Agencias Oaxaca.-El pasado 31 de diciembre del 2015, fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, una de las reformas que afectan a todas las personas fiscas y morales que sean proveedores o prestadores de servicios del Gobierno del Estado de Oaxaca, al establecer una nueva contribución (pago de derechos) dentro de la Ley Estatal de Derechos. A propuesta del Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, las y los diputados de la LXII Legislatura, establecieron “retener” el 2.5 por ciento del importe total del pago de facturas por las contratación de servicios.   La Secretaría de Finanzas, justificó dicho pago en los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, obligándolos a pagar por la prestación de servicios una tasa del 2.5% sobre el importe total de la contratación. Es el artículo 82 de la Ley Estatal de Derechos la que establece que las personas físicas, morales o unidades económicas en su carácter de proveedores o prestadores de servicios al Gobierno del Estado, causarán y pagarán sobre el importe total de la contratación sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el dos punto cinco por ciento por los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. “Las Dependencias y Entidades retendrán el importe del derecho a que se refiere el presente artículo y depositarán de inmediato a la cuenta bancaria que para tal efecto aperture la Secretaría de Finanza, debiendo de dar aviso sobre el depósito efectuado”, plasma la ley. Agrega que los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, se destinarán hasta en un 50 por ciento de los montos que les correspondan a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el 50 por ciento será destinado y ejercido para la evaluación del desempeño a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables. Para ello, faculta a la Secretaría de Finanzas para que en el ámbito de su competencia emita las disposiciones administrativas y legales, para la implementación de ese gravamen. Sin embargo, fiscalistas, señalan que la contribución que se pretende cobrar por parte del estado tiene “sin dudas fines extrafiscales, es decir tratándose de un año electoral, seguramente es para el pago campañas políticas”. El incremento se quedará permanente hasta que se modifique la ley estatal de derechos para el Estado de Oaxaca, es decir, la tasa  del 2.5 sobre el importe total de los contratos, estará vigente del ejercicio 2016 en adelante. Además, se desconoce en qué consisten los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. No obstante, los prestadores de servicios tienen el derecho de ampararse contra esa reforma.