Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizará el primer “Encuentro Regional sobre Experiencias en Derechos Humanos y Seguridad Pública”, dirigido a representantes de 21 municipios, el 15 y 16 de marzo próximos en la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.   El objetivo es favorecer la adopción de políticas públicas municipales que contribuyan al respeto y observancia de los derechos humanos por parte de quienes tienen la función de garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos humanos.   La coordinadora general de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos, Irma Lucía González Espinoza, explicó que las autoridades de la entidad no han generado espacios para la reflexión, el conocimiento, análisis e intercambio de experiencias que permitan conciliar el modelo institucional de la administración estatal con el modelo comunitario de seguridad pública.   Ante esto, González Espinoza llamó a las autoridades municipales y a la sociedad en general a participar en el primer “Encuentro Regional sobre Experiencias en Derechos humanos y Seguridad Pública”, por ser un espacio generado por la Defensoría en el que podrán reflexionar sobre la responsabilidad que implica garantizar la seguridad pública.   Explicó que se presentarán planteamientos basados en contextos municipales específicos, y al estimular la reflexión sobre este tema podrán realizar un intercambio de experiencias que coadyuvarán en la construcción de propuestas de nuevos modelos de seguridad en los que se garanticen los derechos humanos.   Detalló que en este primer encuentro la Defensoría del Pueblo de Oaxaca ha planeado diversas actividades, como una conferencia sobre “Los retos actuales de la seguridad pública con enfoque de derechos humanos”, además de dos paneles de experiencias sobre modelos de seguridad pública municipal en los que se consideraran tanto los contextos urbanos como los comunitarios, así como mesas de trabajo donde se discutirá la relación entre la seguridad pública y los derechos humanos.   La representante de la Defensoría resaltó el trabajo que se desarrollará con representantes de 21 ayuntamientos en la villa de Tutepec de Melchor Ocampo, pues los gobiernos municipales representan un espacio privilegiado para concretar acciones específicas, y este primer encuentro es una acción estratégica del organismo defensor que permitirá generar cambios que surjan del análisis y la reflexión.   González Espinoza resaltó que tanto la seguridad pública como los derechos humanos surgieron de la necesidad social de garantizar la vida, la integridad, la propiedad, la paz y la no violencia; sin embargo, se ha llegado a considerar que estos enfoques se oponen entre sí, por lo que es esencial generar procesos de reflexión y diálogo para entender la relación intrínseca y la complementariedad de ambos para poder consolidar estados democráticos.   Agregó que la seguridad es una de las principales funciones y responsabilidades del Estado, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad, los derechos humanos mediante la preservación de libertades, el orden y la paz pública; pese a esto, cuando las autoridades ejercen esta responsabilidad son continuamente acusadas de cometer violaciones a derechos humanos.   Por esa situación, la servidora pública señaló que el principal reto del Estado y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública es lograr que sus actuaciones no violenten los derechos humanos de ninguna persona, además de cambiar el paradigma respecto a lo que implica garantizar la seguridad pública.   Tal cambio de paradigma, explicó, implica que las garantías a dicha seguridad no se limiten a la lucha contra la delincuencia, sino que también haya el enfoque a la generación de ambientes propicios y adecuados para la convivencia pacífica de las personas de modo que puedan desarrollar con tranquilidad su vida cotidiana.   La titular de la Coordinación General de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos lamentó que las acciones de las autoridades respecto a la seguridad sean únicamente reactivas y no preventivas, pues los modelos utilizados favorecen el uso de la fuerza aunque sea en forma ilegal y arbitraria, a pesar de que los índices de inseguridad, crimen y violencia han mostrado que estos modelos no están siendo efectivos.   Finalmente, González Espinoza urgió a las autoridades estatales y municipales a establecer un compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos, con un llamado especial a las autoridades municipales, pues el trabajo cercano con ellos propicia que se desarrollen programas integrales y adecuados a los contextos específicos de la población, lo que permite garantizar y proteger los derechos humanos.