| | Oaxaca de Juárez |
Domingo 17 de noviembre, 2024.
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Actualmente, a pesar de que las autoridades mexicanas están obligadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, han sido incapaces de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, señaló la Red.
Indicaron que uno de los principales problemas para combatir la violencia de género, radica en la falta de acceso a la justicia, sumado a la falta de armonización en las leyes de cada estado y la falta de coordinación de las autoridades.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia y en promedio 7 mujeres son asesinadas diariamente.
Asimismo una de cada seis mujeres mayores de 15 años vive violencia en su relación de pareja (Inegi, agosto 2015), y una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015).
Recordaron que las organizaciones civiles han presionado a las autoridades para que diseñen diversos mecanismos que protejan a las mujeres, como por ejemplo la Alerta de Violencia de Género (AVG) que si bien se ha solicitado en algunos estados, se niegan a implementarla.
Otro mecanismo que surge de la sociedad civil para proteger a las mujeres son los refugios y sus CAES que atienden a mujeres víctimas de violencia, y en su caso a sus hijas e hijos.
En Latinoamérica, México es el único país que cuenta con una RNR integrada por 43 Organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil que representa a más del 50 por ciento de los refugios del país.
Sin embargo, señaló la RNR, “aún los refugios no están dentro de la política pública del Estado Mexicano, y no se contemplan como un programa específico y especializado que deba tener un presupuesto etiquetado anualmente, por lo que cada año este presupuesto está en riesgo y sólo se accede a él a través de convocatorias”.
Por ello “es imprescindible contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente para el fortalecimiento, operatividad y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa”.
Finalmente, la RNR constituida legalmente en 2004, pidió la activación inmediata de las AVG en donde las organizaciones civiles la han demandado, entre ellos en San Luis Potosí y que se implemente una política de Estado post-refugio para la restitución de los Derechos Humanos de las mujeres como ciudadanas: casas de transición, fomento económico, acceso a la salud, educación y todo lo necesario para fomentar su bienestar y su desarrollo integral, y en su caso, de sus hijas e hijos.Te podría interesar...
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