Según los informes recibidos hasta el momento, por organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, 6 personas habrían perdido la vida, decenas resultaron heridas y se desconoce el número de personas detenidas durante el enfrentamiento. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el grado de involucramiento de las autoridades estales y federales en los hechos.
Amnistía Internacional hace un enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos, es necesario que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación.
Es esencial que se respete la integridad física y mental, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso de toda persona detenida durante el enfrentamiento y cualquier otra detención llevada a cabo en este contexto social, y se adopten medidas inmediatas para facilitar el acceso a servicios de salud para todas las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos.
Amnistía Internacional reconoce que las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los responsables por actos de violencia, pero estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a las normas internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo deben asegurar el ejercicio de los derechos a libertad de expresión y asociación.
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