Oaxaca.-El 7 de noviembre Joaquín Vargas presidente de MVS, publicó un desplegado con la resolución del juez quincuagésimo séptimo de lo civil en la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, que condena a la periodista Carmen Aristegui por “excederse en su libertad de expresión”. Esa sentencia, huele a censura, sostuvieron este viernes defensores de derechos humanos y académicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

En el foro de este viernes ‘La sentencia contra el libro de la Casa Blanca ¿una amenaza a la libertad de expresión?’, celebrado en el auditorio Ricardo Flores Magón, Aristegui dijo que la historia de las demandas que enfrenta “tiene un principio: la investigación especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Fue el arranque de un proceso de acoso judicial en contra de periodistas que decidieron contar a la sociedad mexicana este asunto de una casa de siete millones de dólares en posesión del Presidente de la República y que estaba a nombre de uno de los contratistas de su gobierno”.

La sentencia del juez gira en torno al prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto. En ese texto, única parte del libro escrita por la periodista, “no mentimos. Tenemos el derecho a pensar y decir, a una opinión. El juez no entiende nada de derecho a la información ni a la opinión. Es vergonzosa una sentencia como esta”.

Y es que el juez consideró que lo escrito por Aristegui dañaba a Vargas.

La periodista consideró que “esta sentencia es un llamado a todas y todos: no se puede declarar en una sentencia contra alguien por haber declarado su opinión, su libre pensamiento. ¿A caso una orden judicial debe decirnos qué pensar?”. La sentencia, dijo, es un pésimo precedente para la libertad de todos, periodistas o no.

Es una setencia que debería ser un llamado de atención al Poder Judicial de nuestro país. “Se me sentencia por algo, que bien visto, considero como un piropo: por hacer uso excesivo a mi derecho a la libertad de expresión”.

Leopoldo Maldonado, abogado representante del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, defensora de periodistas, dijo que la sentencia y el proceso en contra de Aristegui da cuenta de la “violencia institucional” que existe en México contra periodistas, que se traduce en el uso de mecanismos en apariencia “institucionales y legales , pero que en realidad se usan para restringir los derechos fundamentales”.

Categorizó la situación de la prensa como una disyuntiva entre plata y plomo. Habló de la dependencia de los medios de comunicación a la publicidad gubernamental y de los arbitrario de los criterios para asignarla, así como de las agresiones a periodistas que se registran en nuestro país: 10 periodistas asesinados en 2016, sie7e en 2015, y 306 agresiones contra reporteros y comunicadores en lo que va del año, según un recuento de la organización.

El discurso de Carmen en el prólogo del libro se enmarca en el ámbito de la libertad de opinión y no de expresión, por lo que no puede ser juzgado con los criterios de veracidad o falsedad que se aplica a, por ejemplo, un reportaje, consideró.

Javier Cortina, del despacho Quijano-Cortina y De la Torre, representante legal de la periodista, sostuvo que “en México la opinión pública es de unos cuantos: los dueños de los medios de comunicación”. Cuando lo que los periodistas publican no concuerda con los intereses de los propietarios de los medios, planteó, los comunicadores son excluidos.

Dijo que las demandas en contra de periodistas como las interpuestas contra Aristegui son un medio para inhibir “la posibilidad de ser valiente, de decir las cosas”.