Oaxaca.-Desde hace 11 años Gabriela Sainz Cadena es defensora del medio ambiente en el municipio de Amatlán de los Reyes, estado de Veracruz, una actividad que en los últimos meses la ha puesto en riesgo por oponerse al proyecto hidroeléctrico El Naranjal. Este martes 5 de enero, la Red de Defensa de los Derechos Humanos alertó que la activista –junto con Aracely Neri Aquino– ha sido hostigada durante los últimos cinco meses, por lo que pidió a las autoridades locales y estatales investigar las presuntas amenazas. En entrevista desde aquel municipio veracruzano, Sainz Cadena afirmó que desde hace más de una década ha apoyado la defensa de los ríos y arroyos, y se ha manifestado en contra de la construcción de rellenos sanitarios o gasoductos en la región. La alarma por su trabajo se encendió el 2 de agosto de 2013 cuando fue asesinado el ambientalista Noé Vázquez Ortiz, en medio de los preparativos para un encuentro organizado por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos. Gabriela Sainz –organizada primero con vecinos y con las mujeres que lavan a las orillas del Río Blanco, y después en el Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio– combina la defensa del medio ambiente con su trabajo de profesora de preescolar, actividad que ha sido aprovechada para amenazarla, toda vez que los presuntos agresores han llegado a la escuela donde labora. Tras el asesinato de su compañero de lucha, varias personas que integran el movimiento fueron amenazadas. Repentinamente personas desconocidas les daban mensajes, “avisándonos que íbamos a sufrir lo mismo que le había pasado a Noé si seguimos en el activismo”, narró la luchadora social. A ella le dieron un aviso muy claro: “Me dijeron que me iban a involucrar en un crimen pasional”, según contó. Ante las amenazas, desde diciembre de 2013 Gabriela y otros de sus compañeros pidieron ingresar al federal Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual les otorgó medidas para resguardar su integridad. Gabriela explicó que cuenta con un botón de pánico –que presionó en una ocasión y no pasó nada–, una malla metálica en su casa, cerraduras en las puertas y números telefónicos a donde llamar en caso de alguna emergencia. Aun así, el hostigamiento continuó. El 19 de octubre de 2015, personas desconocidas se presentaron a la escuela donde trabaja para hablar con ella, y a pesar de que se les dijo que la maestra no estaba, las personas se mantuvieron más de dos horas afuera del plantel. El incidente se repitió pero ahora en su casa. El 29 de noviembre de 2015 se presentaron dos personas en su domicilio, quienes al ver a Gabriela –que estaba afuera– se acercaron para decirle que sabían que ella tenía una orden de aprehensión, y que se cuidara porque en cualquier momento la detendrían. El mismo día, la también profesora Aracely Neri Aquino llamó a Gabriela para decirle que estaba preocupada porque dos hombres se presentaron a su trabajo buscándola. De acuerdo con testimonios de sus compañeros, “dos hombres mal encarados y vestidos de civil exigieron saber si la maestra Aracely se encontraba”. El día lunes 30 de noviembre se volvieron a presentar dos sujetos en el domicilio de la profesora Neri Aquino para preguntar por ella, pero no se identificaron. El pasado 3 de diciembre nuevamente llegaron a casa de Aracely dos hombres vestidos de civil, quienes dijeron ser de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI). Esta información se dio a conocer hasta ahora por el temor fundado de una posible orden de aprehensión, pero Gabriela interpuso un amparo y hace unos días las autoridades judiciales respondieron negando que hubieran órdenes de aprehensión en su contra. Ante ello, la activista consideró que los supuestos avisos fueron actos de hostigamiento que tienen como objetivo inhibir su labor como defensora, en particular contra la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, que afectaría la región de las ciudades de Orizaba y Córdoba, ambas en el centro del estado. Considerando que en Veracruz son persistentes y sistemáticos los ataques a luchadores sociales, personas defensoras de los Derechos Humanos (DH), opositores a las imposiciones de proyectos energéticos, y periodistas, la Red emitió una alerta para proteger a las dos activistas. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indican que de mayo de 2014 a junio de 2015 hubo 109 ataques contra 130 activistas contrarios a megaproyectos que contaminan el agua, hidroeléctricos e inmobiliarios, entre otros. Según la Red de Defensa de los Derechos Humanos, la situación es alarmante para estas activistas por lo que pidió a las autoridades una investigación de los hechos y a los organismos de defensa de los DH estar atentos a los acontecimientos para tomar acciones de ser necesario.