Oaxaca.-Es alarmante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, sobre todo en los casos registrados por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, aseveró el diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Destacó que los grandes flagelos sociales que no permiten avanzar de mejor forma al país son los altos índices de inseguridad y no tener acceso a la justicia, aunado a la alta impunidad que se registra desde hace varios años.
Recordó que la tortura es generalizada en México. Se trata de un fenómeno complejo que se ha recrudecido derivado de una difícil situación de seguridad pública. “Hay registro de que ocurre primordialmente durante la detención, pero en altos índices se da durante la puesta a disposición de la justicia de las personas”.
El coordinador de los diputados del PRD expresó que han aumentado las denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos, “cuestión que no debe tolerarse”.
Cabe destacar que la militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, “más de 32 mil militares aún cumplen tareas propias de corporaciones de seguridad, lamentablemente entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las Fuerzas Armadas”.
Ante este panorama, el legislador señaló que es fundamental prevenir casos de tortura en México, ya que se trata de una grave violación a la dignidad y a los Derechos Humanos. “Por ello, es urgente aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Explicó que con las modificaciones se establecerá de mejor manera la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El perredista oaxaqueño afirmó que con este ordenamiento se pretende definir que su persecución se haga de oficio. “Este marco legal busca castigar la tortura de forma más amplia y también tiene un enfoque preciso para la prevención de este tipo de delitos”.
Destacó que la erradicación de estas prácticas deleznables no es tarea fácil, aún falta mucho para lograr que este fenómeno sea extirpado en todos los ámbitos sociales, especialmente en las fuerzas militares y de seguridad.
“Es deber del Estado impulsar políticas de control independiente sobre los órganos encargados de hacer cumplir la ley, revisar periódicamente sus prácticas, así como educar a sus integrantes en la prohibición de la tortura”, acotó.
