Jueves 02 de junio, 2016. 07:04 pm
Fallas del sistema judicial hacen inoperante “Estrategia 30-100”
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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias
Oaxaca.-Al vapor, sin una visión integral de atención –de por sí burocrática y lenta– y dejando la carga de la prueba a las víctimas, la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos” –lanzada hace poco más de un mes con bombo y platillo por el gobierno de esta capital– demuestra su ineficacia para prevenir, fomentar la denuncia y castigar este delito.
Tan sólo denunciar el acoso sexual –delito estipulado en el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal y contra el que se enfoca la “Estrategia 30-100”– significa para las mujeres víctimas que las propias autoridades desestimen sus denuncias, pierdan todo un día de trabajo o escuela, afronten tediosos peritajes e interrogatorios en las agencias del Ministerio Público (MP), y –para colmo– que tengan que presentar las pruebas (videos, fotos y/o testigos) del acoso.
Lo anterior, con todo y la mediática “Estrategia 30-100”, le ocurre todos los días a las capitalinas víctimas de ese delito o de cualquier otra forma de violencia sexual, según verificó Cimacnoticias.
El Código Penal del DF castiga por acoso “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional o que lesione su dignidad”.
También el artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF estipula el acoso sexual, y lo tipifica como una forma de violencia porque “amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer”.
Pero –en una muestra de que la ambigüedad legal e institucional tampoco ayuda a las víctimas– las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) clasifican al acoso sexual como un delito de “bajo impacto social”.
Las penas para los acosadores –de acuerdo con el Código Penal capitalino– son de uno a tres años de prisión (las cuales aumentan en una tercera parte si el agresor tiene una relación jerárquica con la víctima), o sólo una multa a consideración del juez.
Incluso, al denunciar, las mujeres se topan con que la mayoría de los actos de acoso sexual (miradas lascivas, silbidos, comentarios agresivos, propuestas sexuales, fotos o videos sin consentimiento, o persecución) pasan como meras “faltas administrativas” para los propios jueces, dijo un asesor jurídico a esta reportera al solicitar orientación a “Línea Mujer”, servicio que forma parte de “Vive Segura”, acción integrada a su vez a la “Estrategia 30-100”.
Y es que según el artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica del DF, el acoso sexual es una infracción contra la dignidad de las personas por tratarse de una vejación o maltrato físico o verbal, y que se castiga con 71 a 710 pesos de multa y de seis a 12 horas de arresto, precisó el abogado de “Línea Mujer”.
DENUNCIAR “NO ES NECESARIO”: PGJDF
La “Estrategia 30-100” tampoco plantea una mejora real de la procuración de justicia para quienes viven acoso sexual. Al contrario, la autoridad judicial las responsabiliza de los hechos.
Así, para la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF, María de los Ángeles López Peña, las mujeres no se acercan a las autoridades para denunciar porque piensan que “no es necesario”, señaló en entrevista.
Lo dicho por la funcionaria contrasta con lo manifestado por cientos de miles de mexicanas que el pasado 24 de abril –en la protesta denominada “Primavera Violeta”– tomaron las calles de prácticamente todo el país, para denunciar el acoso y la violencia sexual que a diario viven en los espacios públicos.
Fue al día siguiente de esa megamarcha que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció la “Estrategia 30-100”.
Sin embargo, las cifras de la PGJDF indican que en enero, febrero, marzo y abril de este año se inició sólo una averiguación previa por el delito de acoso sexual.
En sentido contrario, López Peña presumió que a raíz del lanzamiento de la estrategia las denuncias por violencia sexual –no sólo por acoso– van en aumento, al registrar en un mes (del 25 de abril al 25 de mayo) 225 nuevas denuncias, 69 de ellas por hechos ocurridos en el transporte público. De estas últimas, en 32 se inició una investigación, en 35 hubo conciliación, y dos quedaron como quejas.
La subprocuradora dijo que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF se está fortaleciendo –como pretende la “Estrategia 30-100” en palabras de Mancera– con capacitaciones para atender las denuncias, pero reconoció que no se le asignó mayor presupuesto ni más personal.
