Oaxaca.- Las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) condenamos enérgicamente la agresión realizada este día al Consejero Electoral, Uriel Pérez García por supuestos habitantes del municipio de San Sebastián Tutla en las oficinas del órgano electoral.

Es totalmente reprobable que se utilice la violencia como recurso en lugar de las vías del diálogo para la resolución de inconformidades. El órgano electoral cuenta con los elementos suficientes de prueba y presentará la denuncia penal correspondiente en contra de las personas responsables de este deleznable acto.

Hacemos una solicitud a las instancias de procuración de justicia para que actúen de conformidad y se realice la investigación correspondiente, así como se aplique la ley a quienes resulten responsables.

La impunidad de estos actos pone en riesgo la función electoral, cuyo objetivo es el bienestar de la sociedad oaxaqueña y el fortalecimiento de la democracia.

El órgano electoral ha sido garante de la libre autodeterminación de las comunidades, vigilando el respeto a las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado.

De ninguna manera la violencia es la solución a los conflictos o a las diferencias, es a través del diálogo como se llevan a cabo procesos pacíficos en beneficio de la comunidad.

Exhortamos a todas los municipios que realizan elecciones para renovar a sus autoridades a buscar soluciones pacíficas a cualquier inconformidad, ya sea en el interior de la comunidad o bien en los trabajos de mediación realizados por el órgano electoral.

Durante los procesos electorales es mandato constitucional la inclusión de las mujeres para votar y ser votadas así como el respeto a la universalidad del sufragio, es decir, que puedan participar todas y todos los habitantes de las comunidades.

Hacemos un enfático llamado a los municipios a conducirse con respeto a la Ley y a las instituciones, utilizando el diálogo así como los recursos legales correspondientes para la resolución de inconformidades.