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Lunes 09 de mayo, 2016. 12:54 pm

Dilatan protocolo para castigar acoso en la Administración Pública Federal

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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias

Oaxaca.-El hostigamiento sexual contra trabajadoras de CFE –aún impune– desató la necesidad de un mecanismo de protección, pero avanza a paso lento. Aunque la falta de regulación eficaz para atender el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo deriva en daños graves contra las víctimas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dilatan la elaboración de un protocolo de prevención, atención, sanción y seguimiento de este delito, que sería aplicable en toda la administración pública federal (APF). En 2015, dos trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche sufrieron acoso sexual por parte de un superior, y revelaron que la empresa productiva del Estado –primera certificada con el Modelo de Equidad del Inmujeres– carece de mecanismos para investigar las denuncias por este delito.

http://ciudadania-express.com/wp-content/uploads/2011/02/acososexuallthumb.jpgEl hostigamiento y acoso sexual están contemplados desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2012, el Comité de la CEDAW recomendó a México garantizar la implementación de un protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en la APF, y adoptar medidas semejantes en el sector privado. Las trabajadoras de CFE, que –según su denuncia– fueron vejadas sexualmente por parte de un superior, reportaron la situación ante el Órgano Interno de Control (OIC) sin obtener respuesta. Cuando llamaron por teléfono a esta área se percataron de que el número no existía. Luego de la denuncia en medios, personal de CFE inició interrogatorios a las mujeres, quienes fueron víctimas del hostigamiento y la burla del superior denunciado y de sus propios compañeros. Durante las indagatorias, las mujeres fueron interrogadas en un ambiente hostil, se dudó de su palabra y no se permitió la entrada a grupos civiles que querían acompañarlas en el proceso. Como no se llegó a ninguna resolución, el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche (OVSG) –que ha respaldado a las víctimas– solicitó el apoyo del Inmujeres, lo que derivó en que en septiembre de 2015 la SFP iniciara una nueva investigación del caso, la cual sigue en curso. INDEFENSIÓN E IMPUNIDAD Para Marta Ferreyra, secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el acoso y el hostigamiento sexual en los centros laborales es una forma con la que los hombres penalizan el hecho de que las mujeres salgan del hogar. Sin embargo, cuando no existen o fallan los mecanismos o las instancias de regulación para castigar este delito, se genera un proceso de indefensión en la víctima que le impide confiar en las instituciones que deberían prestarle ayuda, lo que a su vez genera impunidad, abundó. Y cuando se denuncia, la falta de resultados también puede causar daños como la muerte, el acoso persistente, la pérdida del trabajo, depresión y más violencia, explicó Ferreyra. “Hay una tendencia a promover la denuncia de las mujeres cuando en realidad no hay las garantías para evitar su vulnerabilidad. Hay una exposición tan violenta que son doblemente victimizadas por el atacante y por el procedimiento”, precisó. En marzo pasado, las trabajadoras de CFE informaron que la empresa del Estado envió al presunto agresor a otra área, pero sin informarles en qué concluyó la investigación. Magaly Reyes, presidenta del Consejo Social del Inmujeres, declaró que esto no significa que el caso esté cerrado, y recordó que Lorena Cruz, titular del Inmujeres, se comprometió en 2015 a realizar acciones para garantizar justicia a las mujeres de Campeche. Por eso desde el año pasado –informó Reyes– el instituto trabaja en la elaboración de un protocolo de atención e investigación de casos de hostigamiento y acoso sexual en la APF. De acuerdo con la consejera social del Inmujeres, se planeó que el documento final fuera presentado el 12 de diciembre de 2015, como parte de la gestión del Sistema Nacional de Igualdad, pero que antes sería revisado por el Consejo Social para agregar observaciones. No obstante, el protocolo no sólo no se presentó el día acordado, sino que ni siquiera se mostró al Consejo Social del instituto bajo el argumento de que está en revisión de la SFP. María de la Paz López, directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, señaló que fue en la reunión del Sistema Nacional de Igualdad de diciembre de 2015 que se acordó realizar el protocolo y no antes, y que desde entonces ha habido reuniones con instancias de la APF, pero que la elaboración y presentación del documento quedó a cargo de la SFP. De acuerdo con López, la SFP empezó a redactar el protocolo a partir de un convenio de colaboración firmado con el Inmujeres apenas el pasado 9 de marzo, acordando que quedaría listo antes de que concluya el primer semestre de este año. Precisó que el Inmujeres sólo “instruye y promueve” la elaboración del protocolo, tal como señala el programa Proigualdad, pero que su presentación y aplicación recaerá principalmente en la SFP. No obstante, la estrategia 6.7.4 del Proigualdad obliga “a establecer medidas para erradicar la discriminación y violencia en la APF, entidades federativas y municipios”. Asimismo, el Inmujeres es el encargado de coordinar la estrategia, no de sólo “instruir y promover”, como sostuvo la funcionaria. Contrario a lo que señalaron el Consejo Social del Inmujeres y el OVSG sobre que el protocolo es consecuencia del caso de la CFE, María de la Paz López acotó que el documento surge como parte de las obligaciones que marca el Proigualdad para el instituto. Por separado, Comunicación Social de la SFP respondió por escrito que “el Inmujeres es el que está realizando este protocolo, en coordinación con la SFP”, y en una segunda respuesta enviada días después señaló que el documento se está trabajando “coordinadamente desde mediados de 2015; en este momento estamos trabajando en la redacción de dicho Protocolo y se prevé contar con este instrumento a mediados de 2016”. La SFP detalló que hasta ahora las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública establecen como mecanismo para atender casos de hostigamiento y acoso (no necesariamente sexual), avisar al OIC y que la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigación de la Contraloría Interna, realice las indagaciones y, en un plazo de hasta tres años, imponga sanciones.