Lunes 19 de diciembre, 2016. 02:15 pm
Blindan DH de mujeres en Constitución de CDMX
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Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias
Oaxaca.-Aunque parecía complicado, el movimiento feminista está por lograr que la Constitución Política de la Ciudad de México garantice el derecho a la salud sexual, reproductiva, al cuidado, la laicidad y a una vida libre de violencia.
A marchas forzadas y con centenares de iniciativas ciudadanas, esta semana las ocho Comisiones de la Asamblea Constituyente aprobaron e hicieron públicos sus proyectos de dictamen que serán debatidos, y en su caso, aprobados por el pleno.
En particular la Comisión Carta de Derechos –que analizó 584 propuestas presentadas por ciudadanos y 244 por diputados constituyentes– entregó un dictamen que a decir de activistas retoma los derechos de las mujeres y sienta las bases de una ciudad segura, garantista de derechos y libertades.
Una vez que se presentaron los dictámenes, dijo la antropóloga feminista y constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos, se deben fortalecer las alianzas para lograr que cada artículo consiga un mínimo de 67 votos para ser aprobado.
La presidenta de la Comisión Carta de Derechos adelantó que una vez que se apruebe el texto constitucional, todos los derechos deberán ser acompañados por políticas de Gobierno e instituciones que los hagan realidad.
El documento es tan ambicioso que la propia legisladora sentencia que “si logramos aplicarla (en la Constitución) la vida de esta ciudad se potenciará enormemente”.
BLINDAN DERECHOS
Un riesgo latente en este proceso constituyente fue retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres porque –luego de que en 2007 la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo–, los Congresos de 18 entidades incluyeron en sus Constituciones locales la protección de la vida desde el momento de la concepción o fecundación.
La alarma se encendió cuando las constituyente Aída Arregui, del Partido Encuentro Social (PES), y Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron adicionar al Artículo 8 del proyecto la frase de que “todas las personas tienen derecho a la vida, desde el momento de la fecundación”, pero las constituyentes de izquierda frenaron la iniciativa y se desechó.
La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández, puso el énfasis en que esta ciudad garantizará el derecho a la maternidad libre y voluntaria, respetando todo lo que se ha ganado en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Si bien en el texto no aparece la palabra “aborto” o “interrupción del embarazo”, la legisladora Lagarde y de los Ríos aseguró que este derecho se desprende del Artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.
El mismo artículo establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible, y a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos; lo que en una interpretación garantista significa que el Estado debería facilitar un aborto en caso de ser necesario.
Las legisladoras fueron cuidadosas de blindar derechos en este documento sin necesidad de nombrarlos, porque ello, advierte Lagarde y de los Ríos, hubiera atraído a los fundamentalismos que de un plumazo derribarían los avances.
Por otro lado, en otros temas el consenso fue uniforme. Por esa razón el Artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica. Y que se respetará la autonomía de niñas, niños y adolescentes, lo que abre la puerta a reconocer su derecho a la identidad sexual.
HACIA ADELANTE
A lo largo de los años, la sociedad civil de lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ha mantenido demandas en todas las esferas de la vida pública y ha buscado la autonomía física y económica de las capitalinas, así como garantizar el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Estos ejes se retomaron en el dictamen de la Comisión Carta de Derechos, afirma Martha Juárez, representante de Ciudad Feminista, colectivo que agrupa a 21 organizaciones que en junio pasado impulsaron a la activista Elsa Conde como candidata independiente para llegar a la Constituyente, pero no consiguió los votos suficientes.
El articulado, dice Juárez, tiene una visión reformadora y revolucionaria porque los derechos de las mujeres, de la juventud y de la población LGBTI están en varias partes del documento.
Los principios se entrelazan y se fortalecen, por ejemplo, en el Artículo 12 se incluye el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, lo que se puede interpretar como la inclusión de igual número de mujeres y hombres en los órganos de gobierno.
El texto a debatir en el pleno también retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas–, que envió ocho propuestas, una de ellas para incluir el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.
En concordancia con la propuesta, el artículo 14 ahora dice que toda persona tiene derecho al cuidado y que la ciudad establecerá la creación de un Sistema Público Integral de Cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.
Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el Artículo 13, que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas, una disposición que puede aligerar las tareas de cuidados y el trabajo doméstico que las mujeres asumen.
Por otra parte, hubo agrupaciones ciudadanas-conservadoras que presentaron diversas propuestas para evitar que las y los constituyentes incluyeran lo que se ha llamado “ideología de género”. Sin embargo, estas intentonas no avanzaron.
Es por ello que la Comisión de Principios Generales dejó en su dictamen la parte del Artículo 3, respecto a que la Ciudad de México reconoce como principio la igualdad sustantiva.
