Comunicado
Oaxaca.-Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) en México, 222 mujeres defensoras y periodistas con presencia en 23 estados del país, expresamos nuestra indignación ante los hechos de violencia suscitados el pasado 21 de octubre en el municipio de Bácum, Sonora, que resultaron en el asesinato de una persona y otras más heridas.
Repudiamos el intento de responsabilizar de las agresiones a quienes se oponen a la construcción del Gasoducto Guaymas-El Oro en territorio de la comunidad indígena Loma de Bácum, según consta en un video difundido por Megacanal Obregón, en el que se acusa, entre otras personas, a algunas integrantes de la organización JAMUT, BOO´O “Caminos de la mujer” y de la Red Feminista Sonorense, quienes participan decididamente en la defensa de su pueblo, territorio y derechos indígenas.
Consideramos que la verdadera responsabilidad de los hechos recae en las autoridades de Sonora, quienes no han brindado ninguna garantía para el cumplimiento de la resolución judicial del 6 de abril 2016, que ordena la suspensión de la construcción del Gasoducto Guaymas-El Oro, proyecto que está en el origen de la confrontación entre miembros de la Tribu Yaqui.
Desde la Red, expresamos nuestra preocupación por la vida e integridad física y sicológica de las personas que se oponen al gasoducto, pues tenemos conocimiento que tras el terror que derivó de los hechos violentos del 21 de octubre, sumado a la propagación de rumores de que las casas de quienes participan en la resistencia serán quemadas, el clima en la comunidad indígena Loma de Bácum es de mucha tensión: al día de hoy, hay familias enteras resguardadas en sus casas por falta de garantías de seguridad, lo que ha implicado la suspensión de las actividades escolares y, para algunas personas, incluso, la pérdida del empleo. Asimismo, tenemos conocimiento de que las familias en resistencia han tenido que evacuar, particularmente, a las y los bebés, niños y jóvenes de la zona, en aras de proveerles la mínima seguridad.
Antecedentes
El 6 de abril pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión de cualquier tipo de obra o infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro en el territorito colectivo de la comunidad indígena Loma de Bácum, tras la demanda de amparo interpuesta por la autoridad indígena de este lugar.
Sin embargo, a la fecha, las autoridades judiciales y estatales no han brindado garantías para el cumplimiento cabal de dicha resolución. Tan es así que, en los hechos, la construcción del gasoducto sigue en pie (el 30 septiembre se interpuso, ante el Juzgado Séptimo de Distrito, una denuncia por el desacato a la orden judicial de suspensión, identificada con el folio 312/2016), cimentada en prácticas de presión y de amenazas de represalia en contra de la autoridad indígena y de la comunidad quejosa por parte de diversas autoridades de Sonora. Se les dice, por ejemplo, que, en caso de continuar con las acciones legales contrarias al gasoducto, dejarán de recibir los beneficios de los programas sociales.
El incumplimiento de la resolución de suspensión del gasoducto por parte de Agua Prieta (empresa a cargo de la obra), la falta de garantías oficiales y las prácticas intimidatorias hacia quienes se oponen al gasoducto, han propiciado un clima de violencia, división y confrontación entre las personas que habitan el lugar. Violencia que alcanzó su momento más álgido el pasado 21 de octubre, cuando integrantes de la Tribu Yaqui se enfrentaron entre sí (por un lado, quienes están a favor del gasoducto; por el otro, quienes se oponen) lo que dejó un trágico saldo de una persona muerta y decenas de heridas.
Peticiones
Las integrantes de la RNDDHM manifestamos nuestra solidaridad hacia la lucha que emprenden las autoridades y pobladores indígenas, hombres y mujeres, de la Tribu Yaqui en defensa de su pueblo, territorio y derechos, y lamentamos profundamente la muerte del señor Cruz “N” en los hechos violentos del pasado 21 de octubre.
En consecuencia, pedimos al Poder Judicial que gire instrucciones inmediatas para salvaguardar la zona amparada y, así, garantizar el cese de la construcción del Gasoducto Guaymas-El Oro, lo que contribuiría a desactivar de raíz el conflicto generado entre integrantes de la Tribu Yaqui, así como la posibilidad de futuros enfrentamientos.
Exigimos, asimismo, al gobierno de Sonora que garantice el cese de prácticas intimidatorias contra las personas que se oponen al gasoducto y que frene cualquier intento de incriminarlas.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la administración federal, pedimos que cumpla con su labor y, en tanto, que intervenga para salvaguardar la vida y la integridad de las y los defensores del territorio yaqui, en particular de quienes han sido señalados injustamente como responsables de la violencia suscitada en la comunidad indígena Loma de Bácum.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México