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Domingo 17 de noviembre, 2024.
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Nueva alza en la gasolina por el gobierno de Felipe Calderón[/caption]
“En las reuniones que se han tenido con las empresas extranjeras ellas aún están pensando en definir sus estrategias en el mercado”, dijo.
En Texas, el precio está a 8 pesos el litro, más el impuesto que se va a aplicar aquí (IVA más IEPS) son otros 7 pesos y los costos de logística que pueden ser de hasta 1.5 pesos por litro darían un precio total de 16.50 pesos, más los costos de distribución que pueden ser 1, 1.50 o incluso 2 pesos, dependiendo de la región de que se trate.
García Elizondo menciona que sí hay una barrera de entrada en el IEPS y mientras no lo ajusten a la baja, muy difícilmente vendrán las empresas internacionales.
“El IVA y el IEPS juntos son poco más de 7 pesos por litro y eso sí es un obstáculo”, dijo García Elizondo.
En general, el sector gasolinero está a favor de la liberación del precio de la gasolina; sin embargo, tienen ciertas dudas en áreas específicas, por ejemplo, no les queda claro qué es lo que van a hacer con el tema de la normatividad, ya que hasta ahora no se tiene la totalidad de las normas y de las regiones en que se va a dividir el país, explicó.
“Vamos a hablar con las autoridades regulatorias, con la CRE y con la Cofece, para ver cómo es que van a definir y a decidir sobre las zonas en donde hay competencia y dónde no hay”, adelantó.
Agregó que el tema con los extranjeros es que tienen serias dudas sobre entrar rápidamente. En este momento, abrir en las condiciones en que están proponiendo hacerlo provocará un incremento en el precio de los combustibles y la responsabilidad no será de los impuestos sino de las empresas que llegan a México, “a ellas las van a culpar”.
Nuevos negocios, lo positivo
Lo positivo es que la liberación desata nuevos negocios importantes: el uso de marcas diferentes a Pemex, contratos con empresas diferentes, explosión de negocios relacionados con este proceso, gasolineras diferenciadas y una mayor competencia en logística.
Pablo González, presidente de la Amegas, explicó que la apertura incluye una serie de impuestos importantes porque, tan sólo del IEPS, el gobierno pretende obtener cerca de 289,000 millones de pesos por la venta de combustibles automotrices.
“No aumentaron el IEPS, van a cambiar la metodología y, en consecuencia se van a pagar precios máximos que van desde 17.89 a 18.89 pesos por litro, dependiendo el costo de la logística de almacenamiento y distribución”, explicó.
Con este cambio en la metodología del IEPS, éste pasa de un máximo de 3.30 pesos por litro a uno de 4.16 pesos, de ahí que la recaudación crezca por medio de la venta de combustibles, manifestó.
Sólo el IEPS a gasolinas puede representar hasta 33% del precio final, y si el precio del petróleo se eleva y el de la gasolina sube, lo que habrá es un nuevo incremento.
Lo que sabemos es que hay al menos siete grandes regiones en el país que deberán ser consideradas por las autoridades: Norte, Sur, Pacífico, Golfo, Centro, Zona Metropolitana del Valle de México y Baja California más las subregiones, como puede ser Bajío, frontera norte y frontera sur; más ciudades donde ya hay competencia como Puebla, Guadalajara y Monterrey o que están cerca de centros de producción —cerca de las refinerías, Tula o Minatitlán, por ejemplo— y de puntos de importación como son los puertos de Manzanillo, Altamira o Lázaro Cárdenas.
Las reglas se deberán aplicar a ventas diarias cercanas a 3,000 millones de pesos, pero además las estaciones de servicio competirán entre sí pese a que se tienen muchos cabos sueltos, tales como los criterios de si hay competencia o qué va a pasar con los sitios que están realmente lejos con altos costos de logística, indicó González.
Por lo pronto, dijo, en el caso de la Amegas lo que estamos promoviendo es que las empresas comiencen a comprar de manera conjunta y bajo estándares de calidad internacional, para ello se han acercado a empresas como Statoil, Puma-Trafigura o Valero Energy, todas ellas con interés en vender producto a México.
Gobierno propone liberación gradual y ordenada a gasolinas
El gobierno federal propone al Congreso de la Unión adelantar un año la liberalización de los precios de la gasolina y el diesel como parte del proceso de la reforma energética.
Tanto en los Criterios Generales de Política Económica 2017 como en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se propone una liberación de precios gradual, regional, ordenada, y en un proceso continuo que se llevaría a cabo desde enero del 2017 hasta diciembre del 2018, dependiendo de los resultados de los trabajos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En los textos presentados al Poder Legislativo para su aprobación, falta aclarar la regulación efectiva y conocer la metodología ofrecida para la apertura; en teoría ésta se daría a conocer en diciembre próximo.
Según los Criterios Generales de Política Económica, se propone que la CRE y la Cofece “determinen el ritmo de la liberalización de los precios para las distintas regiones del país”, así se garantiza una apertura ordenada y “un impulso definitivo a la apertura del mercado de suministro de combustibles, con lo que se detonará una mayor inversión productiva”.
“Sólo mientras una zona no sea liberada, se mantendría un esquema de precios máximos para dicha zona”, señala.
De aprobarse, México estaría a la par de la OCDE y de otros países como Brasil, Chile y Perú.
“El adelanto a la liberalización de precios se acompaña con una serie de propuestas complementarias para dar a los reguladores facultades adicionales para fomentar la competencia y actuar de manera expedita para proteger a los consumidores”, indica.
En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación mencionan que la liberalización adelantada “consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles (...) Dado que se considera que ya están listas las condiciones fiscales y se están fortaleciendo las capacidades de la autoridad reguladora (...) previendo la plena liberalización de los precios en todas las regiones del país a más tardar el 31 de diciembre del 2018”.
Si no hay competencia, los precios máximos se determinarán con base en precios internacionales más costos de suministro y “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar la metodología que empleará a más tardar el último día del 2016”.
Proponen medidas para complementar las facultades de la CRE y la Cofece, como que puedan monitorear los precios al público o que desde el 2019 comprueben si hay competencia efectiva o se requieren medidas precautorias de precios máximos.
“Durante el 2017 y el 2018, cuando la CRE, previa opinión de la Cofece, informe a la SHCP que se han presentado aumentos desproporcionados en los precios al público de las gasolinas o el diesel, dicha secretaría podrá establecer precios máximos al público”.
Proponen obligar a los gasolineros a reportar los precios que dan al público cada vez que los modifiquen, volúmenes comprados y vendidos, y para mayor libertad y flexibilidad a las estaciones de servicio para cambiar proveedores, se hará obligatorio separar la imagen o nombre comercial de las marcas de los suministradores de las gasolinas y el diesel, excepto cuando la estación de servicio sea propiedad de quien realice el suministro.
“En disposiciones transitorias se propone establecer el tratamiento que se aplicará durante el 2017 y el 2018 a los precios al público de las gasolinas y el diesel”. Entre otras, que las estaciones de servicio informen del cambio de precio a la autoridad al menos tres horas antes de hacerlo; el precio debe estar expuesto al público y los proveedores del mismo.
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