| | Oaxaca de Juárez |
Domingo 17 de noviembre, 2024.
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En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, Anabela Carlón Flores, dijo que tanto en el MP como en la Policía Estatal Investigadora (PEI) le informaron que aún no encuentran el paradero de Isabel Lugo Molina porque primero tienen que aplicar un “protocolo” sin decirle el nombre de éste, el cual establece que primero hay que buscar a las personas en “hospitales y Centros de Readaptación Social (Cereso)”.
De acuerdo a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, el día 13 de diciembre acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y no tenían registro de orden de aprehensión, ni cargo en contra Anabela Carlón Flores ni de Isabel Lugo Molina.
De manera que no hay motivo por el cual busquen a Isabel Lugo Molina en los Cereso porque no hubo orden de aprehensión, ni cargo alguno, tanto Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado 13 de diciembre, que podrían ser elementos de la PEI, porque Anabela Carlón Flores vio cerca del lugar en el que fueron interceptados una patrulla de la policía estatal con las torretas encendidas y no hicieron nada por detener el secuestro o seguirlos para rescatarlos.
Anabela Carlón Flores fue liberada tras la presión mediática local, pero a Isabel Lugo Molina, se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construye la transnacional IEnova Sempra Energy en la comunidad de Loma de Bácum y en el territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora.
Las defensoras indígenas ya habían sido amenazadas y criminalizadas por funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal, así como por la comunidad de la etnia Yaqui que está a favor del gasoducto, una acción que fue provocada por la empresa transnacional IEnova Sempra Energy para dividir a la comunidad indígena y continuar con la construcción del gasoducto a pesar de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito.
Antes de que Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina, fueran privados de su libertad denunciaron en un comunicado firmado por las autoridades tradicionales de Bácum, las amenazas del subdirector de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, en dicho comunicado señalan que el funcionario público les dijo: “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.
La empresa Gasoducto Aguaprieta filial de la trasnacional IEnova Sempra Energy les entregó un “convenio” con una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.
El recurso más reciente que la defensora Anabela Carlón Flores interpuso fue un oficio dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde narra los hechos del pasado 13 de diciembre y el contexto de violencia que viven las mujeres y la comunidad de Loma de Bácum a causa de la construcción ilegal del gasoducto.Te podría interesar...
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