Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH

  Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz,  directora del Cejil, refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México y Texcoco. De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del debido proceso y denegación de la justicia. Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las recomendaciones. Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos. [caption id="attachment_342237" align="alignleft" width="300"] CIMACFoto: César Martínez López[/caption] El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la competencia contenciosa del alto tribunal en 1999. La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001. Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de este fenómeno. A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes. Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las mujeres. La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa que no hay ninguna sanción efectiva. Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos. La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido proceso o falta de investigación adecuada. Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belém do Pará. De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron absueltos por falta de pruebas.