Oaxaca.-El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), advirtió que en el país comienzan a observarse acciones que podrían mermar aún más la situación de los hogares y repercutir negativamente en el mercado interno, como es la posibilidad de reducir la deducibilidad que hacen las empresas de las prestaciones para los trabajadores.
El organismo empresarial subraya que, no obstante, no hay indicios de que México tenga que enfrentar una crisis financiera, en coincidencia con lo señalado con las autoridades hacendarias.
El CEESP precisa que la economía mexicana sigue con un bajo ritmo de crecimiento y una precarización en el mercado laboral, reflejada en bajos salarios y altos niveles de informalidad y subocupación.
Además, comienzan a observarse acciones que podrían mermar aún más la situación de los hogares y repercutir negativamente en el mercado interno, como es la posibilidad de reducir la deducibilidad que hacen las empresas de las prestaciones para los trabajadores.
En su opinión, esto eleva los costos de contratación y reduce la capacidad de generar nuevos empleos, lo que puede afectar el nivel de salarios que se ofrecen ante una reducción de demanda de mano de obra.
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, el CEESP considera que cumplir los objetivos de reducción de gasto es fundamental para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.
Además, establece la obligación de hacer más eficiente la asignación de los recursos, especialmente en inversión en infraestructura, lo que además de enviar señales positivas a los mercados, permitirá hacer más competitiva la planta productiva de México, subraya.
Señala que el Paquete Económico 2017 que entregó la SHCP al Congreso, como ya lo hemos mencionado, va en la dirección correcta para tratar de corregir los desequilibrios en materia de déficit y endeudamiento del sector público, que son factores fundamentales para que la estabilidad macroeconómica se mantenga en el mediano y largo plazo.
Si bien la previsiones en materia de ajuste al gasto y objetivo de un balance primario superavitario, después de ocho años con déficit, envían señales positivas a los mercados de que las autoridades hacendarias están preocupadas y ocupadas en corregir los desequilibrios, es evidente que ahora, después de haber sido copartícipe importante en el rápido incremento de la deuda del país, el Congreso debe concretar una propuesta viable para evitar que la deuda siga incrementándose como proporción del PIB, obligándolo principalmente a realizar un análisis exhaustivo sobre los rubros en los que se puede hacer mayores ajustes al gasto, sobre todo cuando en materia de ingresos, a pesar de la mejora en el tema de recaudación y el efecto proveniente del impuesto a las gasolinas, la posibilidad se acota con la decisión de no modificar el entorno tributario al menos hasta el 2018.
La reducción al gasto público se concentra en el gasto programable, especialmente en los ramos administrativos, para los que se tiene previsto una disminución de 16.9% en sus recursos para el 2017. Sin embargo, para los ramos autónomos se propone un incremento de 9.6%, principalmente por un aumento de 14.8% en el gasto del poder judicial. Es claro que los esfuerzos deben ser mayores en estos rubros, toda vez que es la parte en la que mayor margen de maniobra se tiene para realizar ajustes.
Los resultados que se logren en este aspecto, serán la base para hacer frente al rápido aumento en el gasto no programable, en el que nula incidencia se tiene para realizar ajustes. En este tema resalta el aumento en el Costo Financiero del sector público, es decir el pago de intereses de la deuda, que se ha incrementado significativamente a la par del aumento en el nivel de la deuda pública, y para el cual se propone un presupuesto de 568.2 miles de millones de pesos (mp) para el 2017, lo que representa una cifra 90.5 mmp mayor a la aprobada para el 2016. Otro rubro que muestra un aumento importante, es el relacionado con las participaciones a entidades federativas, para el cual se propone un aumento de 37.3 mmp para el 2017, respecto a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos del 2016.
Lo preocupante es que la mayor asignación de recursos propuesta para estos rubros representa poco más de la mitad del aumento previsto en los ingresos tributarios del sector público. El hecho es que a pesar de los esfuerzos que se plantean y las favorables señales que esto significa, se debe insistir sobre la necesidad de ser más agresivos en la corrección al gasto público, pero no solo eso, sino además poner mucho más énfasis en una mejora en la asignación de los recursos, que estos se dirijan a aquellos programas que realmente cumplan con su objetivo de beneficio social pero también y posiblemente con mayor énfasis, sean destinados a la inversión productiva, que es la mejor manera de estimular la inversión privada, para que en conjunto se logre un mayor ritmo de crecimiento y bienestar.
Aprobar el paquete económico como se envió al Congreso, es un avance importante, pero insuficiente para corregir rápidamente la situación de desbalance de las cuentas del sector público. De ser así, la deuda seguirá aumentando en términos absolutos y como proporción del PIB, sobre todo cuando el entorno anticipa un bajo ritmo de crecimiento, lo que hará que el porcentaje del total de compromisos del sector público siga creciendo como proporción del producto. Aunado a esto, las autoridades hacendarias no anticipan una corrección importante del déficit público en los siguientes años, lo que implica la necesidad de seguir buscando recursos para financiar esta diferencia. De acuerdo con el escenario 2017-2022, no hay un solo año en el que el balance del sector público muestre un resultado superavitario. Incluso los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen estables como proporción del PIB a partir del 2018 en un 2.5% del PIB. Sin embargo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) muestran una modesta tendencia a la baja en ese lapso, lo cual no es consistente con un aumento constante en el flujo anual de deuda, lo que nos lleva a intuir que esto se debe a una estimación de crecimiento del PIB elevada, que sería la única manera de que se pudiera dar este escenario.
El Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor paquete económico para el próximo año, que sea realista y viable. Es por ello importante que las variables que se utilicen para establecer el marco macro que apoye la propuesta del programa económico no se vean afectadas con la intención de generar un entorno más favorable de manera virtual.
Esperamos no ver modificaciones optimistas en el precio del petróleo con el objetivo de mejorar la expectativa de ingresos petroleros o un tipo de cambio que minimice los efectos del aumento de la deuda externa.
La evolución de la economía depende en gran medida de lo que se logre con la aprobación del paquete económico para el próximo año. Hay opiniones que consideran que la reducción del gasto inhibirá un mayor ritmo de crecimiento. Sin embargo, es evidente que el notorio aumento del gasto en los años recientes no significó un impulso para la economía ni para el bienestar de los hogares. Es por ello que además del lograr una reducción del gasto mayor a lo que se propone, son fundamentales mecanismos que propicien una asignación eficiente de los recursos, así como mejorar el estado de derecho y combatir los elevados niveles de corrupción