Lilia TORRENTERA G.

A cinco días de que maestras de la Sección 22 agredieran física y verbalmente a la  fotoperiodista Cutlali Granados Cid, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,  solo  se limitó a emitir "una alerta temprana" al gobernador Gabino Cué Monteagudo para garantizar  la vida y seguridad de quienes ejercen el periodismo y sin  condernar el hecho del ataque a una periodista con siete  meses de embarazo,  este organismo solicitó  que el gobierno "busque conciliación, mediación y sinergia"  con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para que se respete el derecho a la libre expresión.

En un comunicado totalmente omiso a las violaciones de los derechos humanos cometidos por maestras y maestros de la Sección 22, que  amenazaron de muerte y  empujaron a Granados Cid  aun con su evidente  embarazo el pasado sábado de septiembre ,  el titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo solo  detalla  una serie de datos de las agresiones a periodistas en los que va del sexenio de Gabino Cué.

Calvo Peimbert, quien  fue uno de los invitados especiales de la Sección 22 a su pasada Guelaguetza Popular, nunca mencionó a este sindicato en todo el comunicado y pretendió  desviar la atención hacia  el listado de agresiones a periodistas por parte de instancias  policiales y otras organizaciones gremiales como la Confederación de  Trabajadores de México-

A unas horas de la agresión a la periodista oaxaqueña,  fue la Comisión Nacional de  Derechos Humanos (CNDH) quien emitió su condena a este hecho y exigió a las autoridades de procuración de justicia del estado, iniciar  indagatoria penal contra las agresoras plenamente identificadas  además de determinar por qué policías no apoyaron a la periodista, cuando requirió ayuda. “Personal de la CNDH entabló comunicación con la fotorreportera para ofrecerle la atención y asesoría necesaria, quien señaló que tuvo que resguardarse en un local comercial ante el acoso de diversos profesores”, relató el organismo de derechos humanos. “A pesar de que ella y sus compañeros llamaron a la policía para recibir apoyo, no fueron atendidos, por lo que tuvo que borrar las imágenes para que le permitieran salir, cuestión que le generó problemas de salud que la obligaron a guardar reposo”, agregó. Casos como este, apuntó la CNDH, vulneran la libertad de expresión de las y los comunicadores así como de la sociedad en general. Además esta situación “se vuelve especialmente condenable cuando los hechos se cometen en contra de una mujer periodista en estado de embarazo”, expuso la CNDH En el comunicado tardío de la DDHPO nunca se  pidió al Gobierno de Oaxaca investigar penalmennte la agresión a Granados Cid. Cabe recordar que el ombudman oaxaqueño tasmbién fue evidenciado por la Comisión Especial para dar Seguimiento al caso Nochixtlán por su parcialidad para atender solo denuncias de maestros e ignorar las agresiones a tres policías que fueron secuestrados y golpeados durante los hechos del 19 de junio  en el operativo para debloquear la carretera. Cabe mecionar que ante la inacción de autoridades gubernamentales y de la propia DDHPO el pasado lunes, unas 70 mujeres periodistas de todo el estado de Oaxaca, iniciaron una campaña de defensa de sus derechos humanos, de libertad de prensa y derecho a informar con  veto informativo a la Sección 22. Con  el hhashtag #VETO_S22  se busca visibilizar  el clima de hostigamiento que el magisterio ejerce contra las y los periodistas de Oaxaca y la indefensión cotidiana por jercer  su labor. Este viernes 23 se tiene prevista una protesta en la sede de la DDHPO ante  su omisión para atender por oficio las graves violaciones a derechos humanos que  comete la Sección 22 contra periodistas.   Este es el comunicado oficial de la Defensoría que evidencia la obsoluta parcialidad del Ombudman para proteger los derechos humanos del pueblo de Oaxaca:

"La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió hoy una alerta temprana en la que pide al gobernador tomar acciones para garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el estado, por el alto número de agravios en su contra registrado en los últimos meses en el estado, y dada la relevancia colectiva del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

De enero del presente año a la fecha, explica el documento, el organismo tuvo conocimiento de 123 agravios contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores –entre ellos seis homicidios–, de los cuales 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres; en los otros siete casos los agravios no fueron dirigidos a personas específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios.

La alerta temprana, firmada por el titular de la Defensoría, Arturo Peimbert, y dirigida al gobernador Gabino Cué, hace notar que 96 agravios fueron durante la cobertura informativa; es decir, mientras las y los periodistas recababan información.

“Para este organismo es especialmente preocupante el homicidio de seis comunicadores durante el presente año”, advierte, y señala que la cifra se corresponde de manera exacta con los seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante todo 2014 y los seis de 2015, en ambos casos en cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento precisa que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas, y de éstas, tres fueron amenazas de muerte.

“Le sigue en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios. De acuerdo con la información obtenida, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento de despojar a las y los periodistas de su equipo de trabajo. Se supo igualmente de 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal o privación ilegal de la libertad. Registramos igualmente 12 agresiones físicas, con o sin lesiones”, detalla la institución.

La Defensoría añade que en 60 por ciento de los casos (74 agravios) fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores: agentes de seguridad (35%) y organismos gremiales (25%). Conforme las cifras del organismo, en 43 de los agravios los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas –sea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (27), de alguna policía municipal (26) o de la Policía Federal (15).

La Defensoría considera especialmente graves los señalamientos hacia policías municipales, por los que el organismo investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial.

En orden de frecuencia, agrega el documento, siguen los agravios por parte de integrantes de centrales sindicales, que ascendieron a 31 en lo que va del año; de ellos, en 25 fueron señalados diversos participantes adscritos a la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y en otros seis, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El documento solicita al gobernador que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública para ordenar a todos los agentes de sus corporaciones policiacas que se abstengan de causar agravios a periodistas con motivo de su cobertura informativa, brindando también a los agentes el entrenamiento y capacitación necesarios para adoptar lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión.

Igualmente, el organismo defensor pide instruir a la Secretaría General de Gobierno para que realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia con los organismos gremiales Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y Confederación de los Trabajadores de México, proveyendo lo necesario para garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión en el estado de Oaxaca.

También pide la Defensoría instruir a la Segego para que establezca los acuerdos, la vinculación y concertación necesaria con los ayuntamientos del estado, con el fin de que estén en posibilidades de ordenar de manera directa a sus policías municipales que se abstengan de causar cualquier agravio a periodistas, brindando también el entrenamiento y la capacitación necesarios.

La institución autónoma explica que el derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra colectiva, de manera que al limitarse la libertad de una persona para hablar, escribir y difundir información u opiniones, no sólo se transgrede su derecho individual, sino que se vulnera el derecho colectivo de quienes, en ese mismo acto, quedaron imposibilitados para recibir esas informaciones u opiniones.

Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría señala que la libertad de expresión tiene una relación estructural con la democracia, pues es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos.".

Expone que la formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si la libertad de expresión no fuese garantizada, además de que ésta es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.

Finalmente, la Defensoría cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.