La prostitución no es un trabajo

Alicia Mendoza/SemMéxico

Oaxaca.- El gobierno de la ciudad propuso incorporar la prostitución como trabajo sexual no asalariado, lo que desató un debate en la Asamblea Constituyente. Frente a ello, abogadas feministas presentaron una iniciativa ciudadana para modificar ese planteamiento, porque la prostitución no es un trabajo y es discriminatorio. Andrea Medina Rosas y Verónica Caporal presentaron, el pasado 28 de octubre de 2016, la iniciativa ciudadana a la Asamblea Constituyente que plantea derogar el artículo 15, letra F, numeral 3, inciso b), porque se incluye la prostitución dentro del apartado de “las personas trabajadoras no asalariadas” y se reconoce y protege “el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”. En entrevista con SemMéxico, Medina Rosas precisó que la nueva Constitución solo toma en cuenta a las personas en prostitución de manera autónoma, lo que va a generar exclusión y discriminación a miles de personas que están en prostitución de manera no autónoma. En cambio, dijo, su propuesta precisa que las personas en prostitución, la mayoría mujeres, son sujetos prioritarios de atención y de garantías para el acceso a todos sus derechos humanos y, específicamente, para erradicar la discriminación. Para la abogada, quien litigó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como caso Campo Algodonero, reconocer la prostitución como trabajo no traerá consigo la erradicación de la discriminación. La propuesta de las abogadas feministas es retirar la prostitución como “trabajo” del proyecto de Constitución Política de la CDMX. En lugar de reconocer como un trabajo a la prostitución, como supuesta vía para erradicar la discriminación, proponemos que las personas en prostitución sean incluidas en el capítulo del proyecto de la Constitución que es específico para sujetos prioritarios para erradicar la discriminación; además que se cree un apartado para reconocer que las autoridades tienen obligaciones reforzadas respecto de las personas en situación de prostitución. La abogada explica que la obligación de los Estados, desde el marco de los derechos humanos, frente a la prostitución es erradicar la discriminación. “El verbo nunca es regular ni disminuir. Es prevenir, sancionar y erradicar la discriminación”, señaló. Aclaró que el Estado tiene la obligación de crear las medidas especiales temporales, las acciones afirmativas, para que se erradiquen los obstáculos, limitaciones y distinciones al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas que ejercen la prostitución. Porque no van acceder a sus derechos ni se va a eliminar la discriminación al regular la práctica que, en sí misma, es discriminatoria y desigual. La prostitución genera discriminación Para la abogada feminista la prostitución genera privilegios para unos y discriminación para las mujeres. Hay hombres que pueden pagar cuando quieran, donde quieran por una mujer. Y las mujeres son objetivadas, son mercancía, por tanto, quedan discriminadas, expresó. La reglamentación de la prostitución durante el siglo XIX fortaleció y afianzó ese orden desigual de género. La reglamentación nunca ha sido para eliminar la discriminación y menos para eliminar los privilegios. Al contrario, la reglamentación sostiene los privilegios. Luego dice: Si se plantea como trabajo significaría que es legal la causa de la prostitución y las consecuencias que tiene de discriminación, no sólo para las que se están prostituyendo sino para todas las mujeres. “La prostitución es una práctica social de desigualdad por definición y aunque la regules no le quitas ese elemento.” La prostitución convierte en mercancías a las personas. Entonces ¿qué estamos entendiendo por trabajo?, se cuestionó Medina Rosas. Sobre este punto afirmó que no existe ningún convenio de derechos humanos que nombre al trabajo sexual, el nombre jurídico para este tipo de acciones es prostitución. Desde el marco normativo internacional de los derechos humanos, la prostitución es una acción que implica hacer comerciable o convertir en mercancía a una persona. En consecuencia, Medina Rosas señaló que nombrar como trabajo a la prostitución no elimina su trasfondo de privilegio y discriminación, pero sí reduce la línea que tanto ha costado construir en los derechos humanos y que distingue la explotación del trabajo. El trabajo tiene un par de elementos básicos desde los derechos humanos, dice la especialista: uno es que debe existir una relación de subordinación, con un contrato laboral y un salario reglamentados, porque si no hay contrato entonces no puede entrar el Estado para ver qué está pasando. El otro elemento es que el trabajo debe tener una utilidad social, que de acuerdo al Artículo 1º constitucional incluye la construcción de un orden social donde los derechos humanos sean plenamente efectivos, especificó. En el caso de la prostitución no hay una contratación como tal, tampoco un salario ni utilidad social. Desde los derechos humanos esas actividades que no cumplen mínimamente con estos dos elementos no son considerados como trabajo. Entran como aquellas actividades que las personas tienen que realizar porque el Estado ha incumplido en garantizar a la población el derecho al trabajo decente o digno. Por ello, precisó que en la propuesta, ella y Verónica Caporal, “incluimos que todo el trabajo tenga como estándar la Ley Federal del Trabajo, porque el trabajo digno incluye que se garantice la igualdad sustantiva de las personas.” Andrea Medina Rosas puntualizó que en el caso del proyecto para la nueva Constitución de la Ciudad de México se busca bajar éste estándar básico del trabajo decente para deslindarse de la responsabilidad de no dar trabajo decente a millones de personas en esta ciudad. Es una falsa expectativa suponer que, al nombrar a la prostitución como trabajo sexual, se erradique la discriminación y la corrupción de la que son sujetas, al contrario, éstas se van a potenciar, advirtió la especialista. Actualmente, dijo, no está prohibida la prostitución, está reglamentada. “Lo que sí sucede en México y que se va a incrementar con la propuesta (de reconocer a la prostitución como trabajo) es que, como está reglamentada genera corrupción, porque no tiene como marco eliminar la discriminación ni se ha abordado desde el contexto de los derechos humanos”.