Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias
Oaxaca.-A la par de las reformas constitucionales que desde 2008 criminalizan el derecho al aborto legal en 16 estados, cuatro entidades (Baja California, Coahuila, Durango y Veracruz) cuentan –a partir de ese mismo año– con leyes de “protección a la maternidad”, que resguardan la salud del embrión o feto.
Coahuila (desde octubre de 2008), BC (octubre de 2013), Durango (diciembre de 2014), y Veracruz (diciembre de 2015) cuentan con leyes “especiales” para proteger la maternidad, los derechos de las mujeres embarazadas, resguardar su salud, la infancia temprana, y la salud del producto en gestación.
Mientras que los congresos de Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí y Tabasco tienen en el tintero iniciativas similares.
Según un documento de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, el fin de esas normas es resguardar la maternidad, pero también protegen al embrión o feto desde el momento en que es concebido (BC y Coahuila) o en gestación (Durango).
El análisis señala que esas tres leyes vigentes (no incluye la de Veracruz por ser la más reciente) establecen derechos como tener acceso al trabajo, a Centros de Atención a la Mujer públicos o privados, y a la atención especializada cuando se diagnostique VIH/Sida en la mujer gestante.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege en su artículo cuarto la maternidad como un Derecho Humano, al garantizar que las mujeres decidan el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, y al otorgar a las madres trabajadoras licencias para prepararse para el parto, a no perder su empleo por estar embarazadas, o ejercer la lactancia.
Así, BC, Coahuila y Durango cuentan con leyes de Protección a la Maternidad, que además crean las Redes de Apoyo a Mujeres Embarazadas. Sólo en el caso de Durango se llama Sistema de Apoyo, y establece obligaciones para que las instituciones de salud brinden atención, de acuerdo con el estudio de la Cámara baja.
En las tres entidades se establecen derechos para las embarazadas en prisión, como brindarles alimentación y vestimenta adecuadas, así como condiciones de higiene y seguridad, y que reciban los servicios médicos necesarios.
Otro tema que abordan las leyes son el derecho a un trato digno, gratuito y de calidad; que las mujeres reciban información sobre las decisiones médicas; que puedan definir la forma en cómo se llevará a cabo el alumbramiento; y atención especializada en caso de partos prematuros o de mujeres con VIH/Sida, entre otros.
Al respecto, la investigación indica que hasta 2015 diversos congresos locales tenían pendientes de aprobación iniciativas de protección a la maternidad. En estados como Aguascalientes o Zacatecas tales propuestas resultaron polémicas por considerarse contrarias al derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.
Las iniciativas de ambas entidades, además de la protección de las mujeres en las diversas etapas del embarazo e incluso de la infancia temprana, también buscan la “protección” del producto, feto o embrión desde que son concebidos.
Por otra parte, en diciembre de 2014 en Veracruz, la diputada local por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gladys Merlín Castro, presentó una iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad (ya vigente desde diciembre de 2015) a fin de garantizar y proteger los derechos de las embarazadas desde el momento mismo de la gestación hasta el puerperio (los 40 días posteriores al parto).
Al igual que en BC, Coahuila y Durango, en Veracruz la ley establece derechos como consultas médicas, exámenes de laboratorios, atención ginecológica, orientación psicológica o psiquiátrica, una red de apoyo, atención digna y de calidad, y el derecho de las embarazadas a recibir información.
A partir de la despenalización en 2007 del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país, 16 entidades aprobaron reformas constitucionales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación” (entre ellos BC y Durango), que a decir de feministas y grupos civiles, criminalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.
La polémica más reciente se desató en Veracruz, luego de que por decisión de la jerarquía católica y el Ejecutivo estatal se pospuso en mayo pasado la votación en segunda vuelta de una reforma constitucional en ese mismo sentido.