Para garantizar y reconocer la ciudadanía de las mujeres, la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrática y Régimen de Gobierno estableció en el Artículo 29 que el derecho al voto inicia a los 16 años, y en el Artículo 32 la obligación de los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.
Con un texto con visión de género, la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daptnhe Cuevas, consideró que la sociedad civil será vigilante del proceso parlamentario y acompañará el análisis y el debate en el pleno, para que en el camino no se pierdan los derechos conseguidos.
Una vez que se presentaron los dictámenes, dijo la antropóloga feminista y constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos, se deben fortalecer las alianzas para lograr que cada artículo consiga un mínimo de 67 votos para ser aprobado.
La presidenta de la Comisión Carta de Derechos adelantó que una vez que se apruebe el texto constitucional, todos los derechos deberán ser acompañados por políticas de Gobierno e instituciones que los hagan realidad.
El documento es tan ambicioso que la propia legisladora sentencia que “si logramos aplicarla (en la Constitución) la vida de esta ciudad se potenciará enormemente”.
BLINDAN DERECHOS
Un riesgo latente en este proceso constituyente fue retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres porque –luego de que en 2007 la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo–, los Congresos de 18 entidades incluyeron en sus Constituciones locales la protección de la vida desde el momento de la concepción o fecundación.
La alarma se encendió cuando las constituyente Aída Arregui, del Partido Encuentro Social (PES), y Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron adicionar al Artículo 8 del proyecto la frase de que “todas las personas tienen derecho a la vida, desde el momento de la fecundación”, pero las constituyentes de izquierda frenaron la iniciativa y se desechó.
La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández, puso el énfasis en que esta ciudad garantizará el derecho a la maternidad libre y voluntaria, respetando todo lo que se ha ganado en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Si bien en el texto no aparece la palabra “aborto” o “interrupción del embarazo”, la legisladora Lagarde y de los Ríos aseguró que este derecho se desprende del Artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.
El mismo artículo establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible, y a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos; lo que en una interpretación garantista significa que el Estado debería facilitar un aborto en caso de ser necesario.
Las legisladoras fueron cuidadosas de blindar derechos en este documento sin necesidad de nombrarlos, porque ello, advierte Lagarde y de los Ríos, hubiera atraído a los fundamentalismos que de un plumazo derribarían los avances.
Por otro lado, en otros temas el consenso fue uniforme. Por esa razón el Artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica. Y que se respetará la autonomía de niñas, niños y adolescentes, lo que abre la puerta a reconocer su derecho a la identidad sexual.
HACIA ADELANTE
A lo largo de los años, la sociedad civil de lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ha mantenido demandas en todas las esferas de la vida pública y ha buscado la autonomía física y económica de las capitalinas, así como garantizar el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Estos ejes se retomaron en el dictamen de la Comisión Carta de Derechos, afirma Martha Juárez, representante de Ciudad Feminista, colectivo que agrupa a 21 organizaciones que en junio pasado impulsaron a la activista Elsa Conde como candidata independiente para llegar a la Constituyente, pero no consiguió los votos suficientes.
El articulado, dice Juárez, tiene una visión reformadora y revolucionaria porque los derechos de las mujeres, de la juventud y de la población LGBTI están en varias partes del documento.
Los principios se entrelazan y se fortalecen, por ejemplo, en el Artículo 12 se incluye el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, lo que se puede interpretar como la inclusión de igual número de mujeres y hombres en los órganos de gobierno.
El texto a debatir en el pleno también retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas–, que envió ocho propuestas, una de ellas para incluir el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.
En concordancia con la propuesta, el artículo 14 ahora dice que toda persona tiene derecho al cuidado y que la ciudad establecerá la creación de un Sistema Público Integral de Cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.
Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el Artículo 13, que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas, una disposición que puede aligerar las tareas de cuidados y el trabajo doméstico que las mujeres asumen.
Por otra parte, hubo agrupaciones ciudadanas-conservadoras que presentaron diversas propuestas para evitar que las y los constituyentes incluyeran lo que se ha llamado “ideología de género”. Sin embargo, estas intentonas no avanzaron.
Es por ello que la Comisión de Principios Generales dejó en su dictamen la parte del Artículo 3, respecto a que la Ciudad de México reconoce como principio la igualdad sustantiva.
Para garantizar y reconocer la ciudadanía de las mujeres, la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrática y Régimen de Gobierno estableció en el Artículo 29 que el derecho al voto inicia a los 16 años, y en el Artículo 32 la obligación de los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.
Con un texto con visión de género, la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daptnhe Cuevas, consideró que la sociedad civil será vigilante del proceso parlamentario y acompañará el análisis y el debate en el pleno, para que en el camino no se pierdan los derechos conseguidos.
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