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Sábado 21 de diciembre, 2024.
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La abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que hay casos de tortura sexual que siguen un patrón de violaciones; como sucedió con Denise Blanco, Korina Urtrera y Wendy Hernández, detenidas y torturadas para “confesar” supuestos delitos contra la salud.
El 27 de agosto de 2011, Denise y su pareja Korina estaban en su casa en Villahermosa, Tabasco, cuando un grupo de marinos irrumpió en su domicilio, las detuvo, las llevo a una base militar del estado de Veracruz, las violó, las vejó, les dio descargas eléctricas y las semi asfixió. Cerca del lugar fue detenida Wendy quien corrió con la misma suerte.
Después de 36 horas de la detención y luego de la tortura sexual, las tres mujeres fueron obligadas a firmar una declaración auto inculpatoria y de esta manera fueron acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico, delitos por los que pasaron 5 años en prisión.
En noviembre de este año, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Veracruz, ordenó la liberación de las tres. Estos testimonios se recogieron del informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México”, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se incluyen 100 testimonios de tortura sexual.
La historia de Denise, Korina y Wendy también formó parte de la información que organizaciones civiles presentó al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), grupo que realizó una visita de trabajo en México del 12 al 21 de diciembre.
Este mes, el Subcomité estuvo en el país para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que las autoridades mexicanas han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos.
La abogada Carreón Lee explicó que los casos documentados muestran que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de detención ilegal y sin orden de aprehensión, retención indebida y prolongada antes de ser presentadas al Ministerio Público, además fueron incomunicadas y las exhibieron como delincuentes ante los medios de comunicación.
Los patrones se repiten en los casos de Cristel Piña Jasso, detenida por policías estatales en Chihuahua en agosto de 2013, Yecenia Armenta Graciano detenida por policías ministeriales en julio de 2012 en Sinaloa, y Belinda Garza Melo violentada por la policía federal en Coahuila en julio de 2007.
También están los testimonios de Verónica Razo Casales, agredida por la policía federal de la Ciudad de México en junio de 2011, y Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura sexual por parte de marinos en Veracruz en agosto de 2012.
Desde mayo 2014 un grupo de sobrevivientes de tortura mantienen la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, para dar a conocer los alcances de esta práctica.
En esta campaña también está Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculpar a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada.
Este 15 de diciembre se cumplieron 5 años desde que Miriam interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, por la tortura de la que fue víctima.
La directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López, aseguró que con la estrategia armada contra de la delincuencia organizada que se implementó desde 2006 surgieron casos de tortura que sirvieron para “armar historias” de supuestas detenciones de grandes criminales.
Ante estas arbitrariedades y debido a que Miriam denunció la tortura y no ha tenido respuesta, la CMDPDH –coadyuvante en la denuncia– podría presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano rinda cuentas de las omisiones y las acciones cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el Poder Judicial.
SIN ACCIONES DE PREVENCIÓN
La delegación del SPT integrada por Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass analizó las recomendaciones hechas al país en su visita previa en 2008, cuando dijo al Estado mexicano establecer nuevos mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas y prevenir la tortura durante la detención.
La Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el SPT presentó sus observaciones preliminares de manera confidencial al Gobierno de México. Sin embargo, en un boletín informó que exhortó a México a esforzarse más en la lucha contra la impunidad.
Organizaciones como el Centro Prodh, la CMDPDH y AI, han denunciado públicamente más casos de tortura durante la detención que cuando las mujeres están en prisión.
Para las agrupaciones civiles un paso clave para evitar y sancionar la tortura sexual es tener una Ley General contra la Tortura, pero estas propuestas están en análisis en el Congreso desde 2015.
Aunque en esta ocasión no habrá información pública del STP, un balance lo hizo en 2014 la Relatoría de la ONU cuando el entonces relator Juan Méndez visitó México y encontró que la tortura era generalizada y expresó su inquietud respecto a los numerosos testimonios de mujeres.
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