En cuanto a la capacitación –y cuestionada sobre la diferencia entre acoso y abuso sexual–, María de los Ángeles López Peña respondió que en el primer delito se requiere que haya una relación jerárquica entre el agresor y la víctima, cuando no necesariamente es así, de acuerdo con el Código Penal local.
A LAS VÍCTIMAS, LA CARGA DE LA PRUEBA
Al anunciar su estrategia, Miguel Ángel Mancera no dijo que para iniciar una denuncia penal por acoso sexual se necesita que la víctima acredite el delito por medio de videos o fotografías, como se informó a esta agencia a través de la “Línea Mujer”.
El orientador jurídico de ese servicio telefónico indicó que el acoso sexual ocurre generalmente de manera inesperada, lo que impide a las víctimas tener pruebas de la agresión. Así, sin más, su denuncia se vuelve una simple acta ante un juez cívico, quien –en el mejor de los casos– envía un citatorio al acosador (si es identificado), y luego “conmina” al agresor y a la víctima al “respeto mutuo”, es decir a la conciliación.
Igualmente, si las mujeres no alcanzan o no pueden grabar el acoso sexual o a su agresor, o no informan sobre si en el lugar en el que sucedieron los hechos había una cámara de video, se ven orilladas a conciliar con sus agresores ante un juez, un proceso que ha sido criticado por expertas pues revictimiza a las mujeres, y propicia que la violencia se repita.
Para agravar la situación, policías capitalinos consultados en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del Metrobús y en vía pública (en calles de la colonia Centro) coincidieron en que el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres ocurren “todos los días”.
Un uniformado de la Secretaría de la Seguridad Pública del DF aseguró que las miradas lascivas o los comentarios sobre “lo guapa que estás” son “naturales”, y que no proceden como denuncia penal, ya que si se hiciera caso a todas las denuncias de las mujeres por la forma como las miran, los agentes del MP “no se darían abasto”.
Al cuestionar a los agentes –a quienes las víctimas deben recurrir en primera instancia ante casos de violencia sexual, según recomienda la página web de “Vive Segura”–, todos dijeron que su labor es acompañar a las mujeres, con pruebas o no, ante uno de los MP especializados en delitos sexuales en la ciudad.
Pero ya en el MP –reiteraron– se pedirá a las víctimas que acrediten el delito con videos o testigos, se les harán pruebas psicológicas, peritajes médicos, y se les interrogará una y otra vez sobre los hechos, en un proceso que puede durar más de 12 horas, por lo que la mayoría desiste de denunciar, observaron.
Los policías aceptaron que ninguno fue notificado de manera oficial sobre la entrega de silbatos a la sociedad para alertar sobre agresiones sexuales, medida anunciada recientemente por el Jefe de Gobierno como parte de la “Estrategia 30-100”, y que ha sido duramente criticada por especialistas al considerar que responsabiliza a las mujeres de la violencia.
Los uniformados dijeron no saber cómo actuar si escuchan el silbato, o si deben esperar a que las mujeres se acerquen a pedirles ayuda.
“DESCONOCIMIENTO”
Cimacnoticias acudió al módulo de la estación del Metro Balderas que forma parte del programa “Viajemos Seguras”, vigente en la capital desde 2007, para atender denuncias por violencia sexual en el STC. Los otros cuatro módulos están en las estaciones Mixcoac, Pino Suárez, Guerrero y Pantitlán.
En Balderas, una abogada explicó que todavía muchas capitalinas “desconocen” este servicio que brinda el Instituto de las Mujeres local, y que cuando tienen la necesidad de recurrir a él desisten de denunciar porque tan sólo el primer trámite dura hasta seis horas.
La litigante, quien entre sus funciones está acompañar a la víctima durante toda la acción legal (así dure de las 10 de la mañana a la madrugada del otro día), recalcó –al igual que el asesor telefónico y los policías preventivos– que las mujeres deben probar que fueron víctimas de la agresión sexual, o de lo contrario el MP no las tomará en cuenta.
Se agrega además que en su intención de prevenir y castigar el acoso sexual, las autoridades no tienen claridad en el delito que quieren evitar.
Por ejemplo, la propaganda del gobierno local –incluso la que se distribuye en el Metro– no está dirigida para denunciar específicamente el acoso sexual, sino el abuso sexual, otro delito tipificado en los artículos 176, 177 y 178 del Código Penal del DF.
Según la norma, el abuso se refiere a “quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo”. Se castiga con prisión de uno a seis años.
Así, los folletos en los que el gobierno capitalino informa sobre el abuso sexual, integra por igual lo referente al acoso, es decir, las palabras obscenas e insinuaciones sobre el cuerpo, las miradas lascivas permanentes e incómodas, la persecución, y fotografías y videos tomados sin consentimiento.
También el artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF estipula el acoso sexual, y lo tipifica como una forma de violencia porque “amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer”.
Pero –en una muestra de que la ambigüedad legal e institucional tampoco ayuda a las víctimas– las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) clasifican al acoso sexual como un delito de “bajo impacto social”.
Las penas para los acosadores –de acuerdo con el Código Penal capitalino– son de uno a tres años de prisión (las cuales aumentan en una tercera parte si el agresor tiene una relación jerárquica con la víctima), o sólo una multa a consideración del juez.
Incluso, al denunciar, las mujeres se topan con que la mayoría de los actos de acoso sexual (miradas lascivas, silbidos, comentarios agresivos, propuestas sexuales, fotos o videos sin consentimiento, o persecución) pasan como meras “faltas administrativas” para los propios jueces, dijo un asesor jurídico a esta reportera al solicitar orientación a “Línea Mujer”, servicio que forma parte de “Vive Segura”, acción integrada a su vez a la “Estrategia 30-100”.
Y es que según el artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica del DF, el acoso sexual es una infracción contra la dignidad de las personas por tratarse de una vejación o maltrato físico o verbal, y que se castiga con 71 a 710 pesos de multa y de seis a 12 horas de arresto, precisó el abogado de “Línea Mujer”.
DENUNCIAR “NO ES NECESARIO”: PGJDF
La “Estrategia 30-100” tampoco plantea una mejora real de la procuración de justicia para quienes viven acoso sexual. Al contrario, la autoridad judicial las responsabiliza de los hechos.
Así, para la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF, María de los Ángeles López Peña, las mujeres no se acercan a las autoridades para denunciar porque piensan que “no es necesario”, señaló en entrevista.
Lo dicho por la funcionaria contrasta con lo manifestado por cientos de miles de mexicanas que el pasado 24 de abril –en la protesta denominada “Primavera Violeta”– tomaron las calles de prácticamente todo el país, para denunciar el acoso y la violencia sexual que a diario viven en los espacios públicos.
Fue al día siguiente de esa megamarcha que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció la “Estrategia 30-100”.
Sin embargo, las cifras de la PGJDF indican que en enero, febrero, marzo y abril de este año se inició sólo una averiguación previa por el delito de acoso sexual.
En sentido contrario, López Peña presumió que a raíz del lanzamiento de la estrategia las denuncias por violencia sexual –no sólo por acoso– van en aumento, al registrar en un mes (del 25 de abril al 25 de mayo) 225 nuevas denuncias, 69 de ellas por hechos ocurridos en el transporte público. De estas últimas, en 32 se inició una investigación, en 35 hubo conciliación, y dos quedaron como quejas.
La subprocuradora dijo que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF se está fortaleciendo –como pretende la “Estrategia 30-100” en palabras de Mancera– con capacitaciones para atender las denuncias, pero reconoció que no se le asignó mayor presupuesto ni más personal.
En cuanto a la capacitación –y cuestionada sobre la diferencia entre acoso y abuso sexual–, María de los Ángeles López Peña respondió que en el primer delito se requiere que haya una relación jerárquica entre el agresor y la víctima, cuando no necesariamente es así, de acuerdo con el Código Penal local.
A LAS VÍCTIMAS, LA CARGA DE LA PRUEBA
Al anunciar su estrategia, Miguel Ángel Mancera no dijo que para iniciar una denuncia penal por acoso sexual se necesita que la víctima acredite el delito por medio de videos o fotografías, como se informó a esta agencia a través de la “Línea Mujer”.
El orientador jurídico de ese servicio telefónico indicó que el acoso sexual ocurre generalmente de manera inesperada, lo que impide a las víctimas tener pruebas de la agresión. Así, sin más, su denuncia se vuelve una simple acta ante un juez cívico, quien –en el mejor de los casos– envía un citatorio al acosador (si es identificado), y luego “conmina” al agresor y a la víctima al “respeto mutuo”, es decir a la conciliación.
Igualmente, si las mujeres no alcanzan o no pueden grabar el acoso sexual o a su agresor, o no informan sobre si en el lugar en el que sucedieron los hechos había una cámara de video, se ven orilladas a conciliar con sus agresores ante un juez, un proceso que ha sido criticado por expertas pues revictimiza a las mujeres, y propicia que la violencia se repita.
Para agravar la situación, policías capitalinos consultados en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del Metrobús y en vía pública (en calles de la colonia Centro) coincidieron en que el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres ocurren “todos los días”.
Un uniformado de la Secretaría de la Seguridad Pública del DF aseguró que las miradas lascivas o los comentarios sobre “lo guapa que estás” son “naturales”, y que no proceden como denuncia penal, ya que si se hiciera caso a todas las denuncias de las mujeres por la forma como las miran, los agentes del MP “no se darían abasto”.
Al cuestionar a los agentes –a quienes las víctimas deben recurrir en primera instancia ante casos de violencia sexual, según recomienda la página web de “Vive Segura”–, todos dijeron que su labor es acompañar a las mujeres, con pruebas o no, ante uno de los MP especializados en delitos sexuales en la ciudad.
Pero ya en el MP –reiteraron– se pedirá a las víctimas que acrediten el delito con videos o testigos, se les harán pruebas psicológicas, peritajes médicos, y se les interrogará una y otra vez sobre los hechos, en un proceso que puede durar más de 12 horas, por lo que la mayoría desiste de denunciar, observaron.
Los policías aceptaron que ninguno fue notificado de manera oficial sobre la entrega de silbatos a la sociedad para alertar sobre agresiones sexuales, medida anunciada recientemente por el Jefe de Gobierno como parte de la “Estrategia 30-100”, y que ha sido duramente criticada por especialistas al considerar que responsabiliza a las mujeres de la violencia.
Los uniformados dijeron no saber cómo actuar si escuchan el silbato, o si deben esperar a que las mujeres se acerquen a pedirles ayuda.
“DESCONOCIMIENTO”
Cimacnoticias acudió al módulo de la estación del Metro Balderas que forma parte del programa “Viajemos Seguras”, vigente en la capital desde 2007, para atender denuncias por violencia sexual en el STC. Los otros cuatro módulos están en las estaciones Mixcoac, Pino Suárez, Guerrero y Pantitlán.
En Balderas, una abogada explicó que todavía muchas capitalinas “desconocen” este servicio que brinda el Instituto de las Mujeres local, y que cuando tienen la necesidad de recurrir a él desisten de denunciar porque tan sólo el primer trámite dura hasta seis horas.
La litigante, quien entre sus funciones está acompañar a la víctima durante toda la acción legal (así dure de las 10 de la mañana a la madrugada del otro día), recalcó –al igual que el asesor telefónico y los policías preventivos– que las mujeres deben probar que fueron víctimas de la agresión sexual, o de lo contrario el MP no las tomará en cuenta.
Se agrega además que en su intención de prevenir y castigar el acoso sexual, las autoridades no tienen claridad en el delito que quieren evitar.
Por ejemplo, la propaganda del gobierno local –incluso la que se distribuye en el Metro– no está dirigida para denunciar específicamente el acoso sexual, sino el abuso sexual, otro delito tipificado en los artículos 176, 177 y 178 del Código Penal del DF.
Según la norma, el abuso se refiere a “quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo”. Se castiga con prisión de uno a seis años.
Así, los folletos en los que el gobierno capitalino informa sobre el abuso sexual, integra por igual lo referente al acoso, es decir, las palabras obscenas e insinuaciones sobre el cuerpo, las miradas lascivas permanentes e incómodas, la persecución, y fotografías y videos tomados sin consentimiento.
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