| | Oaxaca de Juárez |
Domingo 17 de noviembre, 2024.
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Lo peor de la historia empezó en 2007 cuando Claudio Baruch Alarcón Muñoz, con quien Carmen vivió 16 años en Ecatepec, abusó sexualmente de ella e intentó asfixiarla y asesinarla en dos ocasiones, relató la mujer a Cimacnoticias.
La mayoría de las mujeres no consigue sobrevivir a esos ataques, ya que de acuerdo con cifras del informe del GIM, seis de cada 10 asesinadas en la entidad fueron víctimas de un alto grado de violencia, por ejemplo traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes y asfixia. Carmen sí logró sobrevivir, pero no por ello consiguió justicia ni seguridad.
Dos días después del ataque, la mujer, pedagoga de profesión, fue al Ministerio Público (MP) de San Agustín, de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM), para denunciar a Claudio Baruch por lesiones y violencia intrafamiliar, pero en su lugar las autoridades le increparon a ella que “para qué estudia, por eso le pegan”, y rechazaron tomar en cuenta el delito de violación.
Ya separados, Claudio no dejó de buscar a Carmen. La esperaba afuera de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde ella trabaja, y en la vía pública.
En 2011 la atacó a golpes y la amenazó de violarla. Carmen acudió al MP donde sólo levantaron un acta informativa. Las agresiones continuaron y se intensificaron en 2012 y en 2015 por medio de amenazas telefónicas y agresiones en la calle, que aunque fueron reportadas no derivaron en nada.
En aras de conseguir justicia, Carmen –convertida ahora en defensora de Derechos Humanos– difundió su testimonio en movilizaciones y redes sociales.
Pero fue hasta noviembre de 2015 –año en que se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios de la entidad– cuando la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la PGJEM decidió hacer caso a sus denuncias, e integrar el caso por violencia sexual en su contra.
De acuerdo con Carmen, la Fiscalía ordenó peritajes psicológicos y ginecológicos, mismos que concluyeron que ella tenía las características típicas de una persona que vivió violencia de género, y que presentaba desgarro en útero y recto, por lo que ordenó la aprehensión de Claudio, quien desde el pasado 28 de marzo está recluido en el Penal de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, por el delito de violación agravada, aunque no por intento de feminicidio como ella demanda.
PROCESO IRREGULAR
El caso ahora está en manos del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, a cargo de Raúl Alberto Castrejon Núñez, quien cuestionó a Carmen: “¿Qué le hizo (a su agresor) para que la tratara así?”. Esto da indicios de que es un juzgador “misógino”, criticó la mujer.
Carmen consideró que el proceso se está llevando con muchas irregularidades, ya que el día de hoy estaba prevista una comparecencia para ampliar la declaración de la víctima pero, sin explicación de por medio, el personal del reclusorio no presentó al agresor.
Suman ya cuatro audiencias que no se han podido llevar a cabo, dos de ellas porque Carmen no fue notificada. Además, para la comparecencia de hoy fue ella quien tuvo que preguntar cuándo se iba a realizar, y el juez ordenó también que sus dos hijos declararan, uno de ellos menor de edad.
QUIEREN BORRAR EMBLEMAS
Los 933 casos de feminicidio, los 4 mil 281 reportes de mujeres desaparecidas y 26 mil 79 denuncias por violación que se presentaron ante la PGJEM de 2005 a 2014 convirtieron al Estado de México en emblema de la violencia feminicida en el país.
Por estas cifras, en 2015 la Secretaría de Gobernación se vio obligada a decretar la AVG para 11 municipios de la entidad. Este mecanismo de emergencia obliga al gobierno local a llevar a cabo acciones para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellas difundir cifras sobre esta problemática.
Sin embargo, en Chimalhuacán, municipio donde se declaró la AVG, las autoridades están impidiendo la instalación en lugares públicos de las cruces rosas de madera que simbolizan la violencia feminicida en la entidad, y que pusieron activistas y familiares de víctimas.
El pasado 29 de abril, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima (víctima de feminicidio), informó que mujeres que viven en las cercanías del Bordo de Xochiaca –canal de aguas negras entre los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl– la alertaron sobre que personal del municipio, gobernado por la priista Rosalba Pineda, llegó con maquinaria para retirar las cruces rosas que activistas pusieron el 25 de noviembre de 2015 y el pasado 5 de marzo, en protesta contra el feminicidio.
Lo mismo ocurrió –dijo– en 2014 con otras cuatro cruces que las activistas pusieron en diferentes puntos del municipio, como el Centro de Justicia y el Palacio Municipal, pero que fueron destruidas por las autoridades municipales.
Por este hecho, Irinea Buendía increpó en días pasados durante un acto público a Eruviel Ávila, gobernador del estado, para que garantizara la permanencia de los símbolos, pero pese al reclamo, las mujeres que resguardan las cruces en el Bordo alertaron nuevamente a Irinea de que el pasado fin de semana personas vestidas de civil –que presumieron llevar armas– llegaron a la casa de una de ellas y pidieron las cruces.
Difundir y visibilizar la violencia feminicida en la entidad es otra de las obligaciones que tiene el gobierno estatal como parte de la declaratoria de AVG, por lo que el próximo 29 de mayo activistas y víctimas de violencia acudirán al Bordo de Xochiaca para instalar nuevamente las cruces.Te podría interesar...
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