Oaxaca.-En un comunicado, el fundador del Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino” A. C., Alejandro Solalinde Guerra, dio a conocer que el agresor fue identificado como Gustavo Allar Herrera, habitante de Chahuites que en noviembre de 2014 recolectó firmas de sus vecinos para pedir el cierre del albergue, lo cual no consiguió. La Defensoría del Pueblo de Oaxaca, por su parte, ha abierto el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/17/RIC/10/OAX/2016 a fin de investigar la agresión que sufrieron los defensores de migrantes Alberto Donis Rodríguez y Leyssa Palomino, junto con las personas a las que transportaban, en la comunidad de Chahuites. q1El documento difundido por el fundador del albergue relata que, la noche de ayer, los defensores de migrantes Donis Rodríguez y Palomino Arjona habían terminado su visita al Centro de Ayuda Humanitaria de Chahuites y pretendían emprender el camino a Ixtepec en una camioneta, en la cual trasladaban a unos migrantes que fueron víctimas de delito, además de víveres. Sin embargo, continúa el comunicado, los defensores y sus pasajeros fueron interceptados por otra camioneta tripulada por un hombre y una mujer, antes de que el defensor Donis Rodríguez pudiese abordar su vehículo. Con el argumento de que la camioneta de los defensores no les permitía pasar, pues en la calle donde ocurrió el ataque se realizan unas obras que dificultaban la circulación, los ocupantes de la otra camioneta primero hostigaron a bocinazos a los visitantes, para enseguida situarse junto al vehículo estacionado, añadió el comunicado. El informe difundido indica que, en ese momento, el hombre que iba en la camioneta (y que ahora se sabe es Gustavo Allar Herrera) sacó un arma de fuego con la cual disparó a la camioneta de los defensores, ocasionando que los migrantes que iban a bordo y otros que estaban en la calle corrieran a refugiarse en diferentes puntos. El reporte añade que el conductor de la camioneta huyó a toda velocidad del sitio. La defensoría manifestó su preocupación por la situación de violencia que afrontan diversas personas defensoras de derechos humanos en la entidad, y pide al Estado garantizar la integridad física y psicológica, así como la labor de estas personas.