Por: Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias

Oaxaca.-En medio de la incertidumbre de mujeres asesinadas y personas desaparecidas en México, la intervención en investigaciones de forenses extranjeros ha sido fundamental para brindar un poco de certeza a sus familiares. Sin embargo, con las recientes modificaciones a la Ley General de Víctimas (LGV), aprobada el 14 de diciembre por la Cámara de Diputados, se frena el derecho de las víctimas a pedir la asistencia técnica en investigaciones a peritos y especialistas extranjeros al país. En la actual reforma de los artículos 12, 15 y 21 de dicha ley, se establece que en investigaciones de desapariciones forzadas o cualquier otro crimen contra la sociedad sólo se podrá pedir la intervención de expertos independientes o peritos extranjeros cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.   FORENSES EXTRANJEROS EN MÉXICO La omisión y negligencia por parte del Estado mexicano ante la desaparición de personas por fuerzas armadas y grupos delictivos, desplazamientos forzados y casos de feminicidio en el país, ha causado que la intervención de organismos internacionales y especialistas extranjeros sea esencial para atender estos casos que en su mayoría se mantienen impunes. En 2004 llegó a Ciudad Juárez, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue el primer grupo de especialistas extranjeros en el país que brindó asistencia técnica a las autoridades de Chihuahua en la identificación de restos de mujeres desaparecidas y asesinadas. El trabajo del EAAF fue clave para la identificación de mujeres jóvenes desaparecidas desde años atrás en Ciudad Juárez. Las antropólogas forenses trabajaron en el país hasta septiembre de 2010, su labor fue ardua pues la dispersión de restos en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes de los cementerios de la entidad, y la falta de documentación prolongaron la investigación. Al final de su estancia presentaron un informe detallado. Las especialistas notificaron rescatar 83 restos de mujeres entre 1995 y 2005; 33 de los restos fueron plenamente identificados y entregados a los familiares (26 tenían reporte de desaparecidas en Ciudad Juárez y 7 en la ciudad de Chihuahua). La presencia de las forenses argentinas fue la muestra de que se requería la intervención de especialistas extranjeros con trabajo en identificación de restos, ante la negligencia e incapacidad del gobierno mexicano para investigar  los crímenes contra mujeres en Juárez pero más aún, para identificarlos. CASO MORLETT En noviembre de 2011, el grupo de Antropólogas Forenses Argentinas ayudó para la identificación de Adriana Morlett Espinosa, desaparecida el 6 de septiembre de 2010 en la Ciudad de México. Al equipo de antropología le bastaron 2 meses para confirmar la identidad de Adriana. En este caso, como en los anteriores, fue la familia de Adriana Morlett la que pidió la intervención de las argentinas forenses, quienes realizaron la identificación del cráneo que se encontró en la delegación Tlalpan, en un laboratorio de Estados Unidos. CASO AYOTZINAPA En 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, puso en evidencia los atroces actos cometidos por policías y militares del país, y la impunidad con la que gobierna el Estado mexicano. La madres y padres de los estudiantes desaparecidos pidieron una vez más la intervención de los especialistas del EAAF, pues la hipótesis de que en el basurero de Cocula se habían incinerado los restos de los 43 estudiantes, como lo aseguró en su momento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, no era suficiente. El grupo de forenses extranjeros fue conformado por 26 especialistas provenientes de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá. Después de un año y tres meses de trabajo presentaron el dictamen sobre su análisis del basurero de Cocula que acabó con la “verdad histórica” del Estado mexicano: no existía prueba alguna de que los estudiantes fueron incinerados en aquel lugar. Para las madres de mujeres, estudiantes y personas desaparecidas y asesinadas, la labor de especialistas extranjeros para hallar a sus hijos e hijas forma parte de su proceso de duelo, les permite pedir justicia, tener certeza de dónde están sus familiares, han señalado diversas organizaciones con trabajo en el tema. Las madres y familiares han encontrado en las instituciones internacionales el apoyo que las autoridades mexicanas son incapaces de proveerles, lo que ha llevado a la mayoría de ellas a convertirse en investigadoras, abogadas, peritas y activistas. Por ello frenar la entrada de especialistas extranjeros al país significa acabar con la posibilidad de madres y padres de encontrar a sus familiares, coinciden abogados de Centros de Derechos Humanos. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres de Chihuahua, (Cedehm), Irma Villanueva, calificó las modificaciones de la Ley General de Víctimas como un atentado contra el derecho constitucional de las víctimas a participar activamente en las investigaciones. La abogada recordó la experiencia ocurrida en Ciudad Juárez: “se ha observado en la historia de nuestro país la carencia de preparación y especialización de antropólogos forenses y peritos para contribuir con las investigaciones de casos de violación a los Derechos Humanos”. La falta de confianza en el personal forense mexicano, y su especialización, es de los principales problemas que detectan las organizaciones civiles. El  director ejecutivo de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevera, en entrevista a Cimacnoticias añadió que “se van a ofrecer peritos que probablemente no reúnen las capacidades técnicas necesarias para la investigación y que sean independencia de las instituciones públicas”. Guevera señaló que esta modificación muestra la preocupación del gobierno mexicano ante las recomendaciones de instituciones internacionales, que han señalado la negligencia con la que actúan las instituciones de impartición de justicia al investigar violaciones graves de Derechos Humanos. “Quieren evitar que la comunidad internacional siga convenciéndose de que México no es capaz y no tiene la voluntad de llevar a juicio a aquellos que cometen violaciones a los Derechos Humanos”, concluyó