómo opera la justicia para las mujeres en la entidad y el país, ya que demuestra cómo no se informa debidamente a las víctimas que, tras denunciar, tienen derecho a recibir medidas de protección inmediatas.
Casanova celebró que la Comisión emitiera la recomendación con base en lo que mandatan organismos internacionales en materia de DH de las mujeres, pero pidió al Congreso estatal que llame a comparecer a las y los funcionarios judiciales que incurrieron en la violación de los derechos de Dafne, en concreto el vicefiscal Jorge Salazar Gómez.
La activista demandó que se determinen responsabilidades administrativas y penales contra los servidores públicos en aquellos casos en los que la omisión, acción o aquiescencia del Estado se reflejen en la comisión de un delito; y se establezca claramente el compromiso de reparación del daño en términos económicos por parte del Fondo Estatal de Víctimas.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del estado no se había pronunciado sobre si admitía o no la recomendación de la Codhecam.Te podría interesar...
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