Ciudad de México.- El proceso de envejecimiento de la población mexicana, así como el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, hace necesario que en el país se inicie la discusión respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, pues los viejos y enfermos tienen derechos que exigir y ejercer, dijo Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.   “Aunque la dirigencia política no esté preocupada por el tema, sí es una inquietud que avanza en la sociedad, de manera que pronto se convertirá en un reclamo social”, sostuvo el abogado constitucionalista. Muestra de esta preocupación se refleja en la encuesta nacional de la asociación “Por el derecho a morir con dignidad”,en la que 63 por ciento de los entrevistados consideró que ante enfermedades terminales y dolorosas es aceptable la eutanasia, refirió. La muerte asistida se consideró por mucho tiempo aplicable sólo a quienes tenían enfermedades terminales y dolorosas, pero en algunos países se ha ensanchando el concepto a quienes sufren padecimientos que, sin ser terminales, afectan sus posibilidades de autonomía, lo que genera una merma en su propia percepción de dignidad. “Desde mi punto de vista, es un derecho de quienes desean preservar su dignidad o no quieren prolongar su dolor”, agregó el exprocurador General de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, prosiguió Valadés, hay polémica al respecto debido a valores religiosos y concepciones éticas, pues algunos afirman que el dolor debe soportarse como un tributo divino, lo que es aceptable para quienes profesan cierta religión, pero no para quienes carecen de alguna deidad a quien ofrecer su sufrimiento. “Por ello, éste se ha convertido en un tema más del Estado laico”. Lo que se pretende, explicó el también miembro de El Colegio Nacional, es que los sistemas jurídicos permitan la eutanasia dentro de condiciones de seguridad plena, con protocolos médicos y jurídicos rigurosos, a favor de quienes deseen ser privados de una vida que ya consideran innecesaria. “Si el Estado es laico debe promover la ampliación de los derechos de las personas, que de ninguna manera afectan los de los creyentes; pero por el contrario, los derechos de los creyentes sí afectan a los de los no creyentes, y eso es incompatible con un Estado laico y con un Estado democrático”, sostuvo. En México la voluntad anticipada, que permite a cualquier persona indicar ante un notario su voluntad respecto a permanecer o no conectado a aparatos que garanticen una sobrevida artificial, es un primer paso. Falta el siguiente, que es permitir la eutanasia y el suicidio asistido. “¿Qué ocurre en tanto no se acepte y legisle?, que se producen casos eutanásicos de facto, sin que nos enteremos y con un riesgo para quienes generosamente asisten a las personas que lo solicitan”. La eutanasia, concluyó, evitaría este tipo de decisiones que generan traumas múltiples a quienes padecen una enfermedad, y a sus cercanos, que deben hacer frente a una muerte violenta.