Oaxaca.-  El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan las y los periodistas, comunicadores y defensores civiles de derechos humanos, lo que evidencia la urgente necesidad de fortalecer en su favor las labores de prevención, protección y procuración de justicia. Al participar en la presentación del Informe Anual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, González Pérez subrayó la gravedad de la situación en que trabajan esos gremios y la necesidad de establecer políticas públicas para prevenir agresiones y proteger a comunicadores y medios, así como a defensoras y defensores civiles, además de mejorar los resultados en este campo en materia de procuración de justicia. Señaló que entre los agravios que se cometen en su contra destacan, por su gravedad, los homicidios, desapariciones, lesiones, amenazas e intimidación, así como la insuficiente actuación de las autoridades en la investigación y esclarecimiento de los actos delictivos, lo que se traduce en desaliento y temor entre los miembros de esos colectivos, como consecuencia de la inseguridad física y jurídica que les aquejan. Ante Roberto Campa Cifrián, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ricardo Nájera Herrera, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR; Pablo Romo Cedano, Presidente del Consejo Consultivo y Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo, González Pérez opinó que a cuatro años de su creación, que es un avance en sí mismo, dicha herramienta debe fortalecerse ante los señalamientos que se le han hecho, como burocratización de sus procedimientos y falta de interlocutores a nivel estatal, con conocimiento sobre aspectos de protección y prevención de agresiones. Asimismo, que un alto porcentaje de las personas a quienes está dirigido lo desconocen; insuficiencia de fondos para dar protección efectiva y la necesidad de brindar estabilidad a su personal, lo que abonaría en la profesionalización. “Una protección sin recursos —sentenció– es una pobre protección”. Dijo que, de acuerdo con los registros de la CNDH, 119 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 al día de hoy (entre ellos 12 periodistas mujeres); 20 periodistas han sido desaparecidos desde 2005 (2 mujeres) y se han registrado 50 atentados a medios de comunicación desde 2006. Comentó que las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones civiles contribuyen a que el respeto a los derechos humanos sea requisito fundamental del Estado democrático de derecho, e indicó que del año 2006 a la fecha se han registrado 29 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos (de entre ellos 13 corresponden a mujeres) y 4 han sido desaparecidos desde el año 2009 (de los cuales 3 eran mujeres). González Pérez señaló que las voces que buscan denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos con estigmatizaciones y descalificaciones de que defienden delincuentes, es una falacia, pues con ello solo se desvía la atención de lo esencial, que los servidores públicos actúen apegados a la ley y al respeto de los derechos humanos. El Presidente de la CNDH explicó que en el proceso de construcción de una sociedad democrática, el periodismo ejerce control social sobre el quehacer de distintos actores, como los servidores públicos, los partidos políticos y las organizaciones privadas, los integrantes de movimientos sociales, los sindicatos y las asociaciones religiosas, que son objeto de amplio escrutinio mediático, ante el cual no siempre son tolerantes y respetuosos de las libertades de pensamiento, ideología y expresión ejercidas por los comunicadores, sometiéndolos a intimidaciones, amenazas y agresiones. Tras señalar que el Mecanismo debe ser una herramienta temporal que responda a una situación extraordinaria y ante el cual puedan acudir las y los periodistas y defensores cuando estén en riesgo, dijo que el trabajo de las instituciones debe centrarse en el respeto a la labor de los integrantes de esos colectivos. Concluyó que un solo incidente contra estas personas compromete nuestra libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos nosotros